Doce personas están acusadas de integrar una organización dedicada, según la Fiscalía, al contrabando de mercaderías desde Bolivia. La estructura tenía gomones, caminos internos, puntos de cobro y seguridad. La investigación calculó un movimiento económico de casi $3.000 millones.
Lucas Sorrentino
El río estaba ahí antes que todos ellos.
El Bermejo corre entre Argentina y Bolivia y, en la zona de Aguas Blancas, llega hasta el fondo de una finca llamada “Carina”. Desde la ruta nacional 50 son unos dos kilómetros. Detrás de la propiedad está el río. Del otro lado, Bolivia.
Según la acusación de la Fiscalía, durante meses ese lugar funcionó como una frontera privada. La mercadería llegaba en gomones. Alguien la recibía. Alguien cobraba. Alguien vigilaba. Los vehículos entraban por un camino interno, cargaban y volvían hacia la ruta.
Este martes, el Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta comenzó el juicio contra 12 personas acusadas de integrar esa organización.
La causa está a cargo del fiscal Marcos Romero, de la Sede Fiscal Descentralizada de Orán. Para la Fiscalía, no se trataba de un grupo improvisado de personas que aprovechaba las condiciones de la frontera. Había una estructura, división de tareas y una forma de cobrar por cada movimiento.
La llamaron “Aduana paralela”.
Un peaje para la mercadería
La palabra aduana puede hacer pensar en oficinas, sellos, computadoras. En la finca “Carina”, según la acusación, el sistema era otro.
Había puntos de cobro. Se cobraba por vehículo y por bulto. Había seguridad. También puestos de comida y gomones para transportar la mercadería por el río.
La Fiscalía calculó unos 300 vehículos por día. El ingreso diario de la organización, siempre según esa estimación, rondaba los $3 millones.
El informe de la División Aduana de Orán, dependiente de ARCA-DGA, llevó el cálculo más lejos: $2.975.392.851,56 de movimiento económico relacionado con la mercadería que habría circulado por la finca.
La cifra aparece ahora en un expediente judicial. Los hechos deberán ser probados durante el debate.
La finca estaba dividida en dos parcelas. Una había sido comprada el 10 de febrero de 2025 por Gladys Gloria Salazar por $20 millones. La otra figuraba a nombre de Blanca Cortez, aunque, según la Fiscalía, era ocupada desde hacía años por integrantes de la familia Cardozo.
La segunda parcela tenía lo que hacía falta: llegaba hasta el río.
Los gomones llegaban desde Bolivia
La escena que reconstruyó la Fiscalía empieza en el agua. Los gomones cruzaban desde Bolivia con mercadería. Al llegar a la costa argentina, la carga era trasladada y los vehículos avanzaban por un camino interno hasta la salida hacia la ruta 50.
Ese camino unía las dos parcelas de la finca. Según la acusación, había sido habilitado y mantenido clandestinamente.
La organización, sostiene el fiscal Romero, estaba dividida en grupos con distintas funciones. No todos hacían lo mismo. Algunos estaban vinculados con la logística; otros, con los cobros y la seguridad.
La investigación comenzó el 26 de mayo de 2025 a partir de indicios sobre la actividad que se desarrollaba en la finca.
Gendarmería siguió el movimiento. Hubo tareas de campo, inteligencia e intervenciones telefónicas. También participó un agente revelador.
Durante semanas, la causa fue acumulando nombres, vehículos, movimientos y comunicaciones.
Hasta que llegó el allanamiento.
El día que se cerró el paso
Fue el 4 de agosto de 2025. La Dirección General de Aduanas secuestró mercadería que, según la investigación, había ingresado ese mismo día. Gendarmería detuvo a 11 de los ahora acusados. La finca quedó clausurada.
El operativo interrumpió el circuito que la Fiscalía había reconstruido durante la investigación.
Pero no terminó la causa.
Según el Ministerio Público Fiscal, otros tres imputados fueron detenidos después de que el expediente ya había sido elevado a juicio. Entre ellos está quien es señalado como el presunto jefe de la organización. Fue detenido el 8 de agosto pasado en Bolivia.
Este martes, mientras el fiscal Romero describía ante los jueces cómo funcionaba aquella estructura, los acusados estaban en la sala.
Son José Luis Segundo Suárez, Francisca Milagro Cardozo, Jorge Miguel Cardozo, Carmen Janette Cardozo, Gladys Gloria Salazar, Pedro Abel Del Rivero, María Fernanda de los Ángeles Segundo, María Rosa Basco, Virginia Ayelén Orellana, María Laura Tintilay, Cintia de los Ángeles Gutiérrez y Benito José Cardozo.
La Fiscalía los acusa de integrar una asociación ilícita y de participar en maniobras de contrabando de mercadería agravadas por la cantidad de personas involucradas y por los montos atribuidos.
Las defensas expusieron después de la acusación.
El tribunal, integrado por Domingo Batule, Gabriela Catalano y Diego Matteucci, pasó a un cuarto intermedio.
El juicio continuará el martes 29 de septiembre.
Afuera seguirá el Bermejo. La misma corriente, la misma frontera. Del lado argentino, la finca “Carina” ya no tiene el movimiento que tuvo durante aquellos meses.
Lo que queda ahora es reconstruir, en un tribunal, cómo funcionaba ese movimiento y quién hacía qué.




