Una investigación por presuntas irregularidades en la emisión de aptos psicofísicos para licencias profesionales derivó en allanamientos y la detención de una empleada administrativa en la ciudad de Salta.
La denuncia fue presentada por la Clínica Cruz Azul, prestadora de estudios psicofísicos para la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), tras detectar que 3.477 personas habrían sido calificadas como aptas sin haber realizado la correspondiente evaluación médica.
El caso es investigado por la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio. En ese marco, personal del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) llevó adelante allanamientos en tres domicilios ubicados en el macrocentro y en el barrio Pereyra Rosas.
Como resultado del operativo, una mujer fue detenida y trasladada a la Alcaidía General, mientras que se secuestró documentación relevante para la causa.
La intervención judicial se inició a partir de una denuncia radicada el 23 de diciembre por el apoderado de la clínica contra una empleada administrativa. Según se indicó, durante la ausencia de una trabajadora, una supervisora detectó la emisión de recibos por prestaciones no registradas y la carga de certificados de aptitud en el sistema oficial REPRE correspondientes a personas que no habrían sido atendidas.
A partir de estas irregularidades, la empresa solicitó un informe completo de los aptos emitidos durante 2025 y modificó las claves de acceso al sistema. El cruce de datos entre el sistema interno GoMedisys y el REPRE permitió detectar una diferencia de 3.477 certificados sin respaldo en atenciones reales.
Mientras avanzaba la investigación interna, la empleada señalada presentó su renuncia el 12 de diciembre. Sin embargo, el 22 de ese mismo mes se registró la carga de seis nuevos certificados irregulares desde otro usuario.
Las tareas investigativas incluyeron el análisis de sistemas informáticos y el entrecruzamiento de bases de datos, lo que permitió vincular las maniobras con la empleada detenida, quien habría ingresado certificados sin sustento médico y generado comprobantes por prestaciones inexistentes.
Además, se solicitaron informes a entidades bancarias y plataformas digitales para seguir el rastro de las operaciones financieras. Una pericia contable detectó una marcada desproporción entre los ingresos declarados por la sospechosa y los movimientos en sus cuentas, con transferencias provenientes de terceros que coincidirían con personas incluidas en los registros de la clínica.
Los investigadores también identificaron a otras dos personas que habrían colaborado en la maniobra.
Con las pruebas reunidas, la fiscal solicitó al Juzgado de Garantías 8 el allanamiento de los domicilios, la detención de la principal sospechosa y el secuestro de elementos de interés para la causa.
