La Ley 27.592 que exige una formación ambiental integral para funcionarios públicos, centrada en el desarrollo sostenible y el cambio climático empieza a aplicarse en la provincia.
La provincia de Salta ha dado un importante paso en la implementación de la Ley Nacional 27.592, también conocida como Ley Yolanda, que establece la obligatoriedad de la formación ambiental integral para los funcionarios públicos. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha iniciado este proceso de capacitación, dirigido a autoridades y agentes de la Administración Pública Provincial, marcando un compromiso firme con la sustentabilidad y la protección del medio ambiente. Este primer encuentro contó con la destacada participación de autoridades de primer nivel de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), reforzando la colaboración interinstitucional en esta crucial iniciativa.
La formación se centra en un abordaje integral de la legislación ambiental, tanto a nivel nacional como provincial, proporcionando a los funcionarios las herramientas necesarias para comprender y aplicar las normativas vigentes. Asimismo, un aspecto fundamental de la capacitación es el énfasis en el cambio climático, reconociendo su impacto tangible en la vida diaria y la necesidad de incorporarlo en la toma de decisiones políticas.
Por su parte, el Ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, resaltó la importancia de esta formación para mejorar la gestión pública, enfatizando la necesidad de priorizar el cuidado del planeta en la toma de decisiones. De los Ríos mencionó ejemplos concretos del compromiso provincial con la sustentabilidad, como el monitoreo, control y fiscalización de proyectos productivos, así como la gestión eficiente y responsable del recurso hídrico, un elemento fundamental para el futuro de la provincia.
También Daniel Hoyos, Rector de la UNSa, coincidió en la importancia del liderazgo público en la implementación de políticas sustentables. Destacó el rol pionero de la administración pública en la construcción de edificios ambientalmente amigables y anunció la construcción de una central fotovoltaica en la universidad, como un ejemplo concreto de la reducción de la huella de carbono.
Por otro lado, María Eugenia di Paola la coordinadora de Programa en el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), aportó una perspectiva internacional, destacando las oportunidades económicas que surgen de la creciente demanda de productos y servicios sostenibles. Di Paola hizo hincapié en la importancia del Acuerdo de París de 2016 y la necesidad de colaboración entre países desarrollados y en desarrollo para abordar los desafíos del cambio climático, reconociendo la responsabilidad de los países desarrollados como principales emisores de dióxido de carbono.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable enfatizó que la Ley Yolanda, en su carácter de organismo de aplicación, complementa y fortalece el trabajo que la provincia ya viene realizando en materia de cambio climático, potenciando la formación de funcionarios públicos y promoviendo una economía sólida y pujante basada en los principios del desarrollo sostenible.
