Diputados nacionales justicialistas se reunieron con la secretaria de Ambiente, Irene Soler. Ésta advirtió a los legisladores que los fondos de la Ley de Bosques decrecen mientras las dificultades para el control de los recursos naturales aumentan. (Gonzalo Teruel)
Los tres legisladores salteños que forman parte del Bloque Justicialista en el congreso de la nación -Javier David, Pablo Kosiner y Evita Isa- visitaron la Secretaría de Ambiente que encabeza Irene Soler. En ese encuentro la funcionaria advirtió que “la asignación de montos del Fondo de la Ley de Bosques marca una tendencia declinante y esta realidad implica poner en riesgo el bosque como bien social en clara oposición al espíritu de la ley” y recordó a los legisladores las dificultades que enfrenta, sin los recursos necesarios, para realizar el control sobre los recursos naturales de la provincia.
En efecto, la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos sancionada hace casi 10 años nunca se cumplió porque el gobierno nacional destinó, sistemáticamente, menos recursos de los correspondientes a las provincias. Un último informe elaborado por la Dirección de Bosques de la Nación reconoce que en los últimos 7 años el gobierno federal debería haber transferido a las provincias compensaciones ambientales por al menos $20.350 millones pero apenas desembolsó $1.485 millones. Y los números que maneja la provincia van en la misma dirección: en 2010 se asignaron $94 millones, en 2011 $230 millones, en 2012 algo más de $271 millones, en 2013 y 2014 otros $230 millones y en 2015 apenas $228.450.000.
En ninguno de los casos los envíos alcanzaron siquiera el 10% de lo que manda la ley de manera taxativa para el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos cuyo propósito es compensar a las provincias y a los propietarios de campos que, debido al ordenamiento territorial establecido en cada jurisdicción, no puedan poner en producción el territorio en cuestión. Ese fondo debe ser integrado por partidas anuales que “no podrán ser inferiores al 0,3% del Presupuesto Nacional” y por “el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración”. Pero nunca se integró de manera correcta y, con el renovado impulso de las compañías agropecuarias por incorporar nuevas tierras a la producción agrícola y ganadera, el cuidado de los bosques se ve comprometido.
En línea con el discurso productivista del gobierno nacional de Mauricio Macri, el gobernador Juan Manuel Urtubey anunció en su visita anual a la Sociedad Rural Salteña que próximamente “en octubre” enviará a autoridades nacionales las conclusiones de la revisión del ordenamiento territorial para incorporar mayor cantidad de hectáreas “de manera sustentable” al sector productivo.
Y señaló que “en el manejo de bosques con ganadería integrada, todas las instituciones están trabajando para que en aquellas áreas de conservación media se establezca actividad productiva que permita el crecimiento en estas fronteras”.
Sin dar mayores detalles, se mostró amigable con el empresariado y cerró su alocución con un mensaje inequívoco. “Queremos facilitar condiciones para que aquellos que quieran invertir en Salta lo puedan hacer” dijo. En pocos días, sus funcionarios obraron en consecuencia: el ministro de Ambiente y Producción, Javier Montero, se reunió con inversores chinos interesados en emprendimientos mineros y el secretario de Industria, Diego Dorigato, aseguró que “la provincia tiene el ojo puesto en el desarrollo de las energías renovables y del sector ganadero”.
Más aún, el secretario de Asuntos Agrarios, Flavio Aguilera, encabezó una reunión con empresarios del sector forestoindustrial en la que, de acuerdo a fuentes gubernamentales, “acordaron buscar soluciones a temáticas como el abastecimiento de materia prima, controles y gestiones ante las oficinas públicas”.
Los empresarios madereros llevaron a la cita su enojo por la intensificación de los controles y por la “demora” en la entrega de Guías de Tránsito Forestal. Ambiente, en efecto, endureció los controles luego de detectar irregularidades en la entrega de esos documentos oficiales.
Los sospechosos de siempre
Entre los participantes de la reunión con Aguilera, virtual ministro de área según aseguran los empresarios agroindustriales, se destacó la presencia de Julio Chávez, presidente de la Asociación de Productores Foresto Industriales y Comerciales de la Provincia de Salta.
Hace 5 años, Chávez fue denunciado por el entonces ministro de Ambiente, Francisco López Sastre, como el “el gestor de los intentos de estafa” cuando dos personas, José Yáñez y Oscar Vázquez, pretendieron cobrar fondos de la Ley de Bosques en favor de un fallecido de nombre Daniel Oscar Rodríguez.
“Ese día (el 12 de abril de 2011) José Yáñez y Oscar Vázquez fueron apresados en la casa central del Banco Macro, cuando pretendían abrir una cuenta para cobrar fondos que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta había aprobado, a favor de Daniel Oscar Rodríguez, titular fallecido de la finca El Cuchillo, por un proyecto de conservación de monte que gestionó el abogado Julio Chávez en esa fracción de 10 mil hectáreas de Rivadavia Banda Sur” informó en su momento el diario El Tribuno.
El abogado Chávez, en efecto, como consultor ambiental elaboró el proyecto de conservación y fue procesado por la justicia federal por el presunto delito de fraude contra la administración pública junto a otras 5 personas: José Luis Yáñez Benítez y Oscar Vázquez por falsificación de documento y fraude a la administración pública en grado de tentativa, y los entonces funcionarios Sebastián Varela, María Ángeles Finetti, y Juan Carlos Godoy por incumplimiento de deberes de funcionario público.
Este último, Juan Godoy, titular de la Agencia de Bosques durante la gestión de López Sastre, también estuvo en una reciente actividad organizada por la Secretaría de Ambiente: una reunión de revisión del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.
En su carácter de representante de la Fundación Oikos para el Desarrollo Sustentable, criticó a la secretaría “porque es burocrática y funciona mal” como si su paso por los despachos oficiales hubiera dejado algún aporte significativo. Y, además, argumentó en favor de la “revisión” del ordenamiento territorial de la provincia.
Pese a esos oscuros antecedentes, Godoy (también cuestionado por entregar subsidios por al menos $10 millones a su fundación cuando era funcionario público) y Chávez son parte del coro de voces que se alzan por estas horas para pedir nuevas y favorables condiciones para la producción agroindustrial en la provincia.
Más de lo mismo
Contento con el estimulante mensaje de Urtubey a la tribuna de la Sociedad Rural, el titular de la entidad, Ignacio Lupión, aseguró “podrían agregarse entre 3 y 4 millones de hectáreas productivas, lo que se traduciría en 2 millones de cabeza de ganado más”.
“Salta cuenta con 1 millón de cabezas y abastece (el consumo de carne de) el 30% de la población mientras el restante 70% se importa de otras provincias” prometió el dirigente rural y explicó que al reordenamiento territorial “habrá que agregarle financiamiento e infraestructura, temas que no se mencionaron en el discurso del gobernador”. En eso coinciden en todas las entidades rurales de la provincia.
Hasta el momento no se conocen precisiones ni detalles del reordenamiento territorial que se trabaja en algún despacho del gobierno pero se descuenta que omitirá las palabras “recategorizaciones” y “topadoras” para evitar conflictos con Greenpeace y otras organizaciones ambientalistas. De seguro será presentado bajo la fórmula del Manejo del Bosque con Ganadería Integrada, un método de producción impulsado por los ministerios de Agroindustria y de Ambiente de la Nación y avalado por el INTA, que no convence a ambientalistas ni productores salteños. “Así planteado el MBGI es un retroceso porque reduce las exigencias de conservación que actualmente prevé la legislación provincial” lamentó un técnico del gobierno mientras que un productor ganadero explicó que “esta es una opción que sirve sólo a baja escala (para ganadería de subsistencia) pero no para un proyecto empresarial”.
En cualquier caso, la orientación empresarial del gobierno nacional y su consecuente marco macroeconómico (eliminación o reducción de retenciones, flexibilización de las exportaciones y tipo de cambio favorable para el modelo agroexportador)genera una enorme presión sobre Salta, una de las provincias con más tierras susceptibles de ser incorporadas a la producción. También, por supuesto, la imperiosa necesidad de gestionar los dineros suficientes para desarrollar eficientes mecanismos de control y de conservación de los recursos naturales.
