La causa pasó al fuero federal y permitió desarticular una red que operaba con citas online. Hay dos víctimas identificadas y no se descartan más casos.

La justicia federal imputó por trata de personas agravada a una pareja acusada de gerenciar un circuito ilegal de citas que involucraba a menores de edad en la ciudad de Salta. La investigación, iniciada en el ámbito provincial y luego derivada al fuero federal, permitió desarticular el funcionamiento de esta red.

La imputación fue formalizada en una audiencia ante el juez federal de Garantías N°1, Julio Bavio, a partir del trabajo del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, bajo la dirección del fiscal Ricardo Toranzos.

Los acusados —identificados por sus iniciales como F.N.A. y A.A.G.— fueron imputados por trata de personas, con agravantes vinculados a la edad de las víctimas.

La causa se originó el 16 de agosto de 2024, tras un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de un hombre adulto con una menor en un edificio céntrico. Al intervenir, la policía constató que la adolescente, de 17 años, se encontraba en un departamento junto al sospechoso, quien intentó escapar. En el lugar se hallaron elementos que motivaron la intervención judicial.

El testimonio de la joven permitió sospechar que se trataba de un encuentro previamente acordado, lo que dio inicio a una investigación más amplia.

Según reconstruyó la fiscalía, el hombre se encargaba de captar a las víctimas, mientras que su pareja coordinaba los encuentros, que eran ofrecidos en sitios web y gestionados a través de un grupo de Telegram. Los servicios se realizaban en departamentos alquilados, en franjas horarias de la tarde, con varios clientes por día.

Los investigadores determinaron que los encuentros tenían un costo de entre 30.000 y 35.000 pesos, con valores mayores en algunos casos. Parte del dinero debía ser entregado a los acusados, tanto en efectivo como mediante transferencias.

Con estos elementos, se ordenaron allanamientos y las detenciones de la pareja, concretadas el 15 de abril en un departamento de calle Artigas. Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, una computadora y dispositivos de almacenamiento que serán peritados.

En la audiencia, la fiscalía solicitó la prisión preventiva para ambos imputados. El juez dispuso la detención del hombre por 120 días, al considerar el riesgo de entorpecimiento de la investigación y la gravedad del delito.

En el caso de la mujer, se dictaron medidas restrictivas mientras continúa la investigación. Deberá presentarse periódicamente ante la justicia, no podrá salir de la provincia ni mantener contacto con las víctimas ni con el coimputado.

La fiscalía no descarta que existan más víctimas y continúa con las tareas investigativas para profundizar el alcance del caso.