Auditorías recientes confirman lo que denunciamos en 2015: la desastrosa gestión de Marianela Cansino que derivó en la muerte de un niño. Mientras la funcionaria sigue en el gobierno, trabajadoras del exministerio enfrentan un juicio por esa muerte a pesar de haber advertido las falencias. (Federico Anzardi)
Publicados en mayo y julio de este año, los informes analizan la situación de los Centros de Inclusión Transitoria (CIT) y los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) durante el período 2014, cuando la Secretaria de Igualdad de Oportunidades, responsable de Thiago, aún dependía del Ministerio de Derechos Humanos. Eran épocas de Marianela Cansino, la ministra que, según aseguraron los trabajadores a este semanario, estuvo al frente de la peor gestión de esa cartera. Las auditorías muestran lo que Cuarto Poder ya había revelado a través de informes internos: con Cansino al frente no había recursos, no había personal ni seguridad edilicia. No había gestión.
Ni baños en regla
Los CDI brindan atención integral ejerciendo una función preventiva, promotora y reparadora a niños y niñas que necesiten cuidados temporales. Datos obtenidos desde la Secretaría de Igualdad de Oportunidades mostraban que en junio de 2015 un mes antes de la muerte de Thiago, había 2374 chicos de seis meses a cuatro años de edad en los 35 CDI. Los profesionales que los asistían en ese momento eran siete.
El informe de la Auditoría habla de “insuficiente asignación de Recursos Humanos” en los CDI durante aquel año. “Esta situación tiene origen en la falta de nuevos ingresos de personal y a la gradual disminución que desde el año 2011 se ha verificado”, expresa el trabajo, que agrega que “se evidencia la carencia de personal profesional”.
Los Equipos Técnicos de la Secretaría, conformados por psicólogas, psicólogos y asistentes sociales, eran quienes percibían las falencias en primer plano. Uno de los informes muestra que la labor a ser desarrollada por ellos se veía obstaculizada por la falta de movilidad, “ya que la Secretaría de Igualdad de Oportunidades dispone sólo de dos unidades móviles para el cumplimiento de sus funciones en toda la provincia”.
La Auditoría verificó que los cheques que entregaba la Cooperadora Asistencial para hacer frente a los gastos de los CDI (entre ellos, los destinados a adquirir alimentos) eran percibidos con retraso, después del día 20 de cada mes. Se supo que los Equipos Técnicos no contaban con acompañamiento jurídico adecuado en las tareas cotidianas y que se asignaban a los Asistentes Sociales funciones que no eran de su competencia.
Durante el período auditado asistieron a los CDI 4215 niños. “Teniendo en cuenta que se encontraba estipulado el cupo de 4000 beneficiarios, se concluye que se dio cumplimiento al objetivo en un porcentaje de 105.38 %. De ello, y partir de lo expresado por los encargados de los dispositivos el programa no alcanza a contener la totalidad de los casos”.
Los auditores notaron que en todos los CDI los planos de relevamiento de arquitectura no estaban aprobados. Tampoco encontraron planos de estructura sismorresistente visados por el COPAIPA ni planos de infraestructura eléctrica e instalaciones complementarias. No vieron sensores de humo, comprobaron que las aberturas no tenían vidrios de seguridad ni sensores de movimiento, así como tampoco las puertas no eran de apertura interior y exterior ni disponían de dispositivos antipánico. Evidenciaron que no se efectuaban análisis del agua potable. “Esta situación vulnera los estándares de calidad de los recursos edilicios establecidos en el Marco Institucional…”, expresa el texto.
El CDI de barrio Solidaridad, por ejemplo, no contaba a la hora de la auditoría con cercado perimetral, lo que facilitaba el acceso nocturno de terceros con fines delictivos. Además, no disponía de la cantidad de baños adecuada para los niños (…) El depósito de alimentos se ubicaba inadecuadamente en la zona húmeda de sanitarios y carecía de ventilación e iluminación suficiente. El CDI no tenía comedor, sala de recreación cubierta ni espacios verdes. El gabinete del tablero principal no se encontraba señalizado, lo que implicaba un riesgo eléctrico.
El CDI de finca La Población, en El Carril, carecía de condiciones mínimas de salubridad. Funcionaba en un galpón con techo de chapa, paredes de bloques con revoque grueso y piso de tierra. La luz y el agua se cortaban con frecuencia y los baños eran precarios, con pozo ciego, y compartidos con el personal de la finca. Al momento de realizar la auditoría se atendía a 45 niños, de los cuales, el 21% se encontraba con riesgo de bajo peso.
Arreglatelas como puedas
El objetivo de los Centros de Inclusión Transitoria es brindar atención y espacio a víctimas de abuso, violencia, abandono y otros casos de vulnerabilidad. Como indica la Auditoría, “el criterio regulador es, en todo momento, el interés superior del niño y la protección de sus derechos”.
Los auditores comprobaron que durante 2014 existía un operador cada 3 niños asistidos por cada turno. Es decir que los CIT contaban con menor personal del que correspondía. Se evidenció ausencia de personal por presentación de carpetas médicas laborales, algo que se debía, en gran medida, “a lo estresante de las tareas a desarrollar, que incluyen usualmente situaciones de gran angustia ante la inevitable empatía”. Había escasez de relevos o reemplazos para cubrir todos los turnos en tanto el acompañamiento a los niños es necesario todos los días y a toda hora con lo cual el personal no conto con los descansos requeridos legalmente que contribuyen a un buen rendimiento.
Se comprobó la insuficiencia en la cantidad de Equipos Técnicos, que, para los auditores, “son los protagonistas fundamentales en la tarea de articulación del programa, además de ser una de las prestaciones de mayor impacto en los resultados alcanzados con los asistidos”. “La escasa presencia de componentes de los Equipos Técnicos se ve agravada por el hecho que los operadores técnicos deben contar con capacitación específica para el desarrollo de sus tareas, lo cual determina la necesidad de ser suplidos, ante su ausencia, por personal de idéntica formación, lo cual en los hechos no sucede, sino que se reemplaza con personal no capacitado”, agrega el texto.
Se comprobó la contratación de personal vinculado de modo precario con el programa, sin capacitaciones laborales coherentes y suficientes según los requerimientos. Para los auditores, esto generaba “la falta del desarrollo del sentido de pertenencia institucional con los riesgos que ello representa. Esta situación se funda principalmente en la carencia de recursos presupuestarios y financieros”.
Los CIT carecían de movilidad, lo que provocaba dificultad en los traslados en tiempo y forma de los menores a las audiencias judiciales, a terapia o revisación médica, o los traslados con finalidades recreativas. La falta de movilidad también imposibilitaba las tareas de seguimiento. “En éste aspecto, es permanente el aplazamiento de los trabajos de seguimiento debido a la falta de medios para el traslado de personal”. En un informe de septiembre de 2015, se enumeraron 35 visitas fracasadas por falta de movilidad.
El informe muestra que también existía falta de acompañamiento y asistencia a los niños en audiencias judiciales, a las cuales iban acompañados por operarios sin formación especial para ello. “Hay ausencias de profesionales en las labores de articulación con la familia, lo que beneficiaría en sus recomendaciones a los familiares del menor, quienes usualmente desconocen sus derechos y los medios adecuados para ejercerlos”, expresan los auditores. Se percibieron fallas en la comunicación interna de la Secretaría. Los auditores corroboraron que informes realizados por los Equipos Técnicos indicaban que habitualmente se cursaban notas con información y requerimientos varios desde los CIT hacia la Secretaría, pero que “escasas veces” recibían respuestas.
El desastre siempre al caer
El informe detalla que tras el egreso de un menor de los CIT se deben realizar tareas de articulación y seguimiento, ya sea con su familia de origen, guardadores judiciales o familia adoptante. La auditoría muestra que de un total de 42 casos asignados durante el período revisado, se intervino en sólo 22 de ellos. “De tal modo, el apuntalamiento psicológico del menor y de los mayores, la supervisión física y psicológica, posterior a la salida no es posible. Ello origina, tanto una incertidumbre para los Equipos Técnicos, como asimismo una congoja en los menores, que habiendo encontrado apoyo en los profesionales, no cuentan con ellos en su reinserción fáctica”, expresa el texto.
Estos informes oficiales muestran lo que Cuarto Poder anunció hace dos años: en la Secretaría de Igualdad de Oportunidades se trabajaba cómo se podía, con los recursos que había. Los informes elevados por los trabajadores y trabajadoras del área en los que se detallaban estos inconvenientes y la urgencia por una solución no fueron tenidos en cuenta por las autoridades.
Hoy, tres personas de los Equipos Técnicos se encuentran en pleno juicio en su contra por la muerte de Thiago a pesar de que formaron parte del grupo de profesionales que advirtieron a Cansino de las posibles consecuencias de la falta de gestión. La exministra fue removida de su cargo en diciembre de 2015 pero se mantiene bajo el ala protectora del gobierno. Hija del riñón financiero de Carlos Parodi, la contadora pasó por el Ministerio de Educación y actualmente se desempeña como Coordinadora de Financiamiento de Programas del Ministerio de Salud. Como siempre, el hilo se corta por lo más fino. Esto desató una fobia en el Estado a la hora de intervenir en situaciones de personas vulnerables. Los profesionales de los distintos ministerios y secretarías tienen miedo, envían informes sin firma, no quieren hacerse cargo de situaciones que pueden terminar perjudicándolos. No quieren terminar imputados por la incompetencia ajena.
