Un hombre asegura que no puede ver a su hija porque la familia materna de la nena lo presiona para quitarle dinero mientras lo extorsiona y amenaza de muerte. Una disputa doméstica que derivó en una olla destapada de la que emergen la incompetencia judicial, conexiones políticas y corrupción policial. (Federico Anzardi)
En principio, parecería ser uno más de tantos desencuentros entre personas que alguna vez se sintieron atraídas y luego utilizan a los niños como rehenes de una disputa triste, interesada. Pero a medida que el relato de Luis Navallo Coimbra avanza, comienzan a surgir nombres importantes del poder y la Justicia salteña, conexiones políticas e historias de corrupción policial que, todos sabemos, no son precisamente algo extraño. Y ahí la historia se torna increíble. ¿O no tanto?
Navallo cuenta que tuvo una hija en junio de 2013 producto de una relación pasajera con Mariela Quiroga. El mismo día que se enteró de su futura paternidad, Navallo supo que la mujer vivía con otro hombre, un exmiembro del GOPAR, agente de la comisaría de Villa Palacios. Dice que desde ese momento recibió amenazas de muerte, extorsiones y denuncias por parte de la familia de la chica. “Una familia muy conflictiva”, explica, señalando que en la cabeza operativa de ese grupo se encuentra Nieves Torres de Quiroga, presidenta de la Asociación de Ciegos Adultos Habib Yazlle y abuela materna de la nena.
Navallo describe a la familia como un Clan Puccio del subdesarrollo donde todo es tejido por Torres de Quiroga, a quien acusa de no ser ciega. “Yo no he visto un ciego que tenga Facebook. Y esa asociación es ilícita, están caídas las personerías. Esta mujer está hace veinte años perpetuada en la asociación, que renueva autoridades a partir de cinco no videntes que votan. Es irremovible porque es puntera política. Ella maneja todo. Es la mentora ideológica de todo. Por una sencilla razón: tiene dos hijas. Una no sé si trabaja, pero la madre de mi hija no trabaja, no hace nada y vive de la asociación. Perciben un subsidio nacional, uno provincial y uno municipal y se los dividen entre ellas tres. Lo sé porque me lo comentó la chica. Tengo el estatuto de la asamblea donde ella (Torres de Quiroga) es elegida presidente y el órgano de fiscalización son las dos hijas. ¿Dónde se ha visto?”, indica.
Nieves Torres de Quiroga había sido denunciada en mayo de 2010 por su expareja, quien aseguraba que para cancelar deudas de usura, la mujer había entregado sin consultarle una camioneta de su propiedad. En esa oportunidad, el hombre también denunciaba que la mujer se había apropiado de subsidios de cinco mil pesos destinados a la asociación. Ahora, Navallo agrega que la presidenta también se apropió de casas en el barrio Los Lapachos. “Esta mujer solicitó dos o tres casas para la asociación durante el gobierno de Romero. En una vive la hermana de la señora y en la otra vive la madre de mi hija. Vivian ciegos en esas casas, los corrieron, se metió la madre de mi hija y fueron al IPV a decir que la casa no estaba ocupada, que ellos estaban inscriptos, no habían salido sorteados y a partir de ahí comenzaban a pagar. Todo esto lo sé porque me lo dijo ella. De hecho, si vas al IPV y te fijás, vas a ver que es así”, dice, y muestra el acta con número de expediente 448924/13, firmada por la jueza de Menores Adriana Martorell. Allí se establece que Mariela Quiroga vive en ese barrio. En un acta de agosto del año pasado, la mujer aseguró trabajar como administrativa en la asociación que preside Torres de Quiroga.
“Cuando la nena tuvo un mes comenzaron las extorsiones de la madre. Cuando la veía, me decía ‘déjame 100 pesos’, ‘déjame 200’, ‘déjame 300’. Un día dije basta. Con la abogada intentamos hacer una mediación y que las cosas fueran claras: que yo tuviera un régimen de visitas y una cuota alimentaria”, continúa Navallo. Cuenta que la madre de la niña pidió tres mil pesos en efectivo. La jueza Martorell consideró que la patria potestad era compartida, por lo que cada uno tenía que aportar 1.500.
“No me dejaba verla, hasta que el 25 de marzo de 2014 llegamos a una audiencia donde la jueza establece un régimen de visitas. La chica nunca cumplió, no me la daba a la chiquita. En el acuerdo se establece que tenía que retirarla de la asociación y si no estaba tenía que hacer la denuncia. Yo iba y salía un ciego a decirme que la mujer no trabajaba ahí y que mi hija tampoco estaba. Entonces hacía la denuncia, porque se cometen dos delitos: impedimento de contacto y desobediencia judicial, que la tiene que aplicar el fiscal a cargo. Iba a la Comisaría 2° a hacer la denuncia y los tipos no me la tomaban, se me cagaban de risa. Y si me la tomaban, a los cinco minutos caía la abuela materna de mi hija a hacer flor de escándalo”, cuenta Navallo.
“El 3 de julio de 2014 nos presentamos de nuevo. La jueza Martorell ratifica el acta de marzo. La mujer no cumple de nuevo. Hago nuevas denuncias, actúa el Juzgado de Garantías de Antonio Pastrana y establece que el régimen de visitas sea el de marzo. No lo cumple tampoco”.
“En agosto, la nena ya tenía un año y dos meses y no caminaba por falta de estimulación. Un médico me enseña a hacer ejercicios. Yo estaba acá (en el hotel que administra) con la nena. Un día ve unas palomas, va corriendo y se cae y se golpea acá (se señala la frente, sobre el ojo izquierdo). Como ya sabía la que se me venía, voy a la Comisaría 2° y manifiesto que se me cayó la nena, que se había hecho un golpecito, lo dejaba aclarado para no tener problemas con esta mujer. Pero ella, con su madre y la complicidad de la Policía de San Carlos, la llevan en un patrullero a la nena, la ve un médico forense y consiguen un certificado trucho asegurando que yo le había pegado un palazo. Entonces, el fiscal Maximiliano Troyano me dictamina la prohibición de acercamiento a la nena. Voy con mi abogada para hacer el descargo, presentamos la declaración, decimos que ponemos a disposición las cámaras de seguridad del hotel, donde se ve claramente cómo mi hija se cae. Va la señora Torres de Quiroga, arma flor de quilombo y mi descargo desaparece. Yo seguía sin ver a la nena. En noviembre me llega otra resolución donde no me puedo acercar a la nena y me iban a imputar. Porque aparte, según ellos, yo nunca había hecho el descargo”, sigue Navallo.
El hombre cuenta que tras diversas audiencias posteriores en las que Maximiliano Troyano levantó la prohibición y se reestableció el régimen de visitas, vio a su hija apenas dos meses durante el último año. “Ahora viene lo peor, que es la complicidad policial y la inacción de la Justicia”, anticipa, y empieza a enumerar una serie de situaciones que, dice, comenzaron hace dos años y se mantuvieron hasta este 2015. “Todos sabemos que el marido de la madre de mi hija es cana de Villa Palacios. Casualmente muchas de las denuncias de violencia familiar en mi contra venían de Palacios. ¿Cómo se la pueden tomar si no es la jurisdicción de la mujer? El marido se las facilitaba”, ata cabos Navallo.
“Un día voy a buscarla a mi hija y me estaba esperando un patrullero de la comisaría de San Carlos. Me invitan a bajarme del auto diciendo que me iban a detener por disturbios en la zona. Mi abogada, por teléfono, me dice que no me baje y que saliera de ahí. Les saco fotos a los tipos y me voy a la Fiscalía de Asuntos Policiales a hacer la denuncia. Me la desestiman de nuevo”, cuenta.
“En enero de este año, cuando no la veía a mi hija, todos los domingos a las dos de la tarde me golpeaba la puerta un móvil de la Comisaría 2°. Venían a allanar mi casa porque decían que yo le alquilaba a un narcotraficante y que había drogas adentro, pero no tenían orden de allanamiento”, recuerda y dice que la primera vez fue un solo oficial. Por sugerencia de su abogada, Navallo acudió esa misma tarde a la Comisaría 2° para averiguar el nombre del uniformado.
“Llegamos a la comisaría, me acompañaba mi madre. El tipo estaba sentado ahí. Le pregunto el nombre y no me lo quería dar. Entonces dije que no me iba a mover hasta que no llegara el comisario. Viene un flaquito, me hace una llave y me empieza a cagar a piñas. Mientras, una mujer policía que estaba embarazada me pegaba con la panza. Mi mamá es testigo. Yo empecé a los gritos hasta que aparece el comisario, diciendo ‘¿Qué mierda pasa acá?’. Le explico y me dice ‘ah, vos sos el famoso Navallo, pero acá no te vas a hacer el gallito porque te va a ir mal’. Y me dice: ‘Acá el problema es que tengo cuarenta tipos a mi cargo, a ellos los habla la ciega y les dice que te vayan a apretar. Yo no puedo controlar cuarenta tipos. Les voy a decir que no te apreten más pero no te conviene hacer nada’. Entonces me voy. El fin de semana siguiente me cae otro con el mismo verso. Me empezó a agarrar del brazo y me quiso tironear de los pelos para sacarme afuera, a la calle. Anoté el nombre del tipo, Maidana”.
Navallo cuenta que cuando estos aprietes ocurrían, el ya pagaba por lo bajo mil pesos mensuales a otro miembro de la 2°, para que éste disuadiera a sus compañeros. “Estaba pagando al pedo, digamos”, cuenta.
Cansado de la situación, Navallo acudió al estudio de Federico Rodríguez Spuch, quien fue abogado de Jean Michele Bouvier en el caso de las turistas francesas. “Lo hablo y me dice que estamos frente a una loca y frente a una institución muy corrupta. Que si vamos contra Maidana va a aparecer un Colque, un Mamani, y no se va a terminar más esto. Me dijo que me pueden plantar drogas, o una causa por pedofilia en la computadora. Me consiguió una entrevista con el Auditor General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad, Manuel Anzoátegui. Voy y le cuento. Delante de mí lo llama al comisario, que ya no era el mismo, estaba otro. Eso fue un viernes. El domingo me golpearon la puerta otra vez”.
Navallo dice que tras lo sucedido en la Comisaría 2°, comenzó a hacer las denuncias por impedimento de contacto directamente en la Fiscalía número 9, a cargo del Dr. Rodrigo González Miralpeix. “17 denuncias hice. Con 17 ya la tenés que procesar a la mujer. Como era un caso menor, Miralpeix me deriva con Nicolás Alonso, auxiliar del fiscal, que le tenía pánico a la abuela materna de mi hija. Le hice 17 denuncias y cuando fueron a la Fiscalía a que fuera imputada quedó desestimada porque Alonso no sabía que tenía que notificarla”, dice Navallo, indignado.
Luego se sucedieron diversas volteretas judiciales, tests psicológicos repetidos, dedos pintados y otras burocracias que hicieron colmar la paciencia de Navallo, quien asegura que el test psicológico realizado a la madre de su hija no salió favorable, lo que lo ayudaría a ganar la tenencia. El problema, dice, es que en la Justicia salteña nadie se anima a quitarle la tenencia a una mujer para dársela a un hombre soltero. Además, dijo que los funcionarios judiciales son lo suficientemente conservadores como para considerar que el nuevo Código Civil atenta contra la familia, por lo que tampoco actúan.
Ayer, desde la redacción, nos comunicamos con Habib Yazlle para intentar obtener el testimonio de Nieves Torres de Quiroga. Un empleado de la asociación aseguró que la señora no estaría disponible hasta el lunes 7 de septiembre.
