Un pedido de sobreseimiento express con una infinidad de inconsistencias benefició al aspirante a diputado provincial a dos meses de la oficialización de su candidatura. El ingreso del hijo de Juan Carlos a la arena política y el cierre del círculo de impunidad del clan Romero.

A 20 días de dejar el mando, un gobernador le entrega 4200 mts2 del aeropuerto Salta a un familiar directo, más precisamente a su hijo, para la construcción de un hangar de uso aeronáutico. Una vez vencido el comodato, al cabo de 20 años, las obras civiles y oficinas construidas en el predio pasarían a formar parte del patrimonio provincial, según estipulaba el decreto. Cinco años después del hecho, se abre una causa penal en contra del ex-mandatario, su hijo y otros funcionarios implicados, que deriva en un pedido de elevación a juicio al cabo de pocos meses.

Sin embargo, tras siete años de inmovilidad judicial (cinco de los cuales transcurrieron bajo una suerte de tregua post electoral), dos jueces amigos anulan el requerimiento de elevación a juicio contra el ex-gobernador y sus allegados. Para culminar la operatoria, ya en marzo de 2021 y a nueve años del hecho, la fiscalía solicita el sobreseimiento de todos los acusados desvinculándolos completamente del caso. Apenas dos meses más tarde, el rostro de uno de los implicados aparece como postulante al cargo de diputado provincial en una de las listas oficiales.

La síntesis, aunque simplona, demarca el circuito de impunidad al que pretende arribar el clan Romero en su más reciente movimiento electoral. Juan Esteban, hijo del ex-gobernador, hermano de la intendenta capitalina, compañero de causas penales de su progenitor y presidente de Finca La Represa S.A., fue uno de los beneficiados por el pedido de sobreseimiento firmado por la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, que parece haber sido redactado a la medida de sus apetencias electorales.

En concreto, de las investigaciones realizadas surge que el decreto firmado a fines de 2007 designaba como beneficiaria del comodato a la empresa Finca La Represa S.A. representada por su presidente, Juan Esteban Romero. La fiscal Salinas Odorisio, no obstante, diría respecto de este postulado que «no se puede determinar que se haya consumado una maniobra delictiva compleja dirigida a beneficiar al entonces gobernador de la Provincia y familia, o que se violaron los deberes de fidelidad propios de su cargo».

Para la fiscalía no existió ardid ni maniobra defraudatoria alguna por cuanto «el convenio estipulaba que al vencimiento del comodato entre Finca La Represa S.A. y Aviación Civil, la Provincia de Salta se vería beneficiada al adquirir por donación las instalaciones que se construyeron en el predio cedido (oficinas administrativas, técnicas y obras civiles complementarias)». Traduciendo, para la fiscalía el hecho de que un gobernador cediera una parte del predio de Aviación Civil a la empresa de su hijo no constituye un delito, porque al cabo de 20 años las instalaciones pasarían a formar parte del patrimonio de la provincia. El argumento no hace más que convalidar una operación absolutamente irregular contraponiendo como atenuante un compromiso de donación futuro. Como si se tratase de un contrato de obra pública con un plazo de realización de 20 años.

Más increíble aún resulta el argumento del párrafo siguiente, que reza: «Por otra parte, la actividad de la empresa comodataria habría de generar nuevos puestos de trabajo, ya que se planificaba la incorporación y capacitación de mano de obra técnica aeronáutica local, fomentando también la contratación de bienes y servicios ajenos a los estrictamente aeronáuticos».

A esta altura, y en virtud de la experiencia recogida, podemos convenir que el argumento de la «creación de puestos de trabajo» es un cliché del que abusan obscenamente fuleros y explotadores de toda monta. Como si se tratara de una multinacional minera intentando ingresar a territorio tercermundista, el texto de la fiscal vuelve a justificar la inmoralidad del clan en base a las contrataciones que Juan Esteban hubiera tenido que hacer le guste o no, ya que los hangares no se hacen solos.

De esta manera, a entender de la fiscal, se cumplimentó con las razones de interés general, que eran requeridas por la normativa para obtener una concesión gratuita. «Claramente, más allá de lo especulativo y conjetural, la provincia se vería eventualmente beneficiada al término del plazo fijado», resume.

Pregúntenle a Mashur

Además de Juan Carlos Romero y su hijo (implicado como coautor de la defraudación en perjuicio de la administración pública), estuvieron imputados el titular de Aviación Civil, Ricardo Funes, y el ex secretario general de la Gobernación, Raúl Romeo Medina. Este último se refirió al sempiterno vicepresidente primero de la cámara de senadores, Mashur Lapad, quien por entonces ejercía como gobernador interino por ausencia de Romero y su vice Walter Wayar. Lapad fue el encargado de poner la firma en el decreto que incluía, entre otras disposiciones, la cesión del hangar.

Para Medina, el oriundo de Rivadavia no podía desconocer el alcance del decreto 3.306/07, porque este fue enviado para la firma con todos los antecedentes y documentación respaldatoria, como era usual.

Esto llevó a que la fiscal Odorisio concluya: «Es imposible escindir su participación y la responsabilidad que como gobernador interino le corresponde a la hora de suscribir los decretos, siendo injustificable su posición de desconocimiento más allá del cúmulo de trabajo alegado. Ello en principio determina formalmente la ajenidad de quien era el titular del departamento ejecutivo en la formalización del decreto, resultando forzado y subjetivo vincularlo con las circunstancias fácticas y los elementos subjetivos de tipo penal en cuestión».

La responsabilidad que recaía sobre el vicepresidente del senado, además de ser reconocida por la fiscal, determina la “ajenidad” del ex gobernador en la firma del comodato. De esta forma, la implicancia en el hecho queda reducida a la firma de un documento y no a los intereses en juego de los involucrados. No explica, además, cómo es posible que el titular de la empresa comodataria (Juan Esteban Romero) no haya estado al tanto de tamaño beneficio.

“No se ha acreditado que la firma del decreto por parte del gobernador interino haya sido parte de una maniobra fraudulenta de los encartados en las que el firmante desconociera tal ardid, sino, por el contrario, se observan datos que posibilitan inferir que se trataría de un decreto firmado por una persona idónea y acreditada para ello, resultando subjetiva y especulativa la construcción de una teoría de complot con el secretario de la gobernación”.

La idoneidad del gobernador interino referida por la fiscal en su requerimiento no hace mucho más que implicarlo. Resta saber si el representante por Rivadavia será convocado en función de esto a dar explicaciones frente a los estrados.

El texto de la fiscalía concluye que: “Habiendo fijado esta premisa, no podemos determinar con el grado de convicción una autoría material en los términos asignados en el anterior requerimiento cuando quien firmó el decreto de comodato fue otra persona”. Al parecer la estrategia del clan Romero nunca fue otra que pasar el fardo al firmante, encontrando complicidad en los representantes del Ministerio Público.

Familiar en los negocios, compañero en la justicia

La causa La Ciénaga también tiene a Juan Esteban Romero como uno de sus principales protagonistas. El hijo de Juan Carlos era, por entonces, titular de otra firma denominada “Estancia El Carmen S.A.”, que adquirió por la suma de $100 mil la extensión de 90 hectáreas conocida como «La Ciénaga”, comprada por el Estado a más de un millón de pesos a un primo del actual senador nacional.

El 19 de noviembre de 2009, las 90 hectáreas fueron transferidas a “Estancia El Carmen S.A.” y al indagar sobre esta nueva firma propietaria, se estableció que la empresa tiene la misma sede Horizontes S.A, editora del diario El Tribuno.

Sin embargo, en agosto del año pasado y después de que el Tribunal de Impugnación, integrado por los jueces Héctor Poliotto y Ramón Medina, beneficiara a Juan Carlos Romero con la vuelta a cero de la causa por el supuesto apropiamiento que debían ser destinadas al programa “Familia Propietaria”, ahora la causa denominada “La Ciénaga” quedó en manos del Ministerio Público Fiscal.