Los miembros de la Unidad Fiscal encabezada por la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, el procurador general Pedro García Castiella y el fiscal Santiago López Soto han presentado cargos contra las dos personas detenidas durante los allanamientos realizados el jueves, en relación a la investigación de posibles actos de corrupción en el Servicio Penitenciario de Salta.
La fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, el procurador general Pedro García Castiella y el fiscal Santiago López Soto, miembros de la Unidad Fiscal que investiga posibles actos de corrupción en el Servicio Penitenciario de Salta, presentaron cargos contra las dos personas detenidas durante los allanamientos llevados a cabo el jueves.
Los acusados optaron por no hacer declaraciones y fueron representados por sus respectivos abogados particulares. El agente penitenciario fue asistido por el abogado Fernando Díaz Zabalaga, mientras que el otro acusado recibió asesoramiento legal de los abogados Sandra Bonari y Esteban Nieva Haro.
Basándose en nuevos hallazgos de la investigación y en la documentación disponible, la fiscal Salinas Odorisio imputó al hombre que trabaja en el Servicio Penitenciario por el delito de exacciones ilegales agravadas, conocido como concusión, según lo establecido en los artículos 266 y 268 del Código Penal. Se le acusa, en calidad de funcionario público, de exigir sobornos a los internos penados bajo su custodia durante el período comprendido entre 2022 y 2023. Estos sobornos consistían en sumas de dinero a cambio de favores como obtener buenas calificaciones en concepto y conducta, agilizar trámites para la obtención de beneficios penitenciarios como salidas temporales o cambios de pabellón, entre otros. Además, se le imputa facilitar el ingreso de elementos no permitidos, como celulares, cargadores, alimentos y bebidas, contraviniendo el reglamento interno de las Unidades Carcelarias.
El otro detenido fue imputado como partícipe necesario del delito de exacciones ilegales agravadas, conocido como concusión, en relación con un hecho específico. Se le acusa de haber actuado como intermediario con los familiares de un interno, solicitándoles dinero a cambio de gestionar ciertos beneficios dentro de la Unidad Carcelaria Nº1.
Ambos acusados se encuentran en prisión preventiva en el día de hoy.
Durante los dos allanamientos realizados por la Unidad de Investigación del CIF es que se logró obtener las pruebas para la acusación , se incautaron varios elementos relevantes para la investigación, como teléfonos celulares, pendrives, computadoras, dinero en efectivo y documentación vinculada a internos. Los individuos serán imputados por el presunto delito de Exacciones Ilegales Agravadas – Concusión, en un número indeterminado de hechos.
Y través del análisis de los teléfonos celulares de imputados anteriores, se descubrieron conversaciones que revelan la coordinación para obtener beneficios a cambio de dinero de familiares de internos, utilizando a un intermediario. Estas conversaciones indican que participaron activamente en la obtención de beneficios a cambio de dinero, incluso proporcionando su cuenta bancaria para recibir los pagos. Además de las conversaciones, se respalda la acusación con análisis bancarios y transferencias detectadas, aportadas por el Departamento Fraudes de Mercado Libre.
Además, un exdetenido en la Unidad Carcelaria 1 proporcionó un testimonio detallando pagos de $95.000 para asegurar su liberación durante la pandemia en 2020 o 2021. Además, mencionó un acuerdo de $380.000 con su padre a cambio de informes favorables y beneficios adicionales, de los cuales solo se entregaron $280.000 en efectivo. Asimismo, pagó $60.000 para eliminar una sanción. Todos estos pagos fueron realizados a uno de los individuos ya imputados, quien era responsable de gestionar los beneficios.
