Aunque menos grosero que Lomas de Medeiros, el Barrio “Los Profesionales” ubicado a metros del campus de la Universidad Católica es también una iniciativa del IPV para “sectores acomodados”. Al menos una decena de funcionarios, de segunda y tercera línea, fueron beneficiados con viviendas en esa prometedora barriada. Gonzalo Teruel
El asesinato de Javier Trogliero en una vivienda de Barrio El Huaico actualizó la discusión sobre los beneficiarios de las casas que construye la provincia. El habitante de la vivienda en donde se desató la tragedia, Mario Del Barco, está lejos de poseer el perfil de los miles de salteños que hace años buscan el techo propio. Hijo de reconocido profesional de la medicina, presto a viajar al extranjero, vivía sólo. Aunque nadie confirmó si era titular o inquilino de la casa, en cualquiera de los casos su situación es irregular: si no tiene un grupo familiar a cargo no debió recibir una adjudicación del IPV, si alquila a un tercero también incurre en una violación al espíritu del organismo que construye “viviendas únicas”.
Esa situación motiva que todos busquen dilucidar el entramado de la política habitacional de la provincia. Y volcado al ejercicio, uno descubre que no es necesario contar con un ojo clínico para visualizar hechos indignantes. Antes, por ejemplo, de que Lomas de Medeiros se convirtiera en un escándalo para el gobierno de Juan Urtubey y antes que tan siquiera se planificará esa urbanización en la zona del Grand Bourg, el IPV proyectó otras barriadas que también despiertan polémica.
Al norte de la ciudad y casi dentro del predio de la Universidad Católica, por ejemplo, se levantó el Barrio “Los Profesionales” más conocido con el nombre de esa casa de altos estudios. A tono con su ubicación, el nuevo desarrollo no fue para los “sectores populares” sino para “sectores medios” y bajo la denominación de “programas especiales”. Como en otros casos, su operatoria fue realizada en conjunto por el IPV y asociaciones civiles o colegios profesionales.
El plan fue pensado en el último periodo de gobierno de Juan Carlos Romero y bajo la conducción de Rubén Fortuny en el IPV. Fue este funcionario quién gestionó las obras y estableció los requisitos y criterios de adjudicación de las más de 300 viviendas que conforman la urbanización, dividida en etapas. La historia marca lo siguiente. Fueron 4 etapas que se entregaron a partir del año 2006. La primera fue de 80 viviendas de la cuales 40 eran para ingenieros y las restantes 40 para magistrados. La Etapa II incluyo 120 viviendas para médicos, bioquímicos y contadores. La
Etapa III se redujo a 45 viviendas para abogados, mientras la IV fue de 20 viviendas destinadas a arquitectos.
Algo menos grosera que la de Lomas de Medeiros, la de “Los Profesionales” es también una iniciativa para “sectores acomodados” que sin embargo pagaron muy poco por cuotas mensuales. “Para inscribirse había que hacer una entrega importante y las cuotas son de entre $500 y $600 así que no cualquier familia pudo acceder a ese plan”, reconoció en estricto off the record un funcionario de planta del IPV a Cuarto Poder. Las mejoras realizadas en buena parte de ellas revelan el verdadero poder adquisitivo de sus ocupantes.
Entre otros, fueron beneficiados con una vivienda de ese barrio: el secretario de Seguridad, Federico Jovanovicks, y el coordinador de esa oficina de gobierno, Carlos Cayetano Oliver. Pablo Daniel Díaz, coordinador del Ballet Folclórico “Martín Miguel de Güemes”, y otros funcionarios del área de Cultura también ocupan esas casas. Los jóvenes dirigentes Gonzalo Quilodrán -la casa fue obtenida por su ex esposa Gisela Moreno- y Matías Posadas viven en la primera etapa del vecindario. Además, entre los distinguidos habitantes del barrio se destacan: el ex responsable de la Seguridad Vial, Fernando Echazú, y el secretario de Ambiente de la Ciudad, Darío Madile. Funcionarios del Poder Judicial también viven en el lugar. El juez Pablo Farah y el fiscal Maximiliano Troyano -ex ministro de Gobierno- son vecinos de Marcelo Ferraris, hermano de Gustavo, miembro de la Corte de Justicia.
Cumplían los requisitos y por lo tanto no generaron el mismo rechazo social que los beneficiarios de Lomas de Medeiros. El dato duro, sin embargo, no es menor: al menos una decena de funcionarios del gobierno fueron beneficiados con casas construidas por la provincia en una prometedora barriada. “Igual que todas las etapas de El Huaico, las casas de la Católica son muy necesarias y se hicieron bien pero, lamentablemente, revelan la dirección de las políticas habitacionales en Salta: se priorizan sectores medios y se desatienden a los sectores más vulnerables”, sintetizó uno de los empleados con más años en el IPV.
El posicionamiento social de los vecinos del barrio Universidad Católica quedó evidenciado en marzo del 2011 cuando una comisión llegó al despacho del entonces ministro de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos, Pablo Kosiner, para solicitar el refuerzo de patrullas y la construcción de una garita policial.
Rápidamente, las autoridades de Seguridad dispusieron que personal de la subcomisaría de Castañares patrulle la zona. Otros beneficios pedidos y también rápidamente concretados son el Playón Deportivo inaugurado en noviembre de 2010 y la cobertura del corredor 5A de SAETA que reemplazó al original sistema de rondín. Un tiempo antes, el gobernador Juan Urtubey en persona inauguró la obra de tendido y alumbrado público en el acceso al barrio que costó $95 mil.
