En tiempos de campaña, los empresarios vuelven a tener fe en Mauricio Macri. La candidatura de Cristina alineó a los dirigentes de la UIA por temor “al regreso del populismo”.
La confirmación de que Cristina Kirchner competirá en las elecciones no sólo cumplió uno de los sueños de campaña de Durán Barba, el de un peronismo dividido en tres, sino que le trajo al Gobierno un aliado corporativo impensado: los empresarios, todavía escépticos de un gran despegue económico e incluso bastante críticos de Mauricio Macri , han decidido acompañar las políticas oficiales o, al menos, no quejarse de ellas en público hasta no estar seguros de que quedó despejada la peor de las amenazas, que es el regreso del populismo.
Esta inesperada confluencia de objetivos se hizo más explícita hace dos semanas, el día en que el Presidente y algunos de sus colaboradores recibieron en la Casa Rosada a la Unión Industrial Argentina (UIA), la entidad empresarial que cuenta todavía entre sus miembros con mayor cantidad de perjudicados por el modelo económico.
Las conclusiones que sacó del encuentro ese grupo de nueve visitantes fueron compendiadas el martes pasado, en la reunión de la junta directiva que la UIA hace cada dos semanas en Avenida de Mayo al 1100, y que encabezaron Miguel Acevedo y Luis Betnaza. Lo más relevante de esa sesión de análisis del discurso macrista surgió con la intervención de Alberto Álvarez Saavedra, directivo de laboratorios Gador y secretario de la central fabril, quien transmitió a sus pares una recomendación del jefe del Estado: para contribuir con la estrategia oficial de bajar paulatinamente la presión tributaria, planteó Macri, tal vez lo mejor sería que las empresas fueran a la Justicia a reclamar contra las provincias en aquellas situaciones en que el impuesto a los ingresos brutos se ha vuelto distorsivo.
Es un problema complicado: la discusión, que incluye los acuerdos que las administraciones locales tienen con compañías grandes que han elegido como agentes de retención tributaria de sus proveedores, podría poner en juego tanto las recaudaciones de los distritos como la relación con los gobernadores. El reclamo de los hombres de negocios, una constante de los últimos años, obedece no sólo a la magnitud de algunas alícuotas, sino a que en muchos casos no está claro si corresponde pagarlas porque se cobran de manera automática y en áreas donde directamente las firmas contribuyentes no tienen más que una presencia administrativa.
Aquella sugerencia de Macri, que vino con el pedido de que no aceptaran en las paritarias aumentos salariales por arriba del 25% anual y de que se pusieran firmes contra la industria del juicio, es en sí misma una radiografía del pensamiento presidencial: en su contrapunto contra lo que denomina «el pasado», Cambiemos ha decidido poner en la cúspide de prioridades a los jueces y a los fiscales.
Macri había hecho pública esta postura hace un mes, en el Colegio de Abogados, cuando se quejó de la procuradora Alejandra Gils Carbó, de la «mafia de la industria del juicio laboral», y mencionó a Enrique Arias Gibert y Graciela Marino, dos camaristas a quienes el Gobierno les reprocha haber fallado en el verano en favor de la paritaria de los bancarios, contra las intenciones del Ministerio de Trabajo.
Esta detección de necesidades mutuas representa para el establishment toda una novedad. Destinatarios con frecuencia de la desconfianza y los reproches del Presidente, los industriales se sienten desde aquella reunión, acaso por primera vez, parte del proyecto oficial. Es un cambio cualitativo. Tanto que el martes, en la UIA, alguien se atrevió a dar vuelta el concepto que la mayoría tiene de Macri. No es en realidad el jefe del Estado quien no entiende o no muestra interés por la industria, sector que es en definitiva el que lo forjó, dijeron: hay que cuidarse más bien de otros miembros del gabinete que, al no haber creado jamás empresas, siguen ejerciendo desprecio y desconocimiento hacia el mundo corporativo privado.
Ya vendrá el momento de volver a protestar por el modelo, el tipo de cambio, la presión impositiva y la caída en la actividad. En campaña electoral, entre dueños se entienden.
Fuente: La Nación
