Una investigación de dos años en torno a una organización narcocriminal que operaba desde Aguas Blancas, bajo el mando del ex intendente Carlos “Conejo” Martínez, derivó en la detención de 11 de sus integrantes. Se dictó la prisión preventiva de siete y se ordenó la captura nacional e internacional de su “jefe”, quien habría sido alertado de los 32 allanamientos realizados el sábado pasado. En una extensa audiencia de formalización de la investigación penal, el juez federal de Garantías de la ciudad de Orán, Gustavo Montoya hizo lugar ayer a la imputación penal requerida contra once personas por el delito de asociación ilícita y lavado de activos de origen delictivo, en calidad de miembros.
El magistrado también accedió al plazo de 6 meses solicitado por los fiscales generales Eduardo Villalba y Diego Velasco por la Procuraduría de Narcocriminalidad del NOA y de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCUNAR NOA y PROCELAC). Sobre las medidas de coerción, y también por pedido de los representantes del Ministerio Público Fiscal, el juez dispuso la prisión preventiva efectiva de siete de los imputados, en tanto, que los otros cuatro quedaron en libertad, con medidas restrictivas de control por parte de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal. Asistidos por la fiscal general adjunta Mariana Gamba Cremaschi y los auxiliares fiscales Jorge Viltes Monier, de la PROCUNAR NOA; Ezequiel Coscia, fiscal coadyuvante de PROCUNAR y Alberto Barbuto, de la PROCELAC, los fiscales presentaron los detalles de una investigación que data de dos años y el resultado de 32 allanamientos practicados para desbaratar a la organización criminal. “Este caso tiene una gran importancia para todo el país”, dijo el fiscal general Villalba, al iniciar su exposición. Explicó que la afectación de esta estructura criminal no sólo impacta por las modalidades propias del delito, sino también por la utilización de un órgano institucional, como lo fue el municipio de Aguas Blancas, para disimular el ingreso y egreso de fondos espurios.
Villalba señaló que el principal acusado, Carlos “Conejo” Martínez, que ya tenía antecedentes penales por narcotráfico, montó una empresa delictiva para, primero acceder al cargo de intendente en el año 2023, para lo cual invirtió sumas de dinero en dólares a cambio de los votos necesarios para resultar electo.
Desde la cúspide del poder político local, expandió un imperio criminal que incluyó toda clase de delitos, en particular aquellos dirigidos al lavado de bienes adquiridos con dinero provenientes del narcotráfico y contrabando, para lo cual se valió de un entramado societario que tuvo al municipio como medio para cubrir esos fondos mediante contrataciones que solo eran pantallas.
Resaltó como muestras del poder alcanzado por el exintendente la facilidad que alcanzó para corromper otros órganos institucionales, como funcionarios claves de distintas fuerzas de seguridad, gracias a lo cual contó con un manto de inmunidad para sus actividades.
