El gobierno provincial envió a la legislatura un proyecto para que conductores alcoholizados que provocan siniestros no tengan atención sanitaria gratuita. La idea se enmarca en una serie de debates que propone el gobierno libertario con un sesgo fuertemente demagógico y poco viable. ¿Qué dice la Constitución al respecto?
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, dejó esta semana una frase que podría describir con exactitud el viraje de la agenda provincial hacia el discurso populista-libertario: “Hay dirigentes que creen que peinándose o hablando como Milei van a ganar votos”. Primero fue el cobro de la salud a ciudadanos extranjeros, luego la iniciativa opositora para exigir testeos de consumo de drogas a funcionarios y, finalmente, el quite de la atención sanitaria gratuita a conductores alcoholizados que provocan siniestros.
La política de cabotaje experimenta un repentino ataque de moralina que se enmarca en la necesidad de desviar el foco de atención de las problemáticas materiales irresueltas. Los debates encarados en el plano provincial durante el último tiempo se encuadran en una lógica similar. Los expertos en comunicación política suelen llamarlos factoides.
Pero por más adhesión que una propuesta recoja y, por más ruidosa y disruptiva que se presente, no está exenta de ajustarse a los mandatos constitucionales. Y es allí donde la agenda populista-libertaria muestra su lado más débil.
En su columna semanal en el programa Interactiva, de FM Pacífico, el pensador salteño radicado en España, Luis Caro Figueroa, analizó la viabilidad del proyecto oficial para que conductores ebrios no puedan acceder a la salud universal.
“Hay que aclarar que se trata sólo de los gastos médicos propios, los gastos que demande la atención de terceras personas lesionadas en el siniestro están cubiertas por otro sistema”, recalcó Caro para empezar.”Más que un avance, esta iniciativa es un claro retroceso. En pocas semanas los salteños nos hemos visto sorprendidos por una ofensiva de los poderes públicos contra las libertades de todos. Hay un lujo de autoritarismo y de arbitrariedad. Esto ha tomado forma en proyectos de este tipo, como por ejemplo para cobrar la salud pública a extranjeros, impedir que personas condenadas por narcotráfico puedan ser candidatos u obligar a funcionarios a realizarse análisis obligatorios para ver si consumen drogas”.
Para el intelectual, todas las iniciativas están inscriptas en la misma línea. Son medidas populistas de efecto mediático inmediato, pero muy difíciles de poner en práctica. Es decir, difíciles de cumplir tal cual han sido concebidas.
“No van a dar resultados, entre otros motivos, porque sacrifican derechos fundamentales muy importantes ponderados siempre en relación con la situación social. El primero que meta una cuestión constitucional, evidentemente la va a ganar”, advirtió.
El proyecto oficial transmite una sensación de ejercicio del poder que no es demasiado respetuoso con los derechos de la ciudadanía. Lo que se intenta es paternalizar o infantilizar a la ciudadanía. “Yo me pregunto si los salteños notan que la atención en los hospitales públicos ha mejorado sustancialmente desde que rige esta ley. En mi opinión, la calidad de la asistencia sanitaria en Salta no ha mejorado en absoluto. Tampoco han mejorado las cuentas de los hospitales públicos”, resaltó.
Reñidos con la Constitución
A la hora de analizar el marco legal del proyecto, Caro recordó los artículos 39 y 41 de la Constitución de Salta. “La atención de la salud en los hospitales públicos para todos los habitantes de la provincia forma parte del seguro social, integral e irrenunciable reconocido por el artículo 39 y cubre a toda la población. Con lo cual, el seguro incluye a los extranjeros que residen en la provincia de Salta”. Por otro lado, el artículo 41 dice que compete al Estado Provincial el cuidado de la salud física, mental y social de las personas. Y subraya: ‘asegurar a todos la igualdad de prestaciones ante iguales necesidades’.
Este precepto constitucional instaura un seguro social, universal y gratuito cuya cobertura depende de una sola circunstancia: ser habitante de la provincia de Salta. “Esto es muy importante porque si una persona borracha que vive en Salta es atropellada por su propia culpa en una esquina cualquiera, el hospital público la va a atender gratuitamente, aunque el hombre haya estado borracho. Si un bebedor cae en coma etílico, el hospital no puede negarle la atención, ni cobrarle por ella, dado que el seguro social que proclama nuestra constitución lo cubre. Supongamos que un peatón borracho provoca un choque entre un auto y una moto, cuando viene la policía el conductor del auto da como resultado en la prueba de alcoholemia 0,08% de alcohol en sangre. Sin embargo, debe hacerse cargo él de sus propios gastos médicos. Es una injusticia total. ¿Por qué tendríamos que cobrar la atención al conductor borracho, cuando este señor, aunque no nos guste, tiene asegurada la prestación del servicio de salud ante iguales necesidades?”, se preguntó Caro
Este tratamiento discriminatorio, para Caro, vulnera también el artículo 13 de la CP que prohíbe hacer distinciones entre las personas, no sólo por orígen, sexo, etc. sino por cualquier otra circunstancia personal o social. El alcoholismo y la drogadicción son claramente circunstancias personales y sociales. Para quitar ese derecho constitucional, haría falta modificar la constitución y no una simple ley del poder legislativo.
“Hay que pensar si allí donde la constitución dice que el derecho a la salud es para todos, los salteños debemos leer ‘para todos, menos para los borrachos’, yo creo que el poder legislativo no lo puede hacer por muchas ganas que tenga”.
Un detalle que el entrevistado no pasó por alto y tildó de “inadmisible” es el mensaje transmitido por el gobierno provincial. En la comunicación oficial se resalta: “la norma que se impulsa persigue que se respete el esfuerzo de los contribuyentes que con el pago de sus impuestos coadyuvan al mantenimiento del servicio de salud provincial, resultando injusto que se tengan que invertir cuantiosos montos a la atención de los conductores que generan siniestros de la naturaleza descrita anteriormente”.
Sobre este punto se preguntó Caro: “¿acaso los borrachos que provocan accidentes no pagan impuestos también? ¿No hacen ellos un esfuerzo también para sostener la salud pública? ¿Sólo hay que respetar el esfuerzo contributivo de los abstemios? A sostener el erario público contribuimos todos. Las buenas personas y las malas. Contribuyen los sanos y los enfermos, los varones y las mujeres, los abstemios y los alcohólicos. Todos contribuimos y todos nos beneficiamos de esa masa de recursos.
Los narcotest de Juan Esteban
El abogado y pensador tampoco se ahorró impresiones sobre el proyecto presentado por el diputado Juan Esteban Romero, que obligaría a los funcionarios públicos a realizarse test de consumo de drogas ilegales. Sobre este punto, opinó: “Se incurre en el error de copiar errores que se han cometido en otros lugares. La justificación de que en Salta va a regir una ley de esta naturaleza porque rige en Misiones o Chaco es la peor de las justificaciones posible. No intentemos copiar por copiar”.
Y agregó: “Por otro lado, el diputado Romero justifica su proyecto en una premisa falsa, pues lo que pretende es transparentar la vida pública, cuando en realidad quiere transparentar la vida privada de los individuos.
Es decir, sacar a la luz información que tiene que permanecer obligadamente en el ámbito privado, concretamente en el ámbito médico”. “He escuchado decir al diputado que se busca que los cargos públicos sean un ejemplo de integridad y de ética. Si esto fuera así, él no podría ser diputado, porque en asuntos como este pocos están autorizados a tirar la misma piedra. Fíjese usted la paradoja que supondría despojar de un cargo a una persona que ha consumido estupefacientes y a un narco que nunca ha probado la droga, permitirle llegar hasta las más altas instancias del Estado ¿Cuál es más peligroso?”, finalizó.
