El Gobierno nacional anunció dos medidas que presentan un “fuerte impacto negativo en el déficit fiscal” y también en las finanzas de las provincias, algo que sólo podría revertirse si se dan una serie de supuestos en la aplicación con éxito de aquellas decisiones.

Por Valeriano Colque

Se trata de la suba del mínimo no imponible de Ganancias y la devolución del IVA para el consumo de bienes esenciales, acciones con las cuales el ministro de Economía, Sergio Massa, intenta levantar el aplazo social ocasionado por el fuerte salto inflacionario.

Estas medidas regirán únicamente para lo que queda de 2023 (100 días), pero Massa estira los plazos para el año próximo, cuando en la Casa Rosada ya esté instalado un nuevo Gobierno.

Sin embargo, en un contexto de alta inflación, las mismas muestran una gran imprudencia e irresponsabilidad ya que al profundizar el déficit fiscal aumentan el riesgo de descontrol inflacionario. Asimismo, las medidas generarán mayor inflación en los próximos meses con lo cual el alivio que proveen será efímero.

Un elemento clave de las medidas es que el nivel de gobierno que las decide y anuncia no es el único que afronta los costos fiscales asociados a la menor recaudación neta que generarán. Esto es así porque en este caso se afectan los ingresos de los dos principales impuestos de la estructura de recaudación a nivel país, que a su vez fondean la mayor parte de la masa coparticipable automáticamente con las provincias.

En el caso de Ganancias, $ 60 de cada $ 100 recaudados terminan en la esfera provincial a través de la Ley de Coparticipación y modificatorias. Por su parte, el IVA tiene asociado un reparto legal tal que llega a las provincias $ 54 de cada $ 100 que se paga del tributo por operaciones económicas en todo el territorio argentino. Estas mismas cifras deben considerarse cuando se tienen en cuenta cuántos pesos no se recaudarán como consecuencia de las medidas en marcha.

El gobernador Juan Schiaretti fue uno de los pocos que alertó sobre las consecuencias de las medidas para las arcas provinciales, aunque en el acto recogió críticas de parte de quienes sostienen la candidatura presidencial de Massa, inclusive de intendentes que adhieren al kirchnerismo.

En otra instancia, cuando el gobierno de Mauricio Macri quiso disminuir el impacto de tributos coparticipables, fueron los propios gobernadores los que le salieron al cruce y plantearon un recurso judicial. Ahora nada de eso sucede.

Que hay que bajar la presión tributaria en la Argentina es indudable. Pero hacerlo en las actuales condiciones inflacionarias y sin contar con una compensación financiera es extremadamente contraproducente.

El ministro consideró que a la mayor parte del esfuerzo lo deberán hacer las provincias y sus municipios. La organización federal nuevamente fue vapuleada. Pero lo más preocupante es la parte a cargo de la Nación que se financiará con mayor emisión monetaria. Agregar emisión cuando la inflación mensual ya está en los dos dígitos es temerario.

La puntualización viene al caso porque ese paquete que depende de la emisión tiene más cosas adentro: un bono de $ 37,000 mensuales a jubilados y pensionados que cobren la mínima, una suma fija de $ 60,000 para empleados públicos (y el sector privado), un refuerzo de $ 25,000 por única vez a empleadas de casas de familia del cual el 50 % será reembolsado por el Estado y un refuerzo de ingresos de $ 20,000 para los beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo y un refuerzo de $ 10,000 a $ 23,000 en la Tarjeta Alimentar.

Buena parte de la supervivencia de ambas medidas está atada a la suerte electoral de Massa. Es difícil que se mantengan si ganan Patricia Bullrich (JxC) o Javier Milei (LLA). Pero la Argentina ha demostrado que muchas veces es complejo torcer lo que ya está escrito, la historia del “transitorio” impuesto al cheque así lo demuestra.

El costo fiscal de la elevación del piso de ganancias es de $ 1 billón (un millón de millones de pesos), mientras que el techo de las devoluciones de IVA se acercaría a los $500.000 millones. Es decir que ambas medidas tienen un impacto negativo directo sobre la recaudación equivalente al 1 % del PIB. Cabe explicar que el monto tope de devolución de IVA es de $ 18.800 por persona con un universo potencial de 9 millones de personas,

Aquí vale una larga explicación para darle dimensión al impacto de las medidas. La anualización de las mismas, es decir lo que ocurriría si formaran parte de una política tributaria permanente, implicaría una menor recaudación de Ganancias por unos $ 3 billones, y un monto de devolución de IVA que haría caer la recaudación neta del tributo en $ 1,25 billones. Estos valores anuales, sumados, equivalen a un 2,8 % del PIB.

Las provincias y CABA corren con el costo del 58 % de las medidas a través de una menor coparticipación, mientras que el 42 % restante es aportado por menor recaudación para el nivel nacional, de hecho, el Tesoro Nacional aporta el 36 % y ANSES completa con el 6 % restante a través de menores ingresos tributarios. En lo que queda del año, las provincias se repartirán $ 866.000 millones menos.

La distinta estructura de recaudación y autonomía provincial se refleja en el hecho de que el menor monto ingresado por coparticipación equivale al 2 % de la recaudación propia de CABA, al 11 % de la de Córdoba, Santa Fe, Mendoza, entre otras, pero en el caso de jurisdicciones con baja recaudación relativa como Formosa, por ejemplo, implican un monto que representa el 76 % de la recaudación anual. Además, en promedio las provincias resignarán financiamiento del 2,8 % de sus gastos primarios, con una heterogeneidad en la afectación entre las distintas jurisdicciones.

Puede existir una chance a que las provincias no pierdan plata hasta fin de año, siempre y cuando el esquema funcione.

Bajo el supuesto que los 20 millones de personas hagan uso pleno del reintegro, el costo mensual sería de $ 376.000 millones, equivalente a $ 1.128.000 millones (0,63 % del PIB) hasta fines de noviembre cuando vence.

Cuando las personas consumen $ 89.500 durante un mes, terminan de recibir los $ 18.800. Al consumir el reintegro, el fisco nacional, los fiscos provinciales y municipales cobran tributos. En este trabajo se considera un 22 % de recaudación conjunta de IVA y Ganancias, un 5 % de ingresos brutos provincial y un 3 % de TISH municipal.

Es decir que sobre los $ 376.000 millones mensuales, la Nación recauda el 10 % (46 % de la suma de IVA y Ganancias), Provincias y CABA el 12 % (54 % de la suma de IVA y Ganancias), Provincias por ingresos brutos el 5 % y municipios por TISH municipal el 3%.

Nuevas medidas. El ministro de Economía, Sergio Massa, lanzó una nueva batería de anuncios para mejorar el humor social con medidas de alivio para el bolsillo y de esa manera hacerle frente a los datos de inflación y pobreza que conspiran contra sus aspiraciones presidenciales.

El candidato de Unión por la Patria dio a conocer una serie de iniciativas orientadas a los sectores que habían quedado afuera de la primera tanda de propuestas, como lo son profesionales, autónomos, monotributistas y pymes. En paralelo, desde la Secretaría de Política Económica se divulgó el segundo indicador semanal de inflación que mostró una leve desaceleración en el ritmo de suba de precios.

Massa anunció el aumento a $ 160.000 del mínimo del monto no sujeto a retención para profesionales autónomos y prorrogó (no lo canceló) el pago de los aportes del último trimestre.

Además, comunicó para monotributistas la suspensión de las exclusiones por superar el límite de facturación hasta la actualización de la escala el año que viene (apunta al salto a Responsable Inscripto) y la baja automática por falta de pago.

Para las pymes lanzó un plan de pagos para deudas vencidas hasta el 31 de agosto en 120 cuotas mensuales, que estará abierto hasta el 31 de diciembre. La tasa de interés es de 4,1 % mensual y se podrán incluir planes caducos.

Remitió al Congreso un proyecto de ley que establece que la devolución del IVA en productos de la canasta básica sea permanente, para que no quede como una medida aplicada sólo en este contexto, sino que quede como un instrumento hacia adelante de política tributaria.

Poco antes, desde la Secretaría de Política Monetaria se informó que la inflación de la segunda semana de septiembre fue de 2 %. Dado que en los períodos previos había sido de 2,5 % y 2,1 %, el área dependiente de Gabriel Rubinstein sostuvo que “se atenúa” la suba de precios.

El trabajo refiere a la evolución de los precios entre el 11 y el 17 de septiembre. “Aun cuando estos valores, que rondan el 2 % son muy elevados, es importante notar la fuerte baja respecto de los valores semanas de agosto”, afirmó la Secretaría. Asimismo, el informe afirmó que “este descenso de la tasa de inflación se encuentra en línea con lo esperado, al ir absorbiéndose los efectos de la mayor devaluación de agosto y el impacto del impuesto PAIS en costos”.

Sin embargo, los números oficiales contrastan con los informes de consultoras privadas. Para Libertad y Progreso con datos hasta el 15 de septiembre el IPC acumula una suba del 6,4 % en el mes. En la segunda semana, la suba de precios se desaceleró en torno al 2,5 % semanal, lo que equivale a un ritmo mensualizado de casi el 11 %.

En similar sentido se pronunció Eco Go, también con un alza de 2,5 % en la segunda semana del mes. En tanto, LCG indicó que en la semana del 13 al 20 de septiembre el precio de los alimentos subió 2,9 % acelerándose con respecto al período previo.

Con la difusión de un índice propio adelantándose al Indec, Massa busca frenar las expectativas y modificar el clima mostrando un mejor panorama a futuro.

Además, el próximo miércoles el Indec dará a conocer la medición de pobreza al cierre del segundo semestre que apunta a acercarse al 40 % tal como se desprende de datos anticipados del organismo.

La economía sigue achicándose. La actividad económica durante el segundo trimestre del año bajó 4,9 % en comparación con igual período de 2022. Además, el producto interno bruto (PIB) entre abril y junio de este año se colocó 2,8 % por debajo del registrado entre enero y marzo.

Son datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) que agravan el preocupante cuadro de la economía nacional y se conocen con casi un trimestre de atraso.

Para ser ilustrativos, en el segundo trimestre la inflación osciló entre el 8,4 % de abril y el 6 % de junio. Con esos índices, la creciente restricción de dólares para la importación y la amplia brecha cambiaria, todos los análisis pronosticaban una caída de la actividad económica.

El Indec, entonces, no hizo más que confirmar esa hipótesis. Pero ahora concluimos el tercer trimestre con una inflación mensual que en agosto marcó 12,4 %, y se sospecha que la de septiembre será similar. La brecha cambiaria no ha cedido. Las reservas del Banco Central siguen siendo negativas y algunos cálculos advierten que las importaciones sin pagar rondan los 40.000 millones de dólares.

La pregunta a responder encierra en sí misma una afirmación: ¿cuánto más pueden haber caído la actividad económica y el PIB en el tercer trimestre? A esa de por sí desestabilizada economía, falta sumarle el impacto de la incertidumbre política. No sólo por el panorama electoral, sino por las imprudentes medidas que anunció el Gobierno en las últimas semanas y que implican, en la práctica, un aumento del déficit fiscal que se financiará con mayor emisión monetaria, lo que acelerará una vez más la inflación.

En su análisis de los números del segundo trimestre, el Indec parte de lo obvio: la sequía histórica que afectó al sector agropecuario sería el principal factor de las caídas de la actividad y del PIB, porque la rama agricultura y ganadería descendió 40,2 % en el segundo trimestre respecto de igual período del año anterior.

Pero la caída interanual que se registró en pesca fue del 30,5 %; la distribución de electricidad, gas y agua disminuyó 6,3 %; el sector transporte, almacenamiento y comunicaciones tuvo un descenso de 3,7 %; la actividad de intermediación financiera tuvo una caída del 3 %, y la formación bruta de capital fijo cayó un 1,1 %.

Un párrafo aparte merece la cuestión del comercio y, si se quiere, el esparcimiento. Las entidades que agrupan tanto a los comerciantes como a los supermercadistas vienen exhibiendo estadísticas que describen caídas en las ventas todos los meses. Que, en paralelo, algunos restaurantes estén llenos y algunos espectáculos públicos agoten localidades apenas refleja que un pequeño segmento de la sociedad dispone de un monto para gastos vinculados al ocio y la recreación; un monto acaso reforzado, casualmente, con el objeto de compensar las tensiones que provoca la situación general.

En consecuencia, las caídas de la actividad y del PIB no se restringen al impacto de la sequía. Expresan que toda nuestra economía sigue achicándose. Eso se traduce, más temprano que tarde, en complejas pujas distributivas y mayor pobreza y exclusión.