El futuro laboral de cerca de 40 trabajadores y sus familias se encuentra atado a una disputa de intereses comerciales, especulación inmobiliaria, parentelas, mediatización y amiguísimos que incluso rozan a la propia justicia salteña – lenta en los casos que requieren celeridad, y llamativamente expeditiva frente a propósitos con encumbradas conexiones. En una zona rica para la producción rural, el intendente Manuel Cornejo en vez de exigir los cumplimientos ambientales correspondientes, prefiere que un emprendiendo generador de empleo desaparezca de su municipio. 

Ante el duro panorama económico y social que atraviesa el país y que se profundiza en las provincias y municipios, la situación laboral comienza a cobrar tinte  de drama y afecta principalmente a los sectores de menos recursos, a la clase media y al trabajador.  La propuesta macrista de “hambre cero”, colisiona con la desoladora realidad de más población pasando hambre que acude a los comedores comunitarios que en muchos de los casos, funcionan gracias a la solidaridad y a la organización de los propios vecinos. Al ajuste del gobierno y el desfasaje entre los salarios y la suba constante de tarifas y servicios, que agobia a los trabajadores, se suma el constante temor de los  despidos.

El anuncio de un recorte importante de la obra pública y las exigencias del FMI en materia de reducción del déficit,

los recortes de subsidios, y en los giros a las provincias y municipios, son temas que encienden otra alerta. La crisis impacta también en las finanzas de los municipios, con caídas de los niveles de recaudación por tasas municipales.  Históricamente subordinados a la asistencia financiera nacional y provincial, los responsables de las políticas de cada uno de los municipios,  ya no pueden seguir generando trabajo estado-dependiente y tampoco se las ingenian para  promover inversiones  que alienten la generación de empleo privado.

En medio de este difícil panorama que atravesamos los argentinos, son las Pymes las que aguantan los trapos. Estas empresas de mediana y menor magnitud, no han sido ajenas a la realidad del país, con la inflación como el tema de mayor preocupación. En un claro proceso de reacomodamiento, han sufrido los ciclos de la economía argentina (corrida cambiaria incluida), pero sin perder la característica principal de ser sostén del empleo en momentos de mayor recesión.

¿Donde estoy?

Profunda preocupación por la perdida de la fuente laboral, es la que ensombrece el futuro de 40 familias del municipio de Campo Quijano, actores mudos de una novela donde no faltan los intereses mezquinos, confusiones y enredos.

Todo comienza con la instalación tres años atrás de la firma Regata SA, con un emprendimiento de cría de porcinos en la zona de Cámara, para lo cual solicitó la habilitación provisoria correspondiente al municipio de Rosario de Lerma y obtuvo la licencia comercial del organismo de Rentas de esa comuna. Sin embargo un vecino de la finca, el abogado Jorge Gálvez, interesado en la explotación inmobiliaria de sus terrenos, se vería desfavorecido por la presencia de un criadero de cerdos, razón por la cual comenzó a mover cielo y tierra ante la justicia y distintos organismos provinciales, a fin de desalentar la instalación definitiva del emprendimiento en actividad.

Es allí donde surge una cuestión de competencia territorial en la que involuntariamente se encuentra involucrada la finca Santa Sofía (Regata S.A.) que al igual que otros catastros de la zona rural de Quijano, siguen figurando en los registros de la Dirección General de Inmuebles como si pertenecieran al municipio rosarino, ante la mirada pasiva y conveniente del intendente Ignacio Jarzún y sus funcionarios. El joven y ambicioso intendente -que ya se ofrece como candidato a vicegobernador- ante la presión, reculó en las actuaciones que venía realizando su municipio y cambió repentinamente las reglas del juego dejando al emprendimiento en off side. Cabe aclarar que el municipio de Campo Quijano pertenece al Departamento de Rosario de Lerma, que es el centro del área rural productiva de la provincia de Salta.

Superada la desorientación, la empresa ya denunciada por el vecino Gálvez ante la justicia, comenzó a gestionar la habilitación correspondiente en el municipio de Campo Quijano que diligentemente a través de su intendente Manuel Cornejo, había realizado el reclamo de jurisdicción.

Más sorpresas…

Para la empresa dedicada a la cría de cerdos que vale reiterar, brinda trabajo a 40 personas de la zona, no terminaron allí los escollos ya que la intendencia de Campo Quijano le negó el pedido de regularización disponiendo su clausura. Un millonario emprendimiento urbanístico y turístico del abogado Jorge Gálvez, había obtenido la factibilidad de servicios del propio municipio a inicios de este año, y es allí donde radicó el profundo interés del intendente Manuel Cornejo, de hacer valer su soberanía. No está de mas acotar que Cornejo en todo momento se refiere a Gálvez como “un vecino” pese a ser sobrino de María Torino, la esposa del denunciante, relacionada familiarmente con otro emprendimiento porcino de la zona.

En el caso de Regata, maneja una producción semanal de 180 animales enviados para su faena al establecimiento frigorífico La Francisca, de propiedad del empresario Andrés Muñoz con su esposa, Paula Bibini, actual ministra de Ambiente y Producción Sustentable. Como parte del acuerdo comercial, La Francisca le suministra al establecimiento Santa Sofía partidas de alimento balanceado.

Las denuncias presentadas contra el criadero de cerdos fueron investigadas por el fiscal penal de Rosario de Lerma, quien pidió al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) que recolecte muestras de suelo y agua para confirmar, o descartar, la presunta contaminación atribuida a la granja porcina y el establecimiento fue registrado por una comisión policial. Lejos de exigir a la empresa las medidas correspondientes para lograr reducir el impacto ambiental y cumplir su compromiso social respetando el medio ambiente y potenciando la sostenibilidad en sus procesos productivos, el municipio prefirió inclinarse por la negativa.

¿Los niños primero?

Desatado el escándalo por la priorización de un emprendimiento inmobiliario que generará recursos a unos pocos, el intendente Manuel Cornejo salió a dar su versión, apoyado principalmente en el medio de propiedad del diputado nacional Martín Grande quien al ser amigo personal del abogado Gálvez, dedicó un informe especial y varias semanas a asegurar que “el criadero de cerdos se tiene que ir”. El legislador salteño que casualmente también se dedica a la cría pero de “carneros”, en consonancia con su afinidad política antes Olmedista y ahora Macrista, mostró una vez mas su desapego con la realidad social y su falta de empatía con la clase trabajadora, y montó una campaña arremetiendo contra un emprendimiento generador de fuente laboral genuina. Párrafo aparte merece la conducta oscilante del pequeño legislador cuando de intereses se trata, entre su tarea como representante del pueblo ante el Congreso y su oficio de empresario.

Es así que cómodamente en un medio afín, el intendente de Campo Quijano detalló que el lugar en disputa es un terreno «paradisíaco y turístico”, reconociendo el interés de una inversión privada que “casualmente” involucra a un familiar. El entramado de relaciones (nadie tiene la culpa que en Salta todos nos conozcamos) llegaría incluso a altas esferas de la justicia.

Como la diputa entre un emprendimiento turístico y un emprendimiento productivo es un factor a consideración, el intendente Manuel Cornejo se apoyó en otro argumento para reforzar su decisión: la existencia de un establecimiento escolar frente al criadero. Y es allí donde deslinda su responsabilidad a manos de la justicia, que presurosamente actuó para pedir el cierre del criadero, ante el posible riesgo que podría significar para la salud de los 43 alumnos que concurren a la escuela República de Venezuela y que son los hijos de los empleados del emprendimiento porcino.

En estos años de funcionamiento reconoce el intendente de Campo Quijano “nunca nos habíamos dado cuenta” al no haber ingresado a la finca a la cual cataloga como “clandestina”, como así también es llamativo que a propia confesión, nunca recibieron una queja por malos olores o contaminación de parte del establecimiento escolar o los vecinos.

Lo cierto amigo lector, es que si observa emanación de humo en la zona de Campo Quijano a estas horas, le aconsejamos no preocuparse ya que en este caso no provendría de la boroquímica, sino de la materia gris en proceso de funcionamiento del jefe comunal, que suponemos, intenta justificar su intransigencia, ofreciendo una salida laboral a las casi 40 familias que dependen del criadero que pretende desalojar. Puede que de una vez por todas, ponga fin a su propia inoperancia como jefe comunal, a la hora de conseguir inversiones y nuevas fuentes de empleo para su municipio empobrecido.