Los productores de las siete provincias tabacaleras (Jujuy, Misiones, Salta, Tucumán, Catamarca, Corrientes y Chaco), se encuentran preparando una movilización a la ciudad de Buenos Aires para el 19 de setiembre, a fin de realizar reclamos al Congreso, la AFIP, a la Corte Suprema de Justicia y al ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, hoy devenido en Secretaría dependiente del super ministro Sergio Massa.

Al Congreso, para solicitarle a los diferentes bloques la modificación de la ley de impuesto a los cigarrillos e incorporar al Fondo Especial del Tabaco (FET) a los habanos, “habanitos” y al tabaco picado, que actualmente no están tributando y que, en caso de hacerlo, sumarían entre 3.000 y 4.000 millones de pesos al año.

A la AFIP, para reclamar que efectúe el cobro de los impuestos y que instale controladores fiscales en las tabacaleras para tener los números reales de la venta de paquetes y no por una simple declaración jurada. En la Corte Suprema de Justicia, en tanto, demandarán alguna medida administrativa para que las tabacaleras agrupadas en la Cámara Nacional de Empresas Tabacaleras -CANET- dejen de encontrar jueces federales que le acepten los amparos y dilaten los tiempos mientras siguen sin tributar. 

Por último, reclamarán a la Secretaría de Agricultura que cumpla con la ley que establece la transferencia automática del FET a las provincias en lo que hace a la disposición pronta del dinero,

CANET agrupa a las empresas que se niegan a tributar el impuesto: Bronway Technology SA, Tabes SA, Formen SA, Cigarrillos y Tabaco SA, las que, junto a Tabacalera Sarandí SA, son permanentemente beneficiadas con medidas cautelares de distintos jueces nacionales y de varias provincias, para no pagar el impuesto interno mínimo a los productos del tabaco, lo cual repercute en menor recaudación del Fondo Especial del Tabaco. Y aun cuando esas medidas son revocadas, estas empresas recorren el país encontrando jueces que le aceptan los amparos, lo que les permite “ofrecer” precios bajos de sus paquetes de cigarrillos y alcanzar en la actualidad un 40 % del volumen total de ventas.

Los salteños conocen varias de las marcas que comercializan las mencionadas empresas, entre las que se destacan CJ (jujeña), Red Point, Weat, Marbella, Pier y nuestro antiguo y a veces no bien ponderado, Achalay, entre otras.

Por otro lado, el FET es una caja que recauda la AFIP y se distribuye entre los casi 22.000 productores para compensar a y mejorar el precio que reciben por su producto, financiar la obra social, atender situaciones de emergencias y elaborar programas de reconversión productiva. Pero en los últimos años la producción de tabaco cayó por la sequía y la recaudación del FET disminuyó pues debido a la crisis económica, los fumadores compran los cigarrillos “baratos” que no tributan impuestos. Entonces la recaudación se achica y por ende, la rentabilidad de los productores.

La administración de dicho fondo está bajo la responsabilidad de la Coordinación de Tabaco, dependiente de la mencionada Secretaría de Agricultura, a cuyo frente estuvo hasta abril del presente año, nuestro comprovinciano y dirigente de Partido de la Victoria, José Vilariño. Tras su fallecimiento, el cargo es ocupado por Guido Varas, riojano y hombre del ex Ministro Julián Domínguez y ratificado en su cargo por el nuevo Secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bahillo.

Desde su cargo, Varas recorre las provincias productoras de tabaco, se supone, que recogiendo las problemáticas que hacen al sector, referidas mayormente a la transferencia de los fondos recaudados y la baja en la recaudación, a causa de las mencionadas medidas cautelares. Por eso extrañó, que hace pocos días el Coordinador de Tabaco de la Nación se hiciera presente en la vecina provincia de Tucumán, en compañía de Pablo Otero, presidente de Tabacalera Sarandí SA, a fin de “acercar” soluciones que beneficien a los productores tucumanos. 

DON OTERO

Tabacalera Sarandí SA integra el grupo Madero Sur, controlado por el empresario Pablo Otero y con su marca Red Point controla aproximadamente un 16 % del mercado tabacalero local, históricamente dominado por Massalin Particulares -filial del grupo Philips Morris- y BAT Argentina (ex Nobleza Piccardo). También comercializa la marca West, mediante un acuerdo de asociación con la compañía inglesa Imperial Tobacco, considerada la cuarta mayor tabacalera del mundo, con una facturación anual que ronda los u$s40.000 millones anuales. También es dueña de marcas como Fortuna y Davidoff que se venden en 160 mercados de todo el mundo, incluyendo los Estados Unidos y China.

Conocido como el “Yabrán del tabaco” y al igual que éste, “Don Otero” gusta presentarse como el pequeño David que se bate en una épica pelea contra las grandes multinacionales del sector como Philips Morris y Nobleza Piccardo, denunciándolas penalmente por acoso, conductas empresariales impropias fraude al Estado. Además, intenta acuerdos con Cooperativas productoras y solicita exenciones impositivas provinciales con la promesa de radicar su empresa o parte de ellas en esos distritos.

Son muchas las historias que se tejen alrededor de este personaje, de aceitados vínculos con Gendarmería Nacional, Sindicatos de obreros tabacaleros y, al parecer, jueces del Fuero Contencioso Administrativo Federal. Se habla de aprietes y asaltos a camiones de las empresas de la competencia, robo de clientes por medio del mecanismo de dumping, ataques físicos ejecutados por sicarios, incendios de los locales de muchas pymes tabacaleras, denuncias anónimas y amenazas de todo tipo.  Y a la vez, es creciente el rumor que persigue y extorsiona  a sus competidores más pequeños para ponerlos en dificultades financieras, arrebatarles las empresas, y “comerles” su participación en el mercado, según un artículo publicado el año pasado por el periodista Martín Cabrales.

Durante los últimos días del mes de agosto, Otero estuvo en Tucumán con Guido Varas, almorzando en la zona del parque 9 de julio y luego en la Cooperativa de Productores Tabacaleros, ubicada en el departamento de La Cocha, principal región productora de esa provincia.

El funcionario nacional presentó a Otero como interesado en adquirir el tabaco que se compra y procesa en la cooperativa, además de acercar soluciones de infraestructura la entidad, a efectos que ésta pueda responder con mayor celeridad a las demandas de Tabacalera Sarandí SA., soluciones que provendrían de los recursos que la Nación distribuye a las provincias productoras por la recaudación del impuesto que Otero y su empresa se niegan a tributar.

Justamente, hace tres meses, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Enrique Lavié Pico, dictaminó la inconstitucionalidad del impuesto interno mínimo, que rige para la venta de cigarrillos, lo que habilitaría a toda la industria tabacalera a evitar el pago del mínimo de 151 pesos por paquete, accionar que afectará fuertemente la recaudación nacional y provincial proveniente de los impuestos al tabaco como también los recursos del Fondo Especial del Tabaco (FET). Lo curioso es que la historia comenzó cuando Tabacalera Sarandí presentó una cautelar para dejar de pagar el impuesto interno mínimo y fue inicialmente el mismo juez, Enrique Lavié Pico, quien rechazó la medida cautelar a la que ahora le dio luz verde. 

La empresa estableció una telaraña de recursos judiciales para evitar el impuesto que -se estima- afectó la recaudación del Estado nacional por 1.650 millones de dólares en los últimos siete años y que, en 2022, la pérdida de recursos alcanzaría los 580 millones de dólares.

En mayo de 2021, la Corte Suprema falló a favor de AFIP y en contra de Tabacalera Sarandí, dejando sin efecto la medida cautelar y generando precedente en las causas de las demás empresas. Sin embargo, ninguna de estas compañías, entre las que se encuentra también la salteña Tabes -Tabacos Especiales SA-, pagó el impuesto mínimo obligatorio desde ese entonces. Para profundizar el conflicto, desde principios de 2022 Tabes, Bronway y otras empresas evasoras fueron solicitando a jueces nuevas cautelares para continuar eludiendo los impuestos reglamentarios. 

Consultado por la razón de su presencia y acompañamiento de Otero en la provincia de Tucumán, el representante de la Secretaría de Agricultura de la Nación dijo que solo se debió a una cuestión protocolar. Habría que preguntarles a los productores tabacaleros y en particular a los salteños, que piensan de dicho protocolo. Y quizás también al Super Ministro de Economía Sergio Massa, si dentro de las medidas que ejecuta y planea para sostener las economías regionales como generadoras de trabajo y de divisas, se incluye la actuación de uno de sus funcionarios como representante de denunciantes y denunciados, en una clara actitud de que la VARA viene muy baja.