Por Karla Lobos
Salta no sólo definió su ordenamiento territorial acorde a la cosmovisión de la elite dirigente, sino que también participó en la conformación de un grupo dirigente de amplitud nacional que incluyó a dos presidentes y once ministros de la Nación.
Dijimos que los conflictos de familia fueron una constante en la historia provincial y que la mayoría de las veces estuvieron atravesados por los vaivenes de la política nacional. Tal es el caso de la familia Uriburu que, luego del manifiesto en repudió por el hecho de que una familia salteña monopolizara la función pública, firmado por varios miembros de la elite salteña (Pedro José Frías, Martín Cornejo, Alejandro Figueroa, Francisco Centeno), conocido como “la Revolución de los Uriburu”, obligó a los miembros de esta familia a alejarse de Salta y a presenciar como forzados espectadores el devenir político provincial.
Trece años más tarde, en su campaña como candidato a gobernador, Juan Solá alertó sobre una posible “uriburiada”, cuando Benjamín Zorrilla, yerno de José Evaristo, ganara la máxima magistratura provincial.
Treinta y cuatro años más pasaron para que otro Uriburu (Pío), suegro de Domingo Patrón Costas, asumiera como gobernador de Salta.
La estabilidad del sistema político salteño se manifestó por la ausencia de intervenciones del gobierno federal, pero eso no quitó los enfrentamientos entre familias de elite, lo que les daba la oportunidad de mostrarse en tiempos electorales. En ocasiones, a través de escándalos en la prensa y en otras, directamente con la persecución violenta, que a veces llegaba a la eliminación física de los adversarios. Así de simple.
La Constitución Provincial reconocía los principios fundamentales de la democracia liberal y pluralista de los países más avanzados de fines del Siglo XIX. Antes de 1848, no existía en Europa Occidental ningún país con sufragio universal masculino. Los primeros en aplicarlo fueron Francia y Suiza. En 1869, siguió Alemania y la última en incorporarlo fue Suecia, en 1921, que, siempre en avanzada, sumó a las mujeres al derecho electoral. Fue difícil desarraigar la tradición monárquica en el Viejo Mundo. En cambio en América se generalizó la forma republicana de gobierno, con la excepción de Brasil, que contaba con una monarquía constitucional unitaria, representada por un emperador.
En 1853, la Constitución Argentina estableció la república y con ella el voto universal masculino, igual, directo y libre. También dispuso la designación democrática de las autoridades políticas constitucionalmente establecidas, en las Cámaras Legislativas, junto con los derechos de expresión, de reunión, de asociación y de libertad de prensa.
La reforma de 1875 introdujo liberales e innovadoras modificaciones en el régimen electoral. En el artículo 45 estipuló que la representación política tenga como base a la población. En el artículo 46, declaró al sufragio como un derecho y deber de todo ciudadano. Además fijó que la proporcionalidad de la representación sería la regla en todas las elecciones populares. Estos aspectos innovadores se mantuvieron en las Constituciones reformadas de 1883 y 1888. Sin embargo, en 1906 el principio de la proporcionalidad en la elección se retrotrajo al de mayoría relativa.
En Salta, se sufragaba varias veces al año y la normativa les imponía como única condición para poder votar la simple inscripción en el registro electoral.
En 1894 integrantes de la Comisión de Poderes intentaron anular sin éxito la elección a diputados nacionales del 20 de agosto. Denunciaron que las actas electorales eran nulas porque los votos habían sido copiados en La Poma, Iruya y Molinos. El cuadro de situación de Pío, primer Uriburu que volvía a ocupar la primera magistratura provincial después de 34 años, describía: «La falta de partidos políticos con ideas y programas definidos de gobierno, que encarnen la diversidad de opiniones y tengan organización estable en la actuación pública, constituye la mayor rémora en nuestro progreso político, pues fomenta la viciosa costumbre de la improvisación, que obstaculizan la fundación de agrupaciones homogéneas, que son las únicas que pueden ejercer control benéfico en el gobierno representativo». Publicaciones periodísticas de la época vinculan a una buena cantidad de candidatos con grupos o clubes políticos que tuvieron escasa duración en el tiempo y que aglutinaron a sus adeptos más por intereses y vínculos coyunturales que por ideologías partidarias y doctrinas.
Hasta las dos últimas décadas del siglo XIX se hizo habitual que los grupos, gobernante y opositor, fueran identificados por los apellidos de sus figuras más convocantes, como se puede apreciar en una de las tantas notas publicadas por el diario La Reforma en 1880: «De un momento a otro. Se espera la llegada de los jefes de línea Uriburu y Aguilar, mejor estarían en Río Negro. Aquí no se les necesita».
Las elecciones cumplieron un rol fundamental en la legitimación del orden político y del grupo gobernante. Lejos de favorecer la alternancia en el gobierno, la mayoría de las veces reafirmaron las relaciones de poder y de influencias existentes, al evitar la representación de la oposición.
Uriburu se presentó como candidato a senador de Iruya y Santa Victoria. Su único oponente fue Cástulo Aparicio. Uriburu ganó las elecciones pero no logró que el Senado provincial adverso trate su proclamación. Se trató de una de las tantas estrategias desplegadas por el esquema de poder gobernante para mantener alejada a la oposición de los cargos de decisión provincial o nacional.
Un telón mucho más violento cayó sobre las elecciones de 1894, que terminaron con el llamado “fusilamiento del 4 de marzo”. Los trágicos hechos sucederían durante el gobierno de Delfín Leguizamón y después de la sofocada Revolución radical de 1893.
Por entonces los Uriburu no sólo habían recuperado su espacio de influencia a nivel provincial, sino que habían logrado posicionarse en la cúspide del poder nacional, ya que desde 1892 José Evaristo era vicepresidente de la Nación. Pese al cambio del sistema de influencia gobernante, las prácticas y las estrategias electorales se mantuvieron, aunque ahora había terceros en el juego: los radicales.
En Salta el oficialismo había dispuesto movilizar hombres para ayudar a sofocar la revolución radical en Tucumán y para ello, habría recibido del Gobierno Nacional una suma cercana a los 200.000 pesos. El contingente reclutado llegó hasta Metán y allí supo que los revolucionarios tucumanos habían sido dominados. Por esos días, la prensa alineada detrás de cada partido, grupo o club, contribuía denodadamente a cargar la atmósfera política de rivalidad. Es así que no se les perdonó la “no devolución” del monto que recibieran para ayudar a sofocar una revolución que ya había sido desactivada. No llegaron a Tucumán, no cumplieron con la tarea asignada y no devolvieron el dinero dispuesto para ese fin.
En este clima de enfrentamiento político la estrategia fue el desdoblamiento de las elecciones. Entonces se realizaron dos comicios: el primero para renovar la Legislatura Provincial, el 4 de marzo de 1894 y el otro para elegir diputados nacionales, el 20 de agosto de ese año.
Dos meses después, al apoyar la anulación de esta última elección, el diputado nacional porteño Delfor del Valle, recordó a sus pares que ese día un piquete de policía descargó sus remingtons sobre los votantes radicales con un funesto saldo de 14 muertos y un número mayor de heridos.
En ambas elecciones de 1894, terminaron proclamados los candidatos del oficialismo. Al respecto el diputado nacional Delfor del Valle decía: “…recordar que en aquella provincia (Salta) la única vez que la oposición, teniendo fe en las promesas del gobierno, concurrió a ejercer el derecho al voto, esa oposición fue fusilada en los atrios”.
Meses antes había estado en Salta Leandro Alem, “quien habría venido a tonificar al pueblo radical con su magna presencia en la provincia”. Aunque la lectura que hizo de los hechos Indalecio Gómez, referente a la elite local y diputado oficialista era otra: “¿Por qué se impugna al Gobierno de Salta? ¿Por qué se convierte esta cuestión de los diplomas en una mera ocasión de emitir juicios apasionados y palabras acerbas contra aquella situación? A este terreno me ha traído el señor diputado. Yo he dicho que sus afirmaciones eran inexactas y lo voy a probar. Empezaré por el fusilamiento del pueblo de Salta, el día 4 de marzo. ¿Cómo estaba compuesto el gobierno en los días del fusilamiento? Gobernador, el señor Leguizamón; ministro, el doctor Arturo Dávalos, cuya filiación pertenece a la Unión cívica nacional. ¿Quién era el intendente de policía? El señor Avelino Figueroa, una persona culta y distinguida, perteneciente al partido radical. De manera que esas elecciones de Salta se realizaron bajo los auspicios de un gobernador que, aunque miembro del partido nacional, no hace gala de sus vinculaciones políticas ni las sirve desde su elevado puesto; de un ministro de gobierno que pertenece a la Unión cívica nacional, y de un intendente de policía, funcionario que interviene directamente en el atrio y pertenece al partido radical”. Es decir que, el antagonismo descripto por Del Valle era inexistente, ya que el “oficialismo” cobijaba en su seno a importantes integrantes de los distintos partidos de la época, sobre todo del radical.
El comisario fue otro actor infaltable del acto electoral. “Los escasos caminos carreteros, las pocas cuidadas sendas de herraduras e incipiente red telegráfica impedían una buena comunicación entre los municipios del interior y el Ejecutivo Provincial”. Al menos estas eran las explicaciones que daban los comisarios de campaña al intentar justificar porqué en sus distritos las elecciones no se realizaban, las leyes no se cumplían o los impuestos no se recaudaban. Eran verdaderos caciques y actuaron como una prolongación del “ojo del poder” en el interior provincial. A la par de las actividades de policía, oficiaban de jueces de paz, receptores de rentas e integraban las juntas escrutadoras de votos. Todo esto, les confería una posición de importancia nada despreciable en la comunidad donde se desempeñaban.
El hecho de que las municipalidades fueran entes descentralizados, “Estados dentro del Estado, con poderes y atribuciones propias”, así se definirían, acentuaba la influencia de los comisarios, que actuaban como puentes entre el poder provincial y el electorado de cada distrito. Eran nexo entre la política de los que mandaban y la política de los que obedecían, entre la elite y el pueblo, entre las divinas y las populares, en un momento en el cual cristalizaron exitosos sistemas de influencias articulados íntimamente al devenir de la política nacional.
En enero de 1880, Hermógenes Wayar, comisario por el departamento de Santa Victoria, fue acusado por los vecinos ante el gobernador Moisés Oliva: “…que el referido comisario abusando de la autoridad que inviste ha tomado una parte activa y directa en la elección de rejidores municipales: forzando al populacho a que le reelijiese de municipe, por medio de amenazas, y coartando la libertad del sufrajio; pue que hizo llebar, por compañías á su casa, a la jente que estaba militarmente reunida, el día 24 del próximo mes pasado, en esta plaza les distribuyó las voletas é hizo practicar inmediatamente las votaciones, presidiendo él la mesa receptora; habiéndola suspendido dos horas después (antes de la once del día) y por privar de este modo la libertad de sufragio y burlarse de sus opositores que querían hazer que se cumpliera la ley de elecciones, la cual ordena que se mesa se cierre a las cuatro de la tarde”.
La denuncia fue firmada por Román, Benedicto y Bautista Aparicio; Gregorio y Valentín Arnés; Ángel Castrillo, Napoleón Casasola y Rufino Chauqui, apellidos ajenos a la elite, pero todos participantes de la vida política departamental. En agosto de ese año, habían votado en las elecciones a senador y diputado por Santa Victoria que proclamó como diputado a Manuel Zapana y como senador a Daniel Goytea en su distrito.
Wayar fue finalmente desplazado. El 17 de marzo de 1880, uno de los firmantes de la denuncia, Benedicto Aparicio, fue nombrado comisario del departamento, pero sólo por dos meses, cuando fue reemplazado por José Castellanos, quien sí pertenecía a la elite local y por ello, añadió a su función policial la de miembro de la Junta Escrutadora de Votos. Esto también pasó con Paulino Echazú en Anta y Marcelino Sierra quien al ser Coronel de la División Metán, mantendría su influencia durante todo el período.
Una situación distinta se presentó en Iruya, donde el comisario Pedro Ceballos denunció ante el ministro de Gobierno, Pedro López, al presidente de la Mesa Escrutadora: “Hase saber S.S. que en las elecciones que han tenido lugar en este Dpto el 28 del próximo pasado el Presidente de la Mesa Escrutadora, ha tenido la devilidad de recibir votos a bolivianos que hase pocos días que se encuentran de comerciantes por consiguiente no están calificados en el Rejistro Cívico con todos estos estranjeros an podido conseguir treinta y tantos en la votación”.
Esta segunda denuncia confirma que los comisarios fueron verdaderos intermediarios políticos entre el grupo gobernante y las poblaciones del interior de la Provincia y constituyeron un engranaje clave en la etapa de construcción del Estado provincial moderno, ya que fueron de una indispensable ayuda a la hora de dominar los imprecisos territorios de la campaña salteña y controlar a las poblaciones rurales.
Cualquier semejanza con la realidad actual, es mera coincidencia…