En buen criollo, el sistema judicial está podrido, y la línea oficialista – principal responsable de tal degradación- se cree con el derecho divino a impartir justicia de por vida. Ese ese sitial supremo, el que les ocupa y preocupa conservar, claramente distanciados de la realidad social de nuestro tiempo.
La determinación de la corporación judicial de avanzar decididamente a fondo con la llamada Acción Popular de Inconstitucionalidad prevista en el artículo 92 de la Constitución de la provincia, fue firmada el 19 de febrero del 2018, por los jueces Ramón Medina, Adolfo Figueroa, Guillermo Poliotto, Rubén Arias Nallar, María Domecq, Isabel Romero y Federico Armiñana; integrando la Corte de Justicia de Salta ad hoc con los jueces Medina, Poliotto, Arias Nallar, Pablo Mariño y los jubilados Antonio Silisque, Luis Costas y Adolfo Figueroa.
La maquinaria jurisdiccional para reformar la Constitución provincial mediante una sentencia judicial, dio ese temerario paso. Siete jueces inferiores y algunos jubilados, han sido impulsados para certificar procesalmente la supuesta procedencia de los actuales jueces de Corte presididos por Guillermo Catalano, para abulonarse en los máximos sitiales de la Corte de Justicia de Salta.
Vale refrescar la memoria sobre la rechazada presentación de legisladores de la U.C.R y el PRO, solicitando el enjuiciamiento y la destitución del presidente de la Corte de Justicia de Salta, Guillermo Catalano, a propósito de las «maniobras» de éste, para declarar inconstitucional, mediante una sentencia judicial, el precepto que establece la duración limitada a seis años del mandato de los jueces de aquel tribunal.
Pero continuando con la avanzada, el pasado 11 de marzo, salieron las notificaciones al gobernador de la provincia, a la fiscal de Estado y al apoderado Colombres Garmendia por parte del juez Edgardo Albarracín.
Y esto no resulta casual, cuando en el superlativo mundo político provincial propicia la complicación de los mecanismos de votación: volver a las mañas del voto papel diario o mantener la posibilidad de manipular o vulnerar el personalísimo derecho electoral de elegir mediante el voto electrónico o boleta única electrónica que son la misma cosa.
No puede quedar sin observar, las maniobras recientes perpetradas por el oficialismo judicial, al desempolvar las manias de la vieja política -aprendidas allá lejos y hace tiempo- y que quedaron en evidencia en las elecciones en el Consejo de la Magistratura a la que hacemos referencia en nuestra edición del fin de semana.
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La mirada, ahora se posa en la interesante contienda electoral de los abogados para renovar sus tres miembros del Consejo de la Magistratura, abarcando el período 2.019 – 2.023 el próximo viernes 22.
La desfachatez y despotismo se ha apropiado ya hace tiempo del máximo órgano encargado de administrar justicia en la provincia de Salta… y van por todo.