Mientras en Comodoro Py los investigados por espionaje buscan sentar en el banquillo a quienes los investigaron, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi decide si acepta la excusación de su colega María Eugenia Capuchetti y si se queda con la investigación de espionaje ilegal que la Cámara de Casación sacó de Lomas de Zamora.
Capuchetti se excusó porque ella misma habría sido víctima de la vigilancia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Martínez de Giorgi debe decidir si le parece explicación suficiente la de Capuchetti para no entender en la causa. Si la acepta, se queda con la investigación. Caso contrario, la causa vuelve a la Cámara Federal para que defina qué juez deberá entender.
Martínez de Giorgi conoce en parte la causa.
En 2018, dictó el sobreseimiento de los exdirectivos de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, después de escuchar la explicación de que no habían estado espiando a Cristina Fernández en el Instituto Patria, sino cumpliendo con «tareas investigativas» en el marco de una causa abierta por las cumbres de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el G20.
El año pasado, mientras subrogó el juzgado de Claudio Bonadio debido a su fallecimiento, cerró la causa conocida como Operativo Puf (escuchas ilegales a los presos kirchneristas en Ezeiza) y la remitió a la fiscalía de Lomas para su investigación.
También tiene que analizar la excusación de Sebastián Ramos, que también habría sido espiado.
Si Martínez de Giorgi acepta las dos excusaciones, podría acumular tanto la investigación de Lomas como la de Migraciones y la denuncia que hizo Nieto sobre filtraciones de información que estaba almacenada en su teléfono. Después le tocará definir si acepta el apartamiento del fiscal Carlos Stornelli, que pidió dejar la causa por ser querellante en la causa del Operativo Puf, olvidando totalmente su procesamiento en Dolores.
En la misma semana en la que Lomas perdía la pulseada con Comodoro Py, el exdirector administrativo de Asuntos Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Juan Sebastián de Stefano se presentó en Retiro para denunciar a los fiscales Cecilia Incardona, Santiago Eyherabide y a la integrante de la Casación Federal Ángela Ledesma.
Esta última, siempre se opuso al traslado a Comodoro Py y reclamó con insistencia que su colega Mariano Borinsky, respondiera a las recusaciones por sus visitas a Olivos, por su supuesto vínculo con Nieto o con los defensores anteriores de De Stefano, ya que la acusación es tan enrevesada, que el delito parecería ser que Incardona haya sido años atrás prosecretaria de Ledesma en la Casación. Algo que figura en su currículum.
La fiscal a cargo, Paloma Ochoa, ya pidió desestimar la presentación de De Stefano, lo que debería ser convalidado por Julián Ercolini.
Quien también se presentó a Stornelli para pedir que investigue a Alejo Ramos Padilla, quien lo procesó por sus andanzas con Marcelo D’Alessio.
El pedido es que Ercolini mire con quién se comunicó el entonces juez federal de Dolores entre diciembre de 2018 y febrero de 2019, periodo en que se inició la investigación del D’Alessiogate. También quiere saber si Ramos Padilla trabaja en la feria o lo hizo en el verano de 2019 excepcionalmente.
El 23 de marzo pasado los camaristas Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia ordenaran la reapertura de esa causa que ya había cerrado Martínez de Giorgi por inexistencia de delito. Fue ese el momento es que el fiscal decide pedir esta investigación.
Mientras tanto, en la Casación se debate si se confirma el procesamiento dictado por Ramos Padilla o no.
Los jueces Alberto Lugones y Juan Manuel Culotta votaron una declaración de repudio al espionaje que habrían sufrido los magistrados. El macrismo se opuso a llamarlo “espionaje ilegal”. El juez Ricardo Recondo tampoco acompañó el texto. Y el presidente del Consejo de la Magistratura, Diego Molea lamentó que no haya salido por unanimidad, ya que «no quedan dudas de que hubo espionaje ilegal y de que fue gravísimo”.
