La reciente serie de medidas adoptadas por el Gobierno provincial, bajo las directrices del gobernador Gustavo Sáenz, para mantener el equilibrio fiscal y económico en Salta, plantea un escenario de desafíos significativos. Estas decisiones, impulsadas por el impacto de las políticas nacionales, buscan contrarrestar las consecuencias económicas en la provincia.
El ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, destacó el historial de austeridad de Salta desde 2019, subrayando logros como el equilibrio fiscal, el pago de deudas millonarias y la preservación de salarios públicos por encima de la inflación. A pesar de estos logros, las medidas anunciadas, que van desde la prórroga legislativa hasta el congelamiento de vacantes y contrataciones, sugieren un enfoque de ajuste que impactará en diferentes aspectos de la vida provincial.
La constitución de una unidad de revisión de contratos, el congelamiento de vacantes y contrataciones, la promoción de políticas de retiros voluntarios y jubilaciones, la suspensión de asistencias financieras a municipios, el control estricto de gastos y la suspensión de licitaciones para obras públicas, delinean un panorama que requerirá una gestión cuidadosa y transparente. Desde el Gobierno provincial, se enfatiza la necesidad de proteger los derechos de los salteños ante las posibles restricciones que llegarán producto del ajuste nacional.
Las medidas que de manera inmediata tomará el Gobierno provincial son:
- Constitución de una unidad de revisión de contratos con el objetivo de que las contrataciones realizadas en moneda extranjera puedan ser renegociadas en moneda nacional.
- Congelamiento inmediato de vacantes y contrataciones personales.
- Promoción de políticas de retiros voluntarios y jubilaciones.
- Suspensión de las asistencias financieras a los municipios, salvo los casos que estén debidamente justificados y que sea imprescindible llevar adelante para el mantenimiento de los municipios.
- Efectivización del control de gastos y se restringirá todo lo que tenga que ver con viáticos, viajes y gastos protocolares.
- Suspensión de la adquisición de bienes de uso por el plazo de seis meses.
- Congelamiento de la pauta publicitaria por el plazo de seis meses.
- Suspensión de las licitaciones para la ejecución de obras públicas durante seis meses. Los alrededor de 200 proyectos que están en marcha tendrán prosecución hasta su finalización y continuarán los vinculados con el mantenimiento de la infraestructura y de servicios.
En el contexto nacional, el ajuste fiscal, la devaluación y el aumento de impuestos se plantean como medidas necesarias para corregir desajustes anteriores, pero la incertidumbre persiste en cuanto a la duración de las dificultades económicas y la verdadera capacidad de recuperación.
En este escenario complejo, si bien se puede discutir sobre cómo llevar a cabo el ajuste, la necesidad de hacerlo es innegable. Sin embargo, el costo recae inevitablemente en la población, y la duración de la «carta blanca» otorgada a Milei para implementar estas medidas queda en un mar de dudas.
