El secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, calificó de «extraordinaria» la evolución del reclamo por 400.000 hectáreas en un territorio indiviso y con título único por parte de comunidades indígenas salteñas nucleadas en la Asociación Lhaka Honhat. El reclamo, sin embargo, empezó en 1998.

La información fue difundida hace instantes por Tiempo Argentino y está referida al caso presentado ante ese organismo por la Asociación Aborigen Lhaka Honhat con el patrocinio del CELS en 1998, representa «una tremenda oportunidad» de reconocer a los pueblos indígenas como sujeto de derechos. «Encontramos voluntad de construir soluciones para enfrentar problemas estructurales», afirmó el sociólogo mexicano, que desde 2012 es secretario ejecutivo de la CIDH. En ese marco, el mexicano dijo también que Argentina es el país que «mejor» usa el sistema interamericano de Derechos Humanos.

La historia del reclamo se retrotrae a 1998 cuando la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado argentino.

El sitio www.escr-net.org/es/docs/i/404271, recuerda que las comunidades habitantes de la provincia de Salta denunciaron violaciones a sus derechos a la tierra ancestral, a la integridad cultural y a un ambiente sano ante la decisión del Estado de construir un puente internacional y ejecutar un plan de urbanización en su territorio, hechos que modificarían sensiblemente su forma de vida. Las comunidades reclamaron la realización previa de un informe de impacto socio-ambiental y de una consulta a quienes históricamente han ocupado, usado y poseído las tierras. Además, reclamaron el título de propiedad del territorio que habitan.

En noviembre de 2000, se inició un proceso de solución amistosa en el marco de la CIDH, en el cual el Estado se comprometió a suspender el proyecto de infraestructura y en el que se conformó un grupo de trabajo con el objetivo de elaborar una propuesta para la entrega de las tierras. Entre los años 2002 a 2005 se elaboró información técnica y se alcanzaron distintos acuerdos para lograr el objetivo final de la entrega de tierras. A pesar de los acuerdos parciales obtenidos, a fines del 2004,  el gobierno presentó un documento que establece criterios arbitrarios para la distribución de las tierras. Luego, el gobierno resolvió interrumpir el diálogo y retirarse de la mesa de negociación. En consecuencia, Lhaka Honhat, el CELS y CEJIL solicitaron a la CIDH la adopción de medidas cautelares. La CIDH le advirtió al Estado que en caso de fracasar el diálogo, presentaría la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde entonces las negociaciones avanzaron.