La curva de violencia extrema contra las mujeres en la provincia de Salta ha dejado de ser una señal de advertencia para convertirse en una crisis institucional y social.
Leona Del Monte
La decisión del gobierno nacional encabezado por Javier Milei de recortar, degradar y desmantelar los programas de protección y los organismos con perspectiva de género —como la disolución del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y el vaciamiento de líneas de contención clave como la 144— responde a una impronta ideológica que concibe a estas políticas como «cajas de la política» o expresiones del «marxismo cultural».
Esta retirada del Estado nacional no solo debilita el seguimiento de medidas cautelares y la asistencia económica a víctimas en situaciones de extrema vulnerabilidad, sino que además envía un mensaje institucional de desamparo. El cierre de estas estructuras deja a las provincias sin partidas presupuestarias clave para el fortalecimiento de refugios, equipos interdisciplinarios de asistencia y herramientas tecnológicas de monitoreo.
A la par del desfinanciamiento operativo, el ecosistema libertario ha impulsado un marcado avance en la validación y normalización del discurso machista en el debate público, legitimando la minimización de las violencias. Este giro discursivo se evidencia en intervenciones de legisladores y referentes de La Libertad Avanza, como el proyecto de «renuncia a la paternidad» presentado por la diputada Lilia Lemoine —quien argumentó que los hombres no deberían estar obligados a sostener económicamente a sus hijos porque las mujeres «se aprovechan» o «pinchan preservativos»—, o la constante descalificación de las problemáticas de género que figuras de la fuerza realizan en redes sociales.
Al ridiculizar las demandas por igualdad y despojar al femicidio de su dimensión estructural, este relato genera un clima social en el que se desincentiva la denuncia y se justifica la desprotección estatal hacia las mujeres.
En el plano provincial, la Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Salta se encuentra atrapada en un escenario de asfixia funcional e inoperancia estructural. Si bien la provincia mantiene formalmente organismos y secretarías abocadas a la problemática, la quita de fondos y el colapso del sistema nacional han dejado a la dependencia local en una posición predominantemente reactiva e ineficaz.
Así, la Secretaría termina funcionando como una estructura burocrática sin capacidad real de contención, dejando desprotegidas a las mujeres que habitan fuera del área metropolitana y derivando la carga de la autoprotección a las propias víctimas.
Femicidios
Al cumplirse apenas el séptimo mes del año 2026, los registros oficiales y las bases de datos de los observatorios no gubernamentales confirman una realidad atroz: la cantidad de femicidios ocurridos en el territorio provincial ha alcanzado exactamente la totalidad de los hechos sangrientos contabilizados durante los doce meses de 2025.
Esta aceleración temporal implica que la frecuencia de crímenes mortales por razones de género prácticamente se ha duplicado en el promedio mensual. Lo que en el período previo representaba un goteo trágico pero espaciado, hoy se manifiesta como una embestida sistemática que desborda las estructuras estatales de contención. La velocidad con la que las mujeres están siendo asesinadas en Salta pone en evidencia no solo la virulencia renovada de los agresores, sino también la parálisis de los mecanismos de prevención temprana.
Detrás de la frialdad de las estadísticas existe una trama de dinámicas de poder, violencia física, psicológica y económica que se va gestando de manera progresiva. La aceleración observada en 2026 no surge de la nada; es el resultado de la acumulación de factores de riesgo que no fueron detectados ni desactivados a tiempo por el sistema de alerta previa del Estado.
Radiografía de las Víctimas y los Escenarios del Crimen
El desglose minucioso de los expedientes judiciales revela patrones contundentes que echan por tierra viejos mitos sobre el peligro en la vía pública o el abordaje por parte de desconocidos. El lugar de mayor riesgo para una mujer en Salta sigue siendo, de manera abrumadora, su propio hogar o la vivienda compartida con el agresor.
Más del 70% de los femicidios perpetrados durante 2026 ocurrieron a puertas cerradas, en entornos donde se suponía debía prevalecer la seguridad. Esta constante transforma a la vivienda en una trampa mortal donde el aislamiento, la dependencia económica y la convivencia forzada potencian el accionar del violentador.
Uno de los aspectos más alarmantes y graves que surgen del análisis del periodo transcurrido en 2026 es el elevado porcentaje de víctimas que ya habían acudido al Estado en busca de auxilio. En la mitad de los casos consumados este año, existían denuncias previas radicadas en comisarías, juzgados de violencia familiar o fiscalías especializadas.
Muchas de estas mujeres contaban con órdenes de restricción perimetral, prohibiciones de acercamiento o, en algunos supuestos, botones antipánico asignados. Sin embargo, en la práctica, estas herramientas han demostrado ser insuficientes frente a agresores decididos a violar las órdenes judiciales.
