El fiscal Sergio Mola imputó al exintendente en uso de licencia y a Sofía Clérici por el presunto lavado de dinero luego de que se publicaron fotos de ambos realizando gastos ostentosos en Marbella, mostrando un nivel de vida que no se condice con la condición de funcionario del exjefe de Gabinete de Axel Kicillof.

Asimismo, el fiscal planteó que el juez federal Federico Villena, que recibió la primera denuncia por este caso, debe apartarse del expediente por tener amistad íntima con Insaurralde y porque la primera esposa del exfuncionario es prosecretaria en el juzgado.

Esta es la denuncia más avanzada contra Insaurralde dentro de la catarata de presentaciones que se realizaron en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, de la ciudad de Buenos Aires, en La Plata y en Lomas de Zamora.

La primera denuncia y la más sugestiva la hizo el abogado Gastón Marano, un letrado que defiende a uno de los detenidos por el atentado contra Cristina Kirchner. La denuncia llegó el sábado al juzgado federal de Lomas de Zamora de Villena, horas antes de que el juez terminara su turno esa medianoche.

El escrito de la denuncia de Marano no tiene “cargo”, es decir, un sello con la hora de presentación y no se mencionó el medio por el cual se efectuó la denuncia: en otras palabras, si fue una denuncia presencial por mail o si fue realizada de manera presencial en la mesa de entradas del tribunal este sábado a la tarde, cuando Clérici, que había publicado las imágenes un día antes, arrobó (identificó) a Insaurralde en las fotos del yate “Bandido”, en Marbella.

El fiscal Mola, que cobró notoriedad tras conseguir la condena a seis años de cárcel contra Cristina Kirchner cuando acompañó en su tarea a su colega Diego Luciani en el juicio por Vialidad, planteó en su escrito de recusación que existe amistad íntima entre Villena e Insaurralde y que la primera esposa del intendente, Liana Toledo, es prosecretaria de ese juzgado federal.

El fiscal advirtió en su escrito que “hay un temor fundado de parcialidad” y señala que es para considerar la rapidez con la que se presentó la denuncia la misma tarde de los hechos, en un fin de semana, horas antes de que Villena deje de estar de turno. Se denomina “forum shopping”, la maniobra por la cual el denunciante busca elegir al juez que mejor sea acomode a sus intereses.

El escrito señala expresamente que no se trata de atacar la honorabilidad del juez y su buen nombre, sino que se está ante una cuestión funcional de temor fundado de parcialidad que afecta la confianza de la ciudadanía en los magistrados.

El juez Villena debe resolver si se queda con el caso y rechaza el planteo o si por el contrario se allana y lo remite al otro juez de Lomas de Zamora, Ernesto Kreplack. Si rechaza apartarse será la Cámara Federal de La Plata la que decida cúal es el juez competente, en un plazo de 72 horas.

Marano, además, denunció a Clerici por encubrimiento, porque señala que “está claro que podría haber sospechado que recepcionó bienes de origen ilícito”. Luego Clerici publicó que esos objetos, entre ellos una cartera de marca, un Rolex o una pulsera Cartier se los había comprado ella. En el texto de la denuncia presentada ante la Justicia Federal el letrado sumó las fotos que la modelo mostrara en su cuenta de Instagram sobre los lujosos objetos.

Kreplack, como juez subrogante de Lomas de Zamora, ya recibió otra denuncia contra Insaurralde por los mismos hechos. La fiscal es en ese caso Cecilia Incardona y ya pidió certificar todas las causas, para después decidir si impulsa la acción y quién es el juez competente.

Asimismo, por el delito de lavado de dinero se presentó otra denuncia en el juzgado federal de La Plata que también ocupa Kreplak, donde Insaurralde cumplía funciones como jefe de gabinete bonaerense. Y se planteó además una denuncia ante la Justicia de instrucción de La Plata por enriquecimiento ilícito de un funcionario provincial, lo que no constituye un delito federal.

En paralelo, el caso Insaurralde aterrizó también en Comodoro Py. Allí la casa quedó radicada en el juzgado de Julián Ercolini, que la delegó al fiscal Eduardo Taiano. Son dos denuncias, una de ellas del diputado José Luis Espert.

Todos están certificando el estado de todos los expedientes para luego decidir quién tiene derecho a llevar adelante la investigación. Los delitos se investigan en el lugar que ocurren. En este caso, se advirtió el delito con imágenes tomadas en Marbella, por lo que pesa entonces el domicilio o el lugar del trabajo del denunciado.

En favor de que la causa quede en los tribunales federales de Lomas de Zamora pesa el argumento de que Insaurralde tiene domicilio real y legal allí (en rigor, reside en un country de San Vicente, también en la jurisdicción de Lomas de Zamora), al punto de que era candidato a concejal en Lomas de Zamora, hasta que el escándalo lo obligó a renunciar también a esa postulación. En el juzgado de Villena presentó su denuncia el abogado Marano, mientras que Eugenia Talerico (candidata a senadora de Juntos por el Cambio) y el diputado Ricardo López Murphy presentaron su escruto en el juzgado de Kreplak.

En La Plata, donde Kreplack tiene la denuncia que plantearon Yamil Santoro y otros dirigentes de su espacio, pesa el argumento de que allí trabajó Insaurralde como jefe de Gabinete de Kicillof hasta el domingo, cuando renunció en medio del escándalo. Lo mismo sucede con la denuncia por enriquecimiento presentada en la UFI 7 de La Plata por la diputada de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña.

En Comodoro PY 2002, en Retiro, argumentan que Insaurralde tenía domicilio en Puerto Madero, además de la residencia que declaraba en Lomas de Zamora.

Todas estas denuncias empezarán a tener un curso común, un solo juzgado que las investigue, en la medida en que en todas se analice el mismo objeto procesal: es decir, el lavado de dinero. Si es que en algún otro expediente se analiza un posible enriquecimiento ilícito se determinará si es parte o no del mismo caso. En el primer caso, iniciado en la UFI 6 de La Plata, se cuestionó el supuesto acuerdo de divorcio de Insaurralde con Jésica Cirio por unos 20 millones de dólares. Esa causa ya pasó a los tribunales federales de Lomas de Zamora.

Mientras, habrá que esperar a que la Cámara Federal de La Plata, la Cámara Federal porteña y eventualmente la Cámara Federal de Casación Penal determinen cuál es el tribunal competente para investigar el caso.