El funcionario público, junto a dos cómplices, fue acusado de participar en el transporte de 23 kilos de marihuana descubiertos en diciembre pasado.

 

Un empleado del Poder Judicial de Salta, Daniel Fernando Aponte, fue imputado y se le dictó la prisión preventiva por su presunta participación en el transporte de estupefacientes. La decisión fue tomada por el juez federal de Garantías, Julio Bavio, quien dio lugar a la acusación por el delito de transporte de drogas agravado por la cantidad de intervinientes en el hecho.

El caso se originó el 21 de diciembre de 2024, cuando Gendarmería Nacional detuvo a un individuo identificado como Ángel Guido Luna en un control vehicular en Joaquín V. González. En el operativo, los efectivos hallaron 23 kilos con 704 gramos de marihuana ocultos en diversos compartimentos de la cabina de una camioneta Kia Sorento, la cual estaba registrada a nombre de la empresa «Aponte S.R.L.», vinculada al funcionario judicial.

Días después, el 25 de febrero, fue detenido otro sospechoso, Darío Antonio Peralta, quien también estaría involucrado en el transporte de la droga. Finalmente, el 18 de marzo, tras una serie de pruebas obtenidas durante la investigación, se llevó a cabo un allanamiento en la residencia de Aponte en Rosario de la Frontera, donde fue arrestado.

Según la fiscal subrogante Paula Gallo, las evidencias indican que Aponte mantenía contacto con Luna y coordinaba la maniobra de traslado de los estupefacientes. Entre los elementos presentados en su contra figuran registros de llamadas y mensajes cifrados en los que se refería al movimiento del vehículo y al destino de la droga. Además, la empresa prestataria de la línea telefónica del acusado confirmó reiteradas comunicaciones con el transportista y con un abogado que posteriormente asumió la defensa de Luna.

En la audiencia judicial, la fiscalía solicitó la prisión preventiva del acusado, argumentando el riesgo de fuga y la posibilidad de entorpecer la investigación. También se resaltó la gravedad del hecho y la alta cantidad de dosis de marihuana que podrían haberse distribuido. Por su parte, la defensa de Aponte rechazó la medida, alegando que su cliente solo había prestado la camioneta para una supuesta venta y que los mensajes con Luna no implicaban su participación en el delito.

Sin embargo, el juez desestimó estos argumentos y consideró que las pruebas en contra de Aponte eran sólidas. En consecuencia, ordenó la prisión preventiva del acusado por un plazo de 45 días y autorizó nuevas pericias para profundizar la investigación. Las autoridades no descartan la participación de otras personas en la organización del traslado de la droga.