Silvia Varg, ex funcionaria de Bettina Romero y encargada de la asistencia social municipal, será imputada en relación al escándalo por bienes de asistencia social encontrados en la casa de Emilio Fayón. Hoy no se presentó ante la justicia, pero muy pronto deberá comparecer con su abogado. 

En un país donde la pobreza y la desigualdad siguen siendo problemas endémicos, el manejo de los bienes de asistencia social debería ser un acto de máxima responsabilidad y transparencia. Sin embargo, la realidad muestra una imagen muy diferente. El reciente escándalo que involucra al primo de la ex intendenta Bettina Romero, amenaza con arrasar la reputación de Silvia Varg, ex funcionaria municipal y resalta una práctica deplorable: la utilización de bienes destinados a los más necesitados para fines políticos y personales.

Silvia Varg, quien también fue diputada, será imputada en relación al escándalo por bienes de asistencia social encontrados en la casa de Emilio Fayón, una situación alarmante, no solo por el acto ilícito en sí, sino por la hipocresía que subyace en las declaraciones de Varg.

Recientemente, en el sitio web Salta 4400, Silvia Varg defendió su apoyo a Javier Milei, argumentando que «no hay ninguna contradicción porque creo que tenemos que tener la oportunidad de salir de este pozo infame en que está la República Argentina. Yo que trabajo con las mujeres y con los programas que dan de comer, puedo asegurar que cada vez es más el hambre y cada vez es más la desesperación de la gente y peor no pueden estar».

Es irónico y profundamente preocupante que alguien que habla con tanto fervor sobre el hambre y la desesperación de la gente esté ahora bajo sospecha de haber permitido el vaciamiento de depósitos de asistencia social. Los bienes, destinados a paliar las necesidades de los más vulnerables, fueron hallados en la residencia particular de Fayón, lo cual contradice gravemente las declaraciones y la postura pública de Varg.

En sus declaraciones, Varg resaltó la importancia del desarrollo humano y afirmó que «nos hemos manejado con presupuesto municipal porque fue prioridad de la intendenta Romero». Además, celebró el hecho de que Romero fuera «la primera mujer intendenta que realmente entendió que esto era una problemática y una endemia y apostó fuerte para que no nos falten recursos y tener equipos trabajando en territorio». No obstante, estos recursos parecen haber sido desviados para otros fines, mostrando una desconexión entre las palabras y las acciones de Varg.

El uso político de los bienes de asistencia social no es un fenómeno nuevo, pero sigue siendo una práctica que merece el más enérgico repudio. La asistencia social debe ser utilizada para aliviar el sufrimiento de las personas más necesitadas, no para engrosar campañas electorales o enriquecer a unos pocos. Las prioridades políticas deben alinearse con las necesidades reales de la población, especialmente en momentos de crisis económica y social.

La imputación de Silvia Varg es un recordatorio de la necesidad de una vigilancia constante y de mecanismos sólidos de rendición de cuentas. Las autoridades deben garantizar que los bienes públicos se utilicen de manera justa y adecuada, y que quienes abusen de su poder enfrenten las consecuencias legales correspondientes.

En un contexto donde cada vez más argentinos luchan por llevar comida a sus mesas, es imperativo que los funcionarios públicos actúen con integridad y responsabilidad. La justicia debe prevalecer y los recursos destinados a la asistencia social deben llegar a quienes realmente los necesitan. Solo así podremos comenzar a salir del «pozo infame» en el que se encuentra nuestra República.

Además de Emilio Fayón, en el dia de hoy también fue imputado Andrés Nux, otro ex funcionario de la administración de Bettina Romero. Varg no se presentó a la audiencia y ha sido citada nuevamente.

La Fiscalía de Delitos Económicos Complejos (UDEC) imputó provisionalmente a Luis Emilio Fayó Medina, ex presidente de la Panadería Social de la Municipalidad de Salta, por el delito de peculado. Junto a él, se imputa a Andrés Nux como partícipe necesario del ilícito.

Fayó Medina y Nux comparecieron ante la Fiscalía, asistidos por abogados particulares, optando por guardar silencio ante las preguntas y declaraciones de la UDEC.

De acuerdo a la investigación realizada por la UDEC, el 8 de diciembre de 2023, Fayó y Nux se presentaron en los depósitos municipales, alegando tener autorización de Aroldo Tonini, pero sin presentar documentación justificativa. Procedieron a retirar mercaderías y bienes almacenados, aduciendo llevarse el «restante» y el «sobrante».

Ante estos acontecimientos y evidencias adicionales, la fiscal Salinas Odorisio solicitó el allanamiento de propiedades relacionadas con los imputados. El operativo, ejecutado el pasado 7 de junio, resultó en la incautación de diversas mercaderías en la residencia de Nux, ubicada en la zona sur, mientras que en la finca de Fayó se hallaron elementos como camas, sillas ortopédicas, calzado y ventanas, destinados a fines sociales.

La imputación de Silvia Varg, a pesar de su ausencia en la audiencia, representa un paso más en el esclarecimiento de un caso que ha generado gran indignación social. La comunidad espera que la justicia actúe con firmeza y que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos.