El senador salteño Juan Carlos Romero enfrentó un revés judicial tras el fallo del Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal N° 4, que rechazó su demanda contra Google Inc. La acción judicial fue promovida por Romero bajo la figura del habeas data, argumentando que el buscador lo vinculaba con actividades delictivas mediante resultados de búsqueda y sugerencias automáticas.
Los argumentos de Romero
En su presentación, Romero sostuvo que al buscar su nombre en Google, el motor de búsqueda generaba resultados que facilitaban el acceso a información falsa y dañina, alojada principalmente en Wikipedia. Según el senador, dichos contenidos lo asociaban con denuncias por enriquecimiento ilícito, corrupción y vínculos con el narcotráfico, entre otros.
Romero también señaló que el sistema de «sugerencias automáticas» de Google incluía términos como «delincuente» y «corrupción» junto a su nombre, lo que agravaba el daño a su imagen pública. Ante la falta de respuesta por parte de Google a una carta documento enviada en 2020, decidió recurrir a la justicia para solicitar la eliminación y desindexación de estos resultados.
La defensa de Google
Google respondió negando los hechos y alegando su rol de intermediario en la búsqueda de información, sin ser responsable del contenido alojado en sitios externos como Wikipedia. La empresa subrayó que no edita, modifica ni controla el contenido de las páginas web enlazadas y que cualquier acción legal debería dirigirse contra los titulares de dichos sitios.
Además, Google defendió la importancia de la libertad de expresión y el acceso a la información como derechos fundamentales protegidos constitucionalmente, especialmente en temas de interés público relacionados con figuras políticas.
El fallo judicial
El tribunal, en un extenso fallo de nueve páginas, resolvió rechazar la demanda de Romero. Según el juzgado, no se comprobó la existencia de contenido «manifiestamente ilícito» en los resultados de búsqueda ni en las sugerencias automáticas del buscador.
El fallo también destacó que las denuncias mencionadas en Wikipedia incluían aclaraciones sobre la nulidad de las causas y rectificaciones ordenadas judicialmente en otros casos. Además, el tribunal consideró que la información en cuestión tenía relevancia pública debido al rol político de Romero.
En cuanto al derecho al honor, el tribunal señaló que este debía ponderarse en equilibrio con la libertad de expresión, que ocupa un lugar preeminente en una sociedad democrática.
Impacto económico del fallo
El juez impuso las costas del juicio en el orden causado y reguló los honorarios de los abogados y el perito interviniente en más de dos millones de pesos en total.
