ALEJANDRO SARAVIA
Aveces, una idea que podría ser interesante, sin anticipar valoraciones sobre que sea buena o mala, se transforma decididamente en pésima si no se la presenta bien y, aún más, si no se la fundamenta suficientemente y sólo se la utiliza como plataforma para figurar en los medios. Es, quizás, una malformación surgida de esta actualidad en que si no figuras no existes, pierdes hasta tu propia identidad. Pero, eso que es una moda, no tiene nada que ver con el rol institucional y, por tanto éticamente colectivo, que exige un cargo público. Una mala y mezquina presentación puede, sin embargo, hacer caer en el vacío a una idea que, al menos, requiere estudio y consideración, y no ser usada como plataforma para una efímera fama.
Me estoy refiriendo a la discusión en ciernes sobre si la legislatura provincial debería seguir como hasta ahora con dos ramas, diputados y senadores, es decir, un órgano complejo, o debería pasar, como en la mayoría de las provincias argentinas, a tener un solo ámbito donde deliberar, controlar, generar normas y, obviamente, liderazgos alternativos.
En este sentido existirían dos proyectos en la Cámara de Diputados. Uno interesante, como dijimos, el otro malo por su falta de seriedad, como también lo dijimos. Nos vamos a referir, en consecuencia, al que vale la pena.
En efecto, el diputado provincial José Gauffín habría presentado un proyecto que propondría convocar a una Consulta Popular Vinculante para que el electorado salteño decida si el sistema legislativo de la provincia debe seguir siendo bicameral (con Cámara de Diputados y Cámara de Senadores) o pasar a un modelo unicameral. El plebiscito sería incluido en las elecciones legislativas provinciales del 11 de mayo de 2025, y, de aprobarse en tal consulta la moción, obligaría a la Legislatura a avanzar en un proceso de reforma constitucional en un plazo de 30 días.
El proyecto establecería que la consulta popular se rija por lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Nacional que regula el mecanismo de consulta vinculante. En caso de que la mayoría del electorado vote afirmativamente por la unicameralidad, la Legislatura estaría obligada a sancionar una ley de necesidad de reforma constitucional que habilite el cambio de sistema.
Recordemos que la mayoría de las provincias argentinas tienen legislaturas de una sola cámara. Tal las provincias de Córdoba, La Pampa, San Juan, Chaco, Chubut, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán y la ciudad de Buenos Aires, asimilada a las mismas por la reforma constitucional de 1994.
Ya en nuestra provincial, recordemos y, en verdad, anoticiemos, que en la plataforma electoral de la Unión Cívica Radical de 1983, ese Partido proponía la unicameralidad con el nombre de Cámara de Representantes del Pueblo de la provincia de Salta. Y lo recuerdo no por ser un estudioso del tema sino porque me tocó, en el mes de Agosto de ese año, redactar dicha plataforma. En el Capítulo II bajo el título de “Régimen Institucional y politico” se proponía ello, y, recuerdo, que dicho tema fue redondeado en una charla, un sábado a la mañana, con el ilustre maestro Dr. Miguel Amílcar Mercader.
Ahora bien, el proyecto que se habría presentado en la Cámara de Diputados tendiente a realizar una consulta popular respecto de este tema, mencionaría, al igual que el otro, como idea central al uso de estos tiempos, la cuestión de la reducción del gasto público. Creo que sin perjuicio de reconocer la necesidad de ser rigurosos con el uso y destino de los fondos públicos, la cuestión requiere un tratamiento más profundo.
Hay nutrida documentación histórica de nuestra provincia que denotan que los departamentos que la integran, al menos los más antiguos situados en los valles calchaquíes, se corresponden casi como un calco con las antiguas fincas, de modo que podría llegarse a pensar que el senado provincial, que vio la luz recién en la segunda mitad del siglo XIX, y en donde se supone están representados los departamentos de nuestra provincia, sea no más que un reflejo de aquel ámbito en el cual se reunían a conciliar intereses politicos los propios dueños de aquellos predios. Culturalmente la nuestra es una idiosincrasia rural. No es vano tener presente que la posesión de una finca da lustre a los que las poseen a los ojos de los demás. Lo mismo que las presuntuosas camionetas 4×4, instrumentos, desde ya, más apropiados para las tareas rurales que para las urbanas.
De modo que el senado sería un resabio de esa cultura que en cierta forma resalta como un anticuerpo o, al menos, relega los aportes de las ciudades, comenzando por las propias revoluciones burguesas que habría que ver si llegaron hasta nosotros a pesar de sus ya tantos años.
Como argumento coadyuvante está, claro, lo de los nutridos gastos que insume ese cuerpo que, en realidad, no aporta un valor diferencial a la vida institucional de nuestra provincia, como ya varias veces vimos. En el proyecto que se habría presentado se hace un cálculo de esos extremos. Según los datos presentados, la Cámara de Diputados, con 60 integrantes, cuenta con una asignación de más de $30.500 millones en el presupuesto 2025, mientras que la Cámara de Senadores, con solo 23 miembros, recibe casi $27.000 millones. Esto significa, en términos prácticos, que cada senador le cuesta al Estado provincial, o mejor dicho a la sociedad salteña toda, más de $١.٢٠٠ millones por año. Y no vemos, como ya lo dijimos, que los aportes que hacen hagan una diferencia que justifique tamaño esfuerzo colectivo.
En conclusión, la cuestión trataría de sacar de un agujero negro un tema trascendente y ver si se puede hacer, por sus obvias conveniencias, de dos costosos organismos uno solo, que no sólo significaría un importante ahorro sino que optimizaría el imprescindible control social sobre ese oscuro ámbito.
