El reparto de líos llegó al norte

La pandemia del coronavirus ha logrado enfrentamientos entre sectores, en todos los lugares en los que se determina la afectación para el próximo tratamiento de infectados. Ya pasó en el Hospital Papa Francisco, donde la comunidad se sintió amedrentada por la facilidad de contagio para la comunidad cercana. Pasó con policías y agentes de salud que prácticamente fueron expulsados de sus domicilios por estar trabajando para combatir la pandemia. Y pasa en el norte con las comunidades indígenas. Así lo dice un comunicado de la comunidad Wichi que con suma preocupación piden intervención de los legisladores nacionales en un tema no menor, el desalojo del Área de Recuperación Nutricional del Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal. “Con mucho dolor quiero comunicar que en el hospital de Tartagal, han desalojado a los niños internados del edificio de Recuperación Nutricional, y se apropiaron del lugar según dicen, para «guardia pediátrica » y encerraron a los niños y a sus mamás y papás acompañantes, en los box de uno de los salones de pediatría, con todas las incomodidades, entre ellas tener un solo baño cuando sabemos que hay muchos internados allí”.
El edificio de Recuperación Nutricional del Hospital Juan Domingo Perón fue construido con Fondos de Reparación Histórica, para el beneficio de pacientes tanto del Departamento San Martín como de Rivadavia, inaugurado el 8 de octubre de 2015 por el entonces gobernador, Juan Manuel Urtubey.
“En estos días, la Ministra de Salud, en complicidad del nuevo gerente del hospital Juan Domingo Perón, decidieron prácticamente echar a los niños internados, que en su mayoría pertenecientes a Pueblos Indígenas de diferentes comunidades del Chaco salteño”, explica la referente Wichi.
La explicación para tal acción tiene que ver con la preparación que están haciendo todos los organismos de Salud Pública, a la espera del pico de coronavirus en Salta, que es la prioridad del momento. Aunque no podemos olvidar que desde el mes de enero vienen falleciendo 15 niños y que a partir de la cuarentena fueron 3 niños los que fallecieron por cuadros graves de deshidratación, con niveles altos de desnutrición.
Tanto Octorina Zamora como toda la comunidad que representa entienden esta acción del Ministerio de Salud Pública como racista y discriminadora, debido a que nadie les explicó qué pasaba, simplemente se tomó acción de forma arbitraria. “Estos personajes toman esta determinación con los pacientes Indígenas que se salvaron de morir de hambre como si se tratara de animales”, aduce Zamora, que no tranquila con enviar este comunicado a legisladores y prensa, realizó una presentación ante el INAI ( Instituto Nacional contra la Discriminación), en la que explica la situación y solicita que, por intermedio de este organismo nacional, las autoridades provinciales den explicaciones respecto a su accionar. “Solicitamos se expresen las razones que llevaron a una medida de corte discriminatorio e incluso expulsiva del sistema de salud de nuestros niños, niñas y familiares”.
“Sin consulta ni consentimiento, se realizó el traslado de los internados a otra sala que no cuenta con las condiciones suficientes ni similares”, esboza la misiva. “Sin contemplar que la gravedad alimentaria y socio sanitaria, expuesta desde enero de este año, llevó a la muerte de más de 15 personas de los pueblos indígenas”.
Reconoce haber creado una buena relación entre los agentes de salud y la comunidad afectada, a partir de la creación de este sector dentro de Salud Pública, pero “de modo drástico se suspende el proceso de acompañamiento, mejora y confianza ante la falta de criterio en la decisión de trasladar al sector más vulnerable de la comunidad hospitalaria, sin las mínimas condiciones de respeto ni reconocimiento”.
Concluye alertando a las autoridades nacionales que respaldan “nuestros derechos como pueblos indígenas que nos reducen el espacio, el acceso a sanitarios, la posibilidad de comunicación y desde ya el reconocimiento de la emergencia alimentaria que aun padecemos”. Mientras que al comunicado que envió a legisladores y medios de comunicación lo cerró apuntando tajantemente al primer mandatario provincial “solicito al Gobernador revisar la situación y ordenar devolver el edificio a los niños wichí, yiofwaha, chulupi, tobas, guaraníes que se benefician día a día con la atención profesional y la dedicación para salvar sus vidas”. (N.J.)