El pasado 21 de marzo estaba marcado como la fecha para las elecciones del Colegio de Abogados y Procuradores. Sin embargo, eso quedo suspendido y continua un revuelo institucional inesperado.
La medida cautelar que suspendió las elecciones fue dictada por el Juzgado de Personas y Familia de Segunda Nominación, a cargo del juez Víctor Raúl Soria. Esta decisión se tomó en el marco del amparo presentado por la lista 3. El llamativo fallo, que generó un fuerte rechazo fue conocido por el Colegio de Abogados a través de una nota simple presentada por la Dra. Garibaldi, lo que generó más cuestionamientos de todo tenor.
El Colegio de Abogados y el Tribunal Electoral, inconformes con la resolución, presentaron un recurso de apelación. En su impugnación, destacaron diversas irregularidades procesales que consideraban graves, como la falta de fundamentos jurídicos para la suspensión de los comicios y la exclusión del Estado Provincial, quien es el verdadero responsable de la regulación electoral. Además, argumentaron que la medida judicial interrumpía arbitrariamente un proceso electoral legítimo, uno que ya estaba en marcha y en el que no se habían presentado impugnaciones por parte de las listas. Incluso, minutos antes de la decisión judicial, los apoderados de las listas ya estaban organizando la jornada electoral.
La apelación también puso de relieve la insuficiencia de la contracautela impuesta, así como la inexistencia de un perjuicio real para la abogada amparista. El Colegio de Abogados subrayó que no existían razones jurídicas válidas para frenar el proceso electoral en curso y que la medida solo generaba incertidumbre y obstaculizaba el normal funcionamiento de las instituciones.
El Colegio, además, reafirmó su compromiso con la legalidad y la transparencia, insistiendo en la necesidad de que los plazos electorales se reanuden lo antes posible para evitar mayores inconvenientes y para garantizar que los comicios se lleven a cabo dentro de un marco de legalidad y democracia.
A pesar de los esfuerzos de los involucrados, la situación está lejos de resolverse de forma clara. La comunidad jurídica espera una pronta resolución que permita definir si la medida cautelar se mantendrá o si finalmente se revocará, permitiendo que las elecciones del Colegio de Abogados se realicen según lo previsto.
La Lista 3 aprovecho el contexto para presentar una solicitud a la Corte relacionada con los honorarios. Este pedido fue tomado como una maniobra: no hay abogaducho que no pague su cuota es sabido.
Una fuente calificada lo definió sin rodeos: la Lista 3, expresa un desesperado manotazo de ahogado, lleva a la Corte un reclamo absurdo sobre los honorarios de los abogados, totalmente improcedente. Un intento de mostrar preocupación por la gestión cuando, en realidad, lo único que buscan es tapar su falta de rumbo en las elecciones del Colegio.
En su apelación, el Colegio de Abogados argumentó la falta de fundamentos jurídicos para la suspensión de los comicios y detalló diversas irregularidades procesales.
Entre los puntos más relevantes de su impugnación, el Colegio destacó la inexistencia de un perjuicio real para la amparista, la insuficiencia de la contracautela impuesta y la violación del principio de congruencia. También cuestionó la exclusión del Estado Provincial como parte del litigio, al ser el verdadero responsable de la regulación electoral. Además, el Colegio advirtió que la medida judicial interrumpe de forma arbitraria un proceso electoral legítimo, en el que no se habían presentado impugnaciones por parte de las listas. Minutos antes de la resolución, los apoderados de las mismas estaban reunidos organizando la jornada electoral.
Desde el Colegio de Abogados se reafirmó su compromiso con la legalidad y la institucionalidad, asegurando que continuará impulsando acciones para que la medida cautelar sea revocada y se reanuden los plazos del proceso electoral en el menor tiempo posible. Hicieron un llamado a la comunidad jurídica a mantenerse unida y alerta ante posibles interferencias externas que puedan afectar la normalidad institucional.
“Trabajamos activamente para que la medida cautelar sea revocada a la mayor brevedad, a fin de que se reanuden los plazos del cronograma electoral”, afirman en el comunicado difundido.
