Luego del femicidio de Graciela Carabajal en Joaquín. V. González en diciembre de 2015, vecinos exigen justicia por la víctima que ya había denunciado maltratos. “La Emergencia en Violencia de Genero no llegó a Anta” recordaron. (Andrea Sztychmasjter)
Luego del 23 de diciembre de 2015 cuando Graciela Carabajal fue asesinada en Joaquín V. González por Luis Roberto Frías, familiares y vecinos debieron movilizarse numerosas veces exigiendo justicia. Hijos pequeños han quedado sin madre y su familia no ha obtenido ningún tipo de ayuda estatal. Graciela ya había realizado denuncias previas por maltrato por parte de su expareja quien se encontraba en libertad en relación con una denuncia anterior radicada por la mujer.
Al ahora femicida le habían sido impuestas medidas que le impedían ejercer violencia contra Graciela. Tenía una exclusión del hogar y prohibición de acercamiento en un radio no menor de 200 metros del lugar de residencia o los lugares donde habitualmente concurría la víctima. No podía ingerir bebidas alcohólicas y tenía la obligación de someterse a un tratamiento psicológico y a otro por su adicción al alcohol, había informado en su momento la prensa del Poder Judicial.
Nada de eso sucedió. Ese día cuando ella circulaba en una moto fue interceptada por Frías quien le exigió volver a su casa. Graciela, que en otras oportunidades ya se lo había negado, le volvió a decir que no, fue entonces cuando Frías la agarró del brazo, sacó un cuchillo y le asestó una puñalada en el pecho que le produjo la muerte. Luego se dio a la fuga. El juez de Garantías 1 de Joaquín V. González, circunscripción Anta, Héctor Sebastián Guzmán, dictó prisión preventiva a Frías, quien se encuentra actualmente acusado por el delito de homicidio agravado por el vínculo y violencia de género.
“A Graciela no la escucharon cuando denunció que su expareja la violentaba ni cuando pidió custodia policial porque la había amenazado de muerte. Desde el Estado no se le brindó protección y en Anta las mujeres que sufren violencia se ven abandonadas a su suerte”, señaló Claudia, periodista de Radio Sónica 97.7 al recordar una de las tantas marchas que un grupo de vecinos realizó.
Las movilizaciones autoconvocadas cada vez suman a más personas sensibilizadas con la violencia que niñas y mujeres sufren a diario en el departamento de Anta. Sin embargo, “hasta ahora el tema no es considerado de importancia parece”, recordó Claudia.
Solicitaron además la urgente implementación de patrocinio jurídico gratuito a víctimas de violencia de género, puesto que la familia de Graciela Carabajal aún no cuenta con una abogada.
Anta también existe
El pasado 3 de junio de cara a nueva marcha por #NiUnaMenos mujeres de la zona redactaron una carta abierta a representantes electos y a funcionarios/as de Joaquín V. González y el departamento de Anta. En ella recuerdan que desde hace tiempo vienen demandando respuestas por parte de las autoridades y funcionarios/as competentes, ya que los pedidos no han sido atendidos. “No se asumen hasta el momento las responsabilidades públicas sobre la problemática de la violencia hacia mujeres y niñas en nuestro departamento”, señalaron en el documento dirigido al intendente Juan Domingo Aguirre, al senador Ernesto Gómez, a la diputada Alejandra Navarro y a los diputados Marcelo Paz y Pedro Sández, como así también a los concejales y a los funcionarios del Poder Judicial de la provincia.
En la carta que cuenta con numerosas firmas, exigen la implementación de políticas públicas para combatir la violencia de género: Que se implemente también en el interior la Declaración Provincial por Emergencia en Violencia de Género ya que en Anta no contamos con nada de lo previsto; Protección del estado para niños y niñas huérfanos/as por Femicidio de sus madres, asistencia económica y psicológica; o que se priorice la tenencia de niños y niñas a cargo de la familia materna, son sólo algunas de las medidas que exigen.
Sin decir Ni Una Menos
Algunos de los casos ocurridos durante los últimos años dan cuenta de los alarmantes niveles de violencia de género en el interior provincial. Recordamos algunos de ellos:
– El 10 de diciembre de 2011 María Ramos fue asesinada por su exnovio Abel Gabriel Sierra en Joaquín V. González. Sierra fue condenado a la pena de veintidós años de prisión por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en perjuicio de María Ramos, y ordenaron que el imputado continúe alojado en la cárcel penitenciaria local. En el mismo fallo, Sierra resultó absuelto del delito de lesiones leves por el que también llegó requerido a juicio, por aplicación del beneficio de la duda.
-El 22 de febrero de 2012 en Coronel Mollinedo, Ramón Héctor Suárez mató a su hijo de 7 años. Fue un caso de femicidio vinculado porque mató al niño para causarle daño a la mujer.
– El 20 de mayo de 2013 Claudia Judith Palma de 9 años fue secuestrada, violada y asesinada por tres hombres en Joaquín V. González.
– El 27 de julio de 2013 en El Quebrachal María Elena Ruiz fue asesinada por Eduardo Palomo (policía) quien luego se suicidó. Palomo, efectivo de la Policía de Santiago del Estero, que se desempeñaba en la ciudad de Monte Quemado, le disparó con el arma reglamentaria a su exmujer frente a tres de sus hijos, dos menores y uno mayor de edad. El hecho ocurrió en el barrio 20 de Junio de la localidad de El Quebrachal.
– El 24 de febrero de 2014 María Fátima Albornoz fue asesinada por su pareja Alejandro Torres. Él la ahorcó y después se entregó a la policía, aunque al principio intento hacer pasar el hecho como un suicidio (existían denuncias previas por violencia de género).
– El 24 de julio de 2015 en Salta Forestal, Cintia Lorena Veleizán fue asesinada por Germán Orquera quien después se suicidó.
