Se presentó el informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados sobre la situación que vivió la menor de Alto La Sierra que fue violada en noviembre pasado. El trabajo consideró que existieron fallas en los mecanismos gubernamentales.
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la provincia presentó anoche durante la sesión ordinaria en la Legislatura el informe sobre lo sucedido en Alto La Sierra, donde fue violada una menor de doce años.
La Comisión recogió testimonios y consideró que todas las autoridades judiciales y administrativas obligadas a cumplir con los protocolos de atención integral para los casos de abortos no punibles y para la atención integral de las víctimas de violación, no lo hicieron.
Los diputados aseguraron que existieron fallas en los mecanismos gubernamentales del Poder Ejecutivo y Judicial para la contención y el acompañamiento de la víctima y la familia teniendo en cuenta las leyes vigentes al respecto. Además, que las medidas judiciales tomadas durante el proceso penal por las autoridades no fueron oportunas y conducentes para el esclarecimiento del hecho. Asimismo no se observó la correcta preservación de los elementos de prueba que pueden resultar irreproducibles. Por último se observó una sobreactuación por parte de los funcionarios judiciales que tomaron parte en el proceso a partir de la intervención de la Cámara de Diputados.
El informe, junto a lo manifestado por los diputados en la sesión, se remitirá a la Corte de Justicia, el Procurador General, la Defensora General y la Asesora de Incapaces, sugiriendo que se tomen las medidas que pudieran corresponder contra los actores judiciales que participaron del proceso. Asimismo, se lo remitirá al jefe de Gabinete de Ministros para que inicie un sumario de investigación en los ministerios que debieron intervenir: Derechos Humanos y Justicia, Salud Pública, Asuntos Indígenas, Seguridad y Primera Infancia. El diputado Manuel Santiago Godoy afirmó que hubo fallas graves en todo el proceso, por lo que se debe sancionar a los responsables. Con respecto al futuro expresó que los diputados deben estar atento a idear mecanismo que desde las leyes ayuden a evitar que suceda nuevamente un caso similar y planteó la creación de un defensor oficial exclusivo para asuntos indígenas con asiento en Tartagal, como una herramienta al respecto. El informe y las conclusiones fueron aprobados por unanimidad.
