Con Patricia Bullrich a la cabeza del Ministerio de Inseguridad de la Nación, las discusiones rancias y facilistas han vuelto a rondar las mesas de jueces, fiscales, abogados y periodistas, es que meter en cana pibes cada vez más jóvenes es una buena forma de acabar con la inseguridad.

José Veronelli

De una entrevista con el Abogado penalista salteño, Lautaro Arias Camacho, surge una postura respecto a la discusión por la baja o no de la edad de imputabilidad. Al respecto el letrado y profesor universitario opinó: “estoy en contra de la baja de imputabilidad y hay muchísimos argumentos con los cuales uno puede posicionarse por la negativa de la baja. Primero, hay un principio constitucional, que es el principio de no regresividad en materia penal que quiere decir que no puede haber un retroceso de derechos, porque eso iría contra la constitución, no se pueden perder derechos adquiridos y bajar la edad de imputabilidad iría contra este principio”.

Además destacó que aparte de la cuestión formal y casi anecdótica, “lo principal tiene que ver con la propuesta para que se baje la edad de imputabilidad a los ١٣ años no tiene ningún fundamento científico ni de ningún otro tipo”. Distinguiendo cómo la opinión pública está acostumbrada a pensar que el derecho se construye en base a opiniones y a posturas políticas, ideológicas. Por aquellos trasnochados es que hay que explicar que existe la ciencia jurídica y por ese motivo la construcción del derecho, las construcciones normativas, son productos científicos que provienen de investigación y una profundización del conocimiento jurídico.

Arias Camacho se desmarcó de los las palabras de García Salado y Bullrich afirmando que “parece que sobre el derecho todo el mundo puede opinar libremente y toda opinión en tanto opinión es así, pero a la hora de construir ordenamiento normativo, a la hora de construir norma hay que tener un fundamento jurídico, hay que basarse en el conocimiento producido por la ciencia jurídica y este no es el caso. La edad de 13, la cifra 13 es absolutamente antojadiza, nadie te explica por qué 13, no 14, ni 12”.

¿Qué cambiaría?

Lo que es necesario discutir es que la existencia misma de la pena tiene la finalidad de disuadir a nivel social la comisión de los delitos. Para eso existen las figuras penales y por otro lado el cumplimiento de la pena, que se supone que una persona que va a la cárcel lo hace con el objeto de enmendar sus errores y hacia la búsqueda de la reinserción social, de una forma de reeducación de esas personas.

Para el Abogado la baja edad de la imputabilidad no va a favor de esos fines, sino todo lo contrario ”que vos metas chicos de 13 a 16 años -que son los que hoy están en franja de inimputabilidad y que este proyecto pretende meter- van en contra de eso. Por un lado, de resocializar nada. Hay estudios y sí se ha probado que mientras más temprana es la inserción en el sistema penitenciario de un adolescente, más temprana es la profesionalización. Es decir que meter a la cárcel chicos más jóvenes lo que hace es impulsarlo hacia la especialización en el mundo del delito”.

Estadísticamente está comprobado que los menores, según números del Consejo de la Magistratura de la Nación y de Los Consejos de Magistraturas provinciales incluso, tienen estratificados los grupos de las personas que cometen determinados tipos de delitos. “Y vas a ver que los menores cometen, en casi todos casos, delitos contra la propiedad. Los delitos que mayor pena traen son cometidos por mayores. Entonces, mientras más pronto sometes a una persona al proceso penal, más pronto se impulsa la profesionalización y el escalamiento de delitos más leves a delitos más graves”.

El hecho de que la baja de edad de imputabilidad no contribuye a una resocialización, sino todo lo contrario. Afirmando que “pensar que bajar la edad de imputabilidad va a enviar a la sociedad un mensaje disuasivo tampoco tiene ningún asidero, porque las personas que cometen delitos también lo hacen en el marco de un montón de otros factores. Es decir, tienen en cuenta un montón de otras cosas y no necesariamente a la pena potencial a la que se exponen al cometer un delito”.

Arias sostiene que ”nadie va a cometer un delito con una calculadora en mano pensando cuál es la pena posible que le corresponde, si cabe en delito u otro y cuáles serían los atenuantes o los agravantes que tiene en la mano”. Las personas que van a cometer delitos -en general- están excluidas, expulsadas de una sociedad desde distintas dimensiones. Suponer que una persona comete un delito en consideración a la pena que le puede caber no va a contribuir a disuadir a la sociedad, menos va a disuadir a los menores de 13 a 16 años de cometer delitos.

La experiencia

Como ejemplos cercanos para pensar la situación el Abog. menciona a Uruguay y Brasil que “mantienen la edad de imputabilidad, esto igual lo podemos investigar, pero tienen la edad de imputabilidad a los 18 años, son imputables desde los 18 años, es decir una edad de imputabilidad más alta que Argentina que la tiene desde los 16”. En cambio “tienen otros sistemas, de infracciones, un sistema socioeducativo que se aplica desde los 12 años en Brasil y los 13 en Uruguay, Chile por su lado tiene un sistema penal juvenil que se aplica desde los 14, que es lo que en algún momento se propuso en la Argentina, un sistema penal específico”.

En Argentina no hay un sistema penal específico, hay un sistema penal único que se aplica a los mayores y a los menores de 16 a 18 años, la diferencia es que los menores de 18 años no pueden ingresar a los mismos establecimientos penitenciarios que los mayores de 18 años, entonces pueden ser sometidos a juicio y después de cumplir 18, empezar a cumplir la condena, entre los 16 y 18 no pueden cumplir la condena pero sí pueden ser sometidos a juicio, después de los 18 ya pueden.

“En el medio todo esto que existe que son las llamadas comisarías o cárceles de menores o centro penal juvenil que el que tenemos en Salta, eso supone que no tiene naturaleza penitenciaria, la ley o el régimen penal de minoría que tenemos vigente es espantoso porque le da al juez de menores amplias facultades sobre los pibes que están ahí, básicamente el juez de penal de menores es un Dios que hace su voluntad”. Entonces estas instituciones que existen en la Argentina para protección de los menores en cambio tiene chicos de entre 14 y 17 años ahí adentro que han cometido o delitos menos graves o más graves o algunos que estaban en situación de calle y estaba expuesto a una situación de vulnerabilidad termina en ese lugar también.

Siempre para atrás

Teniendo como encarcelador de menores en potencia a García Salado representando a Salta y a Bullrich representando a Nación, el panorama para los mayores de 13 años en la provincia se pone en rayas. No basta con que el Estado los abandone en salud y educación, también se tomará el trabajo de encarcelar a los jóvenes -más pobres- como solución al problema de la inseguridad.

Para el penalista Arias Camacho el objetivo de la propuesta es “generar una discusión distractiva a nivel social. Cuando no solo los índices económicos, sino que todos los índices respecto de satisfacción de derechos de los argentinos vienen en bajada, cuando el bienestar argentino en general viene en detrimento, se impulsa una discusión que no tiene otro objetivo que poner una discusión sobre la mesa para distraer a la sociedad”.

Sumado a esto expone la incertidumbre en el caso del niño desaparecido Loan, en ejemplo de un Estado ausente que se dedica a desbaratar o a desguazar la estructura nacional, Arias Camacho opina que “había que abordar un tema tan complejo y multifactorial como el de la trata y después, cuando ocurre el asunto, sobreactúan con medidas como mandar un ministro con botas a escanear cocodrilos y pumas”. La discusión de bajar la edad de imputabilidad es el equivalente a las botas y los escáneres de Patricia Bullrich, mientras que el problema sigue sin ser tomado con la seriedad que requiere.

Camacho sentencia que se trata de “una sobreactuación a los fines de hacer creer a una sociedad que ve a todos sus derechos retroceder, de que hay un Estado que se está ocupando de algo y que quiere hacer, como dicen ellos mismos, que el que las hace las paga. Cuando en realidad no se está en ningún momento considerando, ni poco, mejorar la calidad de vida de los argentinos y amparar verdaderamente los derechos que se supone que se tienen que amparar con todo este tipo de medidas”.

Al respecto de lo que no se tiene en cuenta Arias Camacho destaca que “se cortan partidas presupuestarias, se desbaratan instituciones que tenían por objetivo sostener programas de inclusión de adolescentes en condiciones de vulnerabilidad y a la vez se tira sobre la mesa la discusión sobre la baja de edad de imputabilidad”. Apuntando como una vez más se toman medidas maquilladas para distraer la atención de lo que se hace como política de fondo, el ajuste.

Como solución de fondo Arias opina que es más importante “sostener las políticas públicas ya existentes, perfeccionarlas, mejorarlas” pensando sobre el concepto de interseccionalidad para entender como existen distintos niveles de desigualdad y de vulnerabilidad generada en muchos sensores de nuestra sociedad. En cambio lo que se propone desde las grandes mesas del Estado es seguir tirando slogans de campaña sin un fundamento ni voluntad de resolver los problemas del 90% de las personas.