El Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de Salta atraviesa un momento para nada bueno a raíz de la suspensión de sus elecciones, previstas para el 21 de marzo, por decisión judicial. La suspensión velozmente tomada por El juez Víctor Raúl Soria, a tan solo un día de la votación, dejó a muchos con la sensación de que algo mucho más profundo está ocurriendo dentro de la institución.
La denuncia, que llegó a la Justicia a través de una medida cautelar, se centra en supuestas anomalías dentro de los procedimientos que regían la convocatoria a elecciones y la conformación del padrón electoral.
Para algunos una clara maniobra, aunque para otros objetivamente hubo fallos administrativos graves, como la falta de cumplimiento con los plazos para la publicación de los padrones y la convocatoria a elecciones fuera de tiempo, en pleno período de feria judicial, lo que, según ellas, afectó la participación de muchos abogados que estaban de descanso. A esto se suma una controversia en torno al artículo 147 de la Ley 5412, que impide votar a aquellos abogados que no están al día con sus cuotas colegiales, y que las denunciantes consideran inconstitucional.
Pero más allá de las irregularidades, no son pocos los que indican que la presentación no parece una preocupación genuina por la institucionalidad del Colegio, sino más bien un intento de frenar el proceso electoral y posicionarse de cara a futuras disputas internas; con muchos abogados sospechando que hay intereses detrás, los comicios ya dan que hablar a lo largo y ancho del país.
Malestar
Los candidatos que participaban en la elección suspendida no tardaron en manifestar su descontento ante la medida judicial. Trinidad Arias Villegas, candidata a la presidencia por la Lista 2, expresó su frustración por la falta de transparencia en el proceso. “Nos notificaron pero no nos dieron el documento con la resolución. Simplemente nos comunicaron que se suspendían las elecciones”, denunció Arias Villegas, quien dejó en claro que esta suspensión no solo les afectaba a los candidatos, sino también a los más de 9.000 matriculados, quienes ahora se ven privados de su derecho a elegir a sus representantes. “Es una vergüenza, nos desayunamos con la suspensión. La matrícula hoy merecía elegir libremente a sus representantes”, manifestó en declaraciones a la prensa.
Lo que Arias Villegas resaltó como un punto crucial es la falta de cuestionamiento formal de las otras dos listas que competían en las elecciones. Para ella, la suspensión no solo refleja una mala gestión, sino una falta de seriedad institucional por parte de los responsables de organizar el proceso electoral. Sin embargo, su acusación más fuerte va dirigida a la abogada que realizó la maniobra, quien, según Arias Villegas, no representaba formalmente a ninguna lista, pero sí habría tenido una participación activa en la estrategia de una de las agrupaciones, lo que deslegitima aún más el recurso presentado.
Irregularidades
Por su parte, Ximena Garibaldi, quien también presentó el recurso que llevó a la suspensión de las elecciones, destacó que las irregularidades dentro del proceso electoral eran evidentes. Para Garibaldi, las denuncias no son producto de una maniobra política, sino de un incumplimiento flagrante de las normas: “Los plazos no estaban cumplidos y las formas de armar este proceso eran anómalas”, explicó, agregando que la convocatoria a elecciones durante la feria judicial fue un error estratégico. La abogada también señaló que la mayoría de los abogados no fueron debidamente informados sobre las elecciones, especialmente aquellos que residen fuera de la capital, lo que comprometió la representatividad de los comicios.
Garibaldi también criticó el sistema de cuotas impagas como una barrera para el voto. Al igual que el letrado Mazzone, considera que esta normativa limita el acceso a los derechos de muchos abogados matriculados que, por diversos motivos, no están al día con sus aportes. Esta situación no solo es injusta, sino que para Garibaldi representa una “exclusión” inconstitucional que va en contra de los principios democráticos fundamentales.
Las críticas a la conducción
La actual conducción del Colegio, encabezada por el Dr. Sergio Daniel Díaz Lenes, también ha sido objeto de críticas. Patricia Pico Leal, candidata a la presidencia por la Lista 3, acusó a la gestión actual de ser “oscurantista” y de carecer de transparencia. Según Pico Leal, no se ha realizado una auditoría interna que permita conocer el estado real de las finanzas del Colegio, y además señaló que el 70% de los matriculados no podía votar debido a sus deudas, lo que revela un problema de representatividad dentro de la institución.
La candidata aseguró que las autoridades del Colegio no han actuado con la rapidez y la responsabilidad necesarias para evitar este conflicto, lo que dejó al Colegio sin la posibilidad de llevar adelante unas elecciones que representaran verdaderamente a todos los abogados. Para Pico Leal, la falta de acción institucional ha generado un grave deterioro en la confianza que los matriculados tienen en la organización.
Elecciones y ambiente politico tenso
El padrón electoral incluye a aproximadamente 2.300 abogados que se encuentran al día con sus pagos hasta diciembre de 2024. Sin embargo, el total de abogados es de alrededor de 4.500. De acuerdo con algunos integrantes de las listas, la actual conducción del Colegio estaría intentando incluir a los 2.000 abogados que no han pagado sus matrículas lo que ampliaría el padrón y pondría en juego los resultados a favor de la lista oficial.
El ambiente político en torno a las elecciones es igualmente tenso. La Lista 1, que representa a la actual conducción del Colegio de Abogados, está vinculada a la órbita de Eduardo Romani, un personaje histórico del sector. Sin embargo, la gestión de esta lista ha sido duramente criticada por la falta de transparencia en su manejo, lo que ha generado un amplio malestar en la matrícula.
Por otro lado, la Lista 3 también ha sido objeto de fuertes críticas. La misma fue calificada como “pura testimonial”, formada principalmente por personas que carecen de propuestas claras y, en palabras de algunos de los candidatos, se trata de un grupo marginal.
