Con dos tercios del senado, la oposición convirtió en ley el financiamiento de las universidades y el gobierno libertario adelantó que vetará la medida. Los tres senadores salteños acompañaron el proyecto. Los datos que respaldan la iniciativa.

Kim Im Porta

Con el voto positivo de los tres salteños, el Senado aprobó el pasado jueves la ley de financiamiento universitario. Una derrota legislativa del gobierno libertario que anticipó el veto de la medida, tal como ocurrió con la reforma jubilatoria.

Una de las incógnitas, por sus reiterados apoyos al gobierno, era el posicionamiento del exgobernador Juan Carlso Romero. El senador salteño finalmente dio su apoyo al proyecto, aunque con un dejo de ambivalencia. Fundamentó su voto positivo “porque creo en la educación pública”, aunque admitió que “hay muchas cosas que corregir”. “La educación es una inversión; pero la inversión necesita resultados”, observó, señalando que cuando llegue al Congreso el Presupuesto será el momento de analizar “cómo repartimos con equidad” y en ese marco “la educación es una prioridad”.

Sus pares Nora Giménes y Sergio Leavy, también acompañaron el proyecto presentado por la diputada Danya Tavela (Unión Cívica Radical). La norma propone declarar la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional para el año 2024, con el objetivo de “atenuar, ante el aumento de los costos de los bienes y servicios esenciales, el impacto que los mismos tienen para los compromisos salariales y los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales”.

Para los gastos de funcionamiento, la iniciativa propone actualizar las partidas del Presupuesto 2023 (prorrogado por el Gobierno de Javier Milei) según la inflación acumulada ese año (del 211,4%) y luego aplicar un incremento bimestral de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La ley también modifica el artículo 58 de la Ley de Educación Superior, estableciendo nuevos criterios para la distribución del presupuesto entre las universidades. Estos criterios incluyen factores como el número de estudiantes, tipos de carreras, cantidad de egresados, áreas de vacancia y actividades de investigación y extensión.

De acuerdo con los datos publicados por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), al contrastar la pauta salarial de un docente universitario con la inflación publicada por el INDEC, en agosto de 2024 la caída del poder de compra fue del 9,2% respecto de diciembre de 2023.

Por ejemplo, un auxiliar de primera con dedicación simple (9 horas semanales) y 10 años de antigüedad, en diciembre de 2023 percibía $ 132.035,51, y en agosto de 2024 cobró un salario bruto de $ 232.531,90.

Si la comparación se realiza sobre los sueldos de noviembre (antes de la inflación del 25,5% registrada en diciembre), la caída hasta agosto fue del 23,71%.

La realidad universitaria en datos

Con información recolectada de diversos estudios, la Universidad de Buenos Aires argumentó la necesidad de aprobar e implementar el financiamiento universitario. Además, destacaron que el proyecto comprende gastos que equivalen solamente al 0,14% del PBI.

La encuesta nacional de percepciones de la educación argentina realizada en 2023 por el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA muestra que el universitario es el nivel educativo mejor valorado socialmente.

Además, el informe demostró que la mayoría valora más un título obtenido en una universidad pública por sobre uno de una universidad privada.

Por otro lado, la última encuesta nacional realizada por Pulsar, un observatorio especializado en opinión pública, sobre creencias sociales, indagó sobre las percepciones y posicionamientos respecto al sistema universitario en particular y la educación en general.

Allí se encontró que 3 de cada 4 argentinos rechazan los recortes en educación, ciencia y tecnología. Estas valoraciones fueron transversales a todos los segmentos sociales. Este relevamiento se hizo en junio de este año.

Según la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, en Argentina hay 2.714.277 estudiantes universitarios, de los cuales 2.030.633 están inscriptos en universidades de gestión estatal. Esto representa el 75% de la matrícula.

Además, entre 2012 y 2022, casi que se duplicó la cantidad de nuevos inscriptos por año en las universidades públicas. En cambio, en las privadas el número se mantuvo bastante estable, con un leve crecimiento a partir de 2021.

Desde la UBA también destacaron que “el sistema universitario público de nuestro país es único en el mundo porque combina masividad, excelencia académica e ingreso irrestricto”.

Según el Ranking QS, que ordena anualmente 800 universidades del mundo, la UBA en particular se ubica en el top 100 de mejores universidades del mundo y es la mejor universidad de Iberoamérica.

Salarios rezagados

Un informe elaborado por la Universidad de San Martín y la Universidad Nacional de Rio Negro muestra cómo los profesores y trabajadores nodocentes percibieron, desde 2023, aumentos por detrás de la inflación acumulada.

“Los salarios de más del 85 % de las y los docentes están por debajo de la línea de pobreza. A la vez, más del 60 % de las y los no docentes se encuentran en esa situación”, indica el estudio presentado a comienzos de septiembre de este año.

Y detallaron: “ Los mismos datos estiman una pérdida del poder adquisitivo del 33,3% entre diciembre de 2023 y julio de 2024, sobre un contexto con una inflación acumulada del 134,5% y una recomposición salarial de apenas el 56,9% (77,6% puntos porcentuales de diferencia)”.

Además, investigadores del Instituto Interdisciplinario de Economía Política sostienen que en lo que va del año el programa presupuestario vigente presenta una caída real del 31,5% respecto al año anterior y de casi un 25% en referencia a igual período en 2022.