Las ventajas del sórdido negocio de LUSAL se expanden y los cuestionamientos ya están en la justicia penal. Bettina Romero nuevamente padece las torpezas legales de Daniel Nallar, que concedió el último aumento de tarifas y viene por otro, además de sus actividades incompatibles. El Concejo Deliberante sigue durmiendo la siesta.

De manera misteriosa han comenzado a aparecer los antecedentes que ponen bajo sospecha una contratación que produce 250 millones de pesos anuales, a pesar de que los costos de personal y mantenimiento son muy inferiores a esa cifra. Las versiones más especulativas hablan de que las diferencias millonarias podrían encontrar como destino el bolsillo de algunos funcionarios venales.

La empresa aparecida en Salta por influencias del macrista Nicky Caputo, en coincidencia con el entonces gobierno de Juan Romero, cerró en 2009 un contrato redondo con escaso costo y tarifa inmensa que, para mejor, sigue solapada y escapa al control y decisión del Concejo Deliberante. 

Luego de que Cuarto Poder difundiera las irregularidades de Lusal, se advirtieron correcciones en las ediciones del Boletín Oficial y apareció la Resolución 162/21 del 18 de Noviembre de 2021, dictada por la Secretaría Legal y Técnica, por la se aprobó la solicitud de la Empresa LUSAL – Mantelectric ICISA – ILUBAIRES U.T.E. y le subió la tarifa a más de 150.000 vecinos de Salta.

Hay que aclarar que 75.865 capitalinos pagan $95,65, mientras que 60.543 pagan $163,84 y 5.246 abonan $343,27, siendo estas las categorías más pobladas de un total de 8 en las que se divide un padrón total de 154.189.

El firmante de esta resolución es el profesor de la Universidad Católica de Salta Daniel Mauro Nallar, quien parece destinado a realizar el trabajo sucio de la Intendenta Bettina Romero. Será por eso que ella le delegó la firma para las redeterminaciones de precios y aprobación de los convenios según se decidió por el Decreto 309/21.

Alguien controla la carga de ese Boletín Oficial que hace aparecer y desaparecer decretos y resoluciones? Puede Nallar decidir lo que se publica y lo que se oculta?

Algunos abogados de asociaciones consumeriles se han mostrado sorprendidos de que una tarifa se fije de manera hermética y esté concentrada en la voluntad de un solo funcionario, cuando correspondería que se fijaran audiencias públicas de manera previa a aprobar los incrementos. No les sorprendió tanto que fuera Nallar el firmante porque ya ha cobrado fama de tener criterios que de ingeniosos pasaron a ser peligrosos para los funcionarios que asesora, como para los contribuyentes y el patrimonio municipal.

El de LUSAL aparece como un caso extraño en el que a pesar de tratarse de una tasa que pagan los salteños por el servicio de reposición de las 65000 luminarias de la capital, los incrementos que se fijan nunca pasan por el Concejo Deliberante que es el único que tiene las facultades tributarias.

El ingenio de funcionarios municipales los ha llevado a armar un negocio en el que se fijaron ocho categorías de vecinos pagadores a los que se les cobran tarifas en base a un consumo de energía eléctrica pero que a la hora de pagarle a la empresa lo consideran un contrato único en el que se utiliza la figura de redeterminación de precios que se arreglan entre cuatro paredes y para los que utilizan la voluntad discrecional de Nallar, previo acuerdo con su jefa la Intendenta.

La lógica indica que deberían pagara sumas fijas previo analizar cuántas lámparas se reponen o cuántos gastos genera el mantenimiento de columnas o semáforos en los cuales no se advierten arreglos ni personal afectado a estas tareas. Cuántas columnas se pintaron o renovaron? Cuanto gastan de combustible? Cuál es la planta de personal de la empresa y cuando pagan por sueldos? Todo esto es una incógnita y habla de un contrato que desde hace 12 años se mantiene oculto y algunas versiones de personal municipal ya anuncian un nuevo aumento que estaría para la firma del “Tordo”.

Ni legal ni técnico

Las intervenciones de este abogado en asuntos delicados con montos millonarios, disfrazado de Secretario Legal y Técnico, han comenzado  a generar críticas que contagian a Bettina Romero porque ponen en la vidriera trámites sospechosos. Por caso, apenas ingresó esta gestión municipal, la alcaldesa autorizó el pago de las cuotas de un acuerdo por un juicio que perdió la comuna con la empresa La Plumada. La primera remesa fue de $54 millones, de un total de 490 millones, de los cuales varios fueron a parar al bolsillo del Secretario Legal y Técnico en concepto de honorarios acordados con su cliente. 

A pesar de que el Tribunal de Cuentas Municipal pidió informes sobre estos pagos hasta la fecha los antecedentes no fueron remitidos por Nallar, quien está a cargo de las reformulaciones de estos contratos. Sin dudas que Bettina Romero ubicó en un lugar estratégico al “Tordo”, quien no vacila en retacear información y desconocer al órgano que debe controlar la inversión del gasto municipal. Hasta ahora no aparecen los fiscales para analizar si estas omisiones y vínculos inconciliables constituyen delito.

Es que el convenio de pago nunca fue publicado en el Boletín Oficial que depende de Nallar, ni remitieron los antecedentes al Tribunal de Cuentas Municipal en el que ahora hay mayoría de directores afines al romerato. Existen razones para cuestionar estas conductas o, al menos, investigarlas.

Esta situación aparece como incompatible con los intereses de la Municipalidad de Salta y así lo denunció penalmente la ex diputada (M.C.) Liliana Mazzone. La blonda dirigente peronista lo vinculó con hechos de corrupción vinculados con la empresa CETRAICA en un intento fallido por colocar cámaras de control de velocidad, también con el crematorio Pieve. Para Mazzone, Nallar incurrió en fraude a la administración pública, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El romerato en las sombras

Hay que aclarar que las incursiones profesionales de Nallar no parecen surgir solamente de una capacidad profesional que ahora se ha puesto en duda, sino también del lobby que ejerció el romerato para que Plumada obtuviera un contrato de custodia y archivo de documentación pública mientras gobernaba el Senador Nacional Juan Romero. Recién en 2015 Juan Urtubey  rescindió el contrato pero, como sostiene el periodista Andrés Gauffín (El dispositivo Nallar – Opinorte), luego siguieron gestándose más negocios.

Es por eso que tras un fallo de la Jueza del Contencioso Administrativo Silvia Longarte, que condenó a la Municipalidad de Salta a pagar casi 500 millones de pesos por falta de actualización de las tarifas desde 2014 a 2017, esta empresa sigue prestando servicio con precios congelados y prepara nuevos planteos judiciales en los que no existe voluntad de combatir demasiado. Es que en realidad no parece haber pelea o disputa, sino connivencia o complicidad.

Cada vez que los abogados de la comuna callan o demoran sus defensas, o simplemente les dan la razón en acuerdos donde se simulan arreglos convenientes, los vecinos de la capital pierden la posibilidad de que la gestión de Bettina Romero asfalte calles o haga obras importantes. Esto explica también por qué las encuestas conducen a la intendenta al cementerio político. 

El “consigliere” de Bettina Romero es Nallar, mientras que se encuentran pintados Miguel Torino, que simula ser Procurador General, y Ramiro Angulo, que aparece ahora como un vasallo que presta la firma para todos los caprichos del “Tordo”. Corresponde que estos “letrados” cobren un sueldo por el silencio o la condescendencia que a diario los coloca en la categoría de meros empleados? 

Solamente la necesidad de aparentar que no existe incompatibilidad para ejercer el cargo ha permitido que no sea ”formalmente” el funcionario a cargo de la Procuración General. Este cargo prohíbe trabajar de abogado a funcionarios provinciales y municipales, concejales, diputados y senadores. Es esa estructura perversa que los concejales aprobaron a instancias de un proyecto remitido por Bettina Romero al momento de iniciar su gestión y que ahora no se animan a revisar. Esto a pesar del desprecio con que los tratan.

Con iguales niveles de incompatibilidad, en 2010 fue Daniel Nallar el que se involucró en las investigaciones administrativas que debía realizar la Auditoría General sobre Plumada. Ahí también defendió la postura de la empresa y calificó como electoralistas las sospechas que se difundían contra el negociado de la era del romerato. Doce años después sus declaraciones públicas de entonces podrían confundirse con una confesión.

La fragua de un organigrama que ingeniosamente evade la ley igualmente viola la ética. El problema reside, entonces, en la conciencia de Nallar que, para peor, da clases en un claustro universitario y predica estos malos ejemplos a futuros abogados que podrían reiterar estas situaciones que siempre conducen a un mismo lugar: la pérdida de dinero público como consecuencia de arreglos y el direccionamiento de los funcionarios en beneficio de algunas empresas amigas. 

La dupla de Daniel Nallar y Osvaldo Camisar, representa a la empresa CRESUD, del empresario Eduardo Elaztain, dueño de Cresud y titular del holding de IRSA, e imbricado en diferentes sociedades por el mundo. Es este otro negocio multimillonario que se gestó en la era del romerato y que ha provocado perjuicios por cánones irrisorios solamente permitidos por la complicidad de funcionarios.

Mientras que el actual directorio de Salta Forestal busca cobrar montos actualizados, es Nallar con su socio los que conspiran contra los intereses de la empresa provincial. Otra vez la ética devaluada del abogado lo sitúa en un lugar complejo pero distante de la conveniencia de los salteños. Cresud tiene concesionadas 30.000 hectáreas de las cuales 15.000 son productivas y deberían generar millones para mejorar la calidad de vida de los salteños. 

El “Tordo” tiene tiempo para todo, y mientras ayuda a recaudar a Bettina, también defiende a empresas que enjuician a la Provincia o al propio municipio. En tiempos de descanso instruye a quienes podrían ser sus colegas sucesores en estos negociados. En cada lugar que aparece, tiembla el patrimonio estatal. Hasta cuándo seguirá trabajando sin límites ni reproches El Tordo?