Por Lorena González. La autora es la presidenta de la Fundación Nuevos Derechos (@fundecoar) de Argentina.

Quisiera proponer una reflexión que parte de una certeza incómoda: el movimiento feminista y las organizaciones de derechos humanos de Argentina y nuestra región están atravesando uno de los momentos más críticos de las últimas décadas. No solo porque enfrentamos gobiernos con discursos cada vez más hostiles hacia la igualdad, sino porque asistimos a un proceso mucho más profundo: la deslegitimación sistemática de la idea misma de los derechos humanos como responsabilidad del Estado.

En Argentina conocemos muy bien el valor de las políticas públicas. Los avances en materia de derechos de las mujeres no fueron el resultado de una concesión espontánea del poder; fueron el producto de décadas de organización, cooperación internacional, producción de conocimiento e incidencia política. Entre otras, La Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; la Ley Micaela; la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad; el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género; la Ley de Educación Sexual Integral; la Ley de Interrupción voluntaria del embarazo; la ENIA (Plan Nacional de prevención del embarazo adolescente); la implementación del Programa Acompañar; el fortalecimiento de sistemas de información, equipos territoriales y dispositivos de asistencia. Todo aquello fue parte de una arquitectura institucional construida durante años con lucha y participación de organizaciones sociales, organismos internacionales, universidades y organismos públicos.

Nada de eso surgió de un día para otro. Sin embargo, parte importante de esa arquitectura comenzó a desmantelarse en muy poco tiempo desde la llegada de Javier Milei al poder.

La eliminación del Ministerio de las Mujeres; el vaciamiento o la paralización de programas específicos; la reducción de los equipos técnicos; la desjerarquización institucional de las políticas de género; la obstaculización del acceso a algunos de estos derechos consagrados; el cuestionamiento a los consensos internacionales sobre igualdad; y el debilitamiento del diálogo con la sociedad civil representan mucho más que decisiones administrativas: representan una pérdida de capacidad estatal.

Y cuando el Estado pierde su capacidad para prevenir, asistir y reparar, las consecuencias aparecen en la vida cotidiana: menos acompañamiento para las mujeres que atraviesan situaciones de violencia; menos presencia territorial; menos información y datos para diseñar políticas públicas; organizaciones que desaparecen o limitan su impacto por falta de fondos de cooperación, convenios o convocatorias públicas; pérdida de profesionales altamente capacitados; desarticulación de redes que tardaron décadas en construirse

Por eso es un error pensar que el desmantelamiento institucional es reversible con la misma velocidad con la que ocurre. Recuperar capacidades estatales lleva años y las vidas perdidas y las violencias que no logramos prevenir no se revierten.

Pero este proceso no ocurre solamente en el plano institucional: Está acompañado por una ofensiva cultural que busca desacreditar décadas de producción política, académica y social. Una de sus herramientas más eficaces ha sido la difusión de la denominada “ideología de género”. No es un concepto académico. No describe una teoría existente ni una corriente del pensamiento. Es una construcción política, diseñada para instalar la idea de que el feminismo constituye una amenaza para la sociedad y para convertir la igualdad en un campo de disputa.

Frente a esa narrativa necesitamos recuperar el verdadero sentido del feminismo.

El feminismo no es una ideología del privilegio ni de la confrontación. Es, en su sentido más profundo, una filosofía política de la igualdad. Una ética democrática que sostiene que ninguna persona debería ver limitados sus derechos por su género, su origen étnico, su orientación sexual, su edad, su condición económica.

Su mirada es necesariamente interseccional, porque comprende que las desigualdades nunca operan de manera aislada. El patriarcado se articula con el racismo, con los legados coloniales y con profundas desigualdades económicas y sociales para producir exclusión, violencia y privación de derechos.

Por eso el feminismo no combate únicamente la violencia contra las mujeres. Combate las desigualdades estructurales que degradan la democracia y limitan la dignidad humana.

Y quizás esa sea, precisamente, la razón por la cual hoy se ha convertido en uno de los principales enemigos de los proyectos autoritarios. Porque el feminismo democratiza el poder, fortalece lo público, defiende instituciones que garantizan derechos, hace visibles desigualdades que algunos prefieren mantener ocultas, cuestiona estructuras históricas de concentración del poder y de los privilegios.

Los poderes que se benefician de esas desigualdades comprenden bien que el feminismo no es una “agenda sectorial” sino una propuesta profundamente transformadora de la democracia. Por eso buscan desacreditarlo, caricaturizarlo y reducirlo a una consigna ideológica. Y por eso desfinancian, persiguen y acosan política y mediáticamente y en redes sociales a las referentes y a las organizaciones feministas, cercenando los derechos políticos de estas con el impacto que esto tiene en la representación y en la calidad de la democracia.

Frente a esa ofensiva, nuestra respuesta no puede ser el aislamiento. Es justamente en estos contextos donde la cooperación internacional deja de ser un complemento para convertirse en una condición de supervivencia: de las organizaciones, de las defensoras de los derechos humanos, de la producción de conocimiento, supervivencia de las agendas feministas.

Y, sobre todo, supervivencia de miles de personas cuya única red de protección muchas veces es una organización social.

La cooperación internacional no debe entenderse únicamente como financiamiento. Necesitamos una cooperación política, capaz de sostener la vigencia de los estándares internacionales de derechos humanos. Una cooperación técnica, que preserve capacidades institucionales y fortalezca las políticas públicas. Una cooperación académica, que permita seguir investigando, formando profesionales y documentando lo que ocurre en nuestros países. Una cooperación jurídica, que proteja los marcos normativos conquistados y fortalezca los sistemas internacionales de protección. Y una cooperación entre Estados y organizaciones que impida que cada país enfrente en soledad los retrocesos democráticos.

Porque la historia del feminismo demuestra que nuestras mayores conquistas nunca fueron exclusivamente nacionales. Fueron regionales. Fueron internacionales.

La CEDAW, la Convención de Belém do Pará, la Plataforma de Acción de Beijing, la Agenda 2030 y los consensos regionales construidos en el marco de la CEPAL no solo establecieron principios entre otras conquistas: construyeron un lenguaje común, estándares compartidos y mecanismos de exigibilidad que fortalecieron nuestras luchas y ampliaron derechos para millones de personas.

Hoy aquellos consensos están siendo cuestionados. Y cuando se debilitan los consensos internacionales, avanzan también los discursos de odio, los autoritarismos y la idea de que la igualdad constituye una amenaza. Por eso necesitamos más redes. Más cooperación. Más alianzas.  Más solidaridad entre organizaciones, universidades, organismos internacionales y pueblos de América Latina. Porque las crisis son transnacionales. Y la defensa de los derechos humanos también debe serlo.

Propongo una advertencia y una esperanza.

La advertencia es que los retrocesos que vemos no se medirán solamente en presupuestos o estructuras administrativas. Se medirán en vidas, en violencias que no logramos prevenir, en niñas que crecieron sin protección, en mujeres que no encontraron una puerta abierta cuando más la necesitaban.

Y la esperanza es que todavía estamos a tiempo.

Estamos a tiempo de sostener las organizaciones. De cuidar a quienes cuidan. De fortalecer las redes globales de cooperación. De preservar la memoria institucional y la producción de conocimiento. De defender los marcos jurídicos que tanto costó conquistar.

Porque el mayor riesgo no es solamente perder políticas públicas. El mayor riesgo es que dentro de algunos años tengamos que hacer arqueología feminista para explicarles a las nuevas generaciones que alguna vez existieron instituciones, programas, redes y consensos internacionales que protegían derechos y salvaban vidas y sobre todo mujeres organizadas defendiendo la vida y construyendo presente y futuro.

Nuestra responsabilidad es evitar que eso ocurra.

Y la cooperación internacional, hoy, no constituye un gesto de solidaridad. Es una forma de resistencia democrática.

Es la infraestructura que permite sostener organizaciones, preservar capacidades, proteger a quienes defienden derechos y mantener viva la esperanza de sociedades más justas. Apostar a la cooperación internacional es, hoy, defender la democracia.

Y defender la democracia es seguir creyendo que la igualdad no es una utopía: es una responsabilidad colectiva.