“Ese silencio alimentó el nefasto negocio de la noche, que ahora explota en la comunidad y se refleja en los medios locales y provinciales”. Así está Orán. 

El PO retomó la acción legislativa, e impone el tema de debate: Orán. A través de sus concejales en la localidad norteña los obreros avanzan contra uno de los alfiles U más importantes, El familiar. Marcelo Lara GroSS, Intendente de Orán, es uno de los principales apóstoles de la gestión Urtubey. Las preguntas de los concejales son de impacto provincial, lo que –se supone- será destacado por sus diputados. En la ciudad norteña, y en medio de su propio incendio, le preguntan al brazo U “sobre los locales y radios allanados por la AFIP”. Una patada ahí.

El bloque Obrero en el Concejo  de Orán presentó un proyecto de Resolución, con el objeto de exigir a Lara GroSS, que informe sobre la habilitación “de locales de diversión nocturnos y los montos de pautas publicitarias otorgadas a los medios de comunicación, productoras o periodista en tanto la situación del caso”.

Lo más interesante es que el proyecto relata el estado de la ciudad. Una pequeña Sinaloa, en manos del único intendente que asumió su mandato en la iglesia y no en la sede administrativa. Se allanan más de 20 propiedades de sus aliados y posibles socios territoriales. La ex DGI acusa una evasión de 64 millones de pesos, y no cierra la puerta a delitos más graves.

El autor del proyecto, Ruben Toaly, dice: “Lara Gros deberá dar explicaciones sobre la irregularidades en el funcionamiento de estos locales, donde aparecen ahora las denuncias de prostitución y trata”. En algunos locales “habilitados” había chicas menores. La frontera es caliente. El periodista militante, y secretario de la bancada obrera en Oran, Samuel Huerga, resumió que “bajo la intendencia de Lara GroSS fue clausurada la wiskería El Castillo, con gravísimas denuncias de corrupción policial, sometimiento a la prostitución y trata de personas, sin que se avance en las responsabilidades administrativas y políticas del caso. Ese silencio alimentó el nefasto negocio de la noche que ahora explota en la comunidad y se refleja en los medios locales y provinciales”.

Los allanamientos fueron en propiedades comerciales de Roberto Meri y de Gustavo Astún. Roberto Meri, es suegro del senador provincial por Orán Pablo González y Gustavo Astún, hermano del diputado provincial por Orán Marcelo Astún, quien desmintió cualquier vinculo comercial con su hermano. Pablo González (conocido por el escándalo de la medicina privada) llegó al senado de la mano del renovador Lara GroSS, y del voto electrónico 100% en el departamento Orán. Llegó al senado, sacando del medio a Froilán “tachito” Pedroza, un PJ territorial que había presidido la Cámara Baja local en repetidos periodos y que luego se afincó en el Senado, de la mano de su hermano, intendente de Urundel. Por aquellos días un diputado capitalino tuvo que atender a Pedroza en tres oportunidades, y calmarlo, para que no denuncie fraude en el Grand Bourg.

El otro es el diputado Marcelo Astún, quien está señalado por la AFIP, a través de su hermano Gustavo. La impositiva, cree que los hermanos forman una sociedad. En los operativos, realizados en la madrugada del domingo, participó la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria). Testigos afirmaron que gran vehículos fueron atravesados en los ingresos a los boliches, bailantas, y en las FM de los empresarios. Según la periodista Silvana Brezina los domicilios particulares de los involucrados también habrían sido allanados. Las fuentes consultadas confirmaron que por orden del juez federal los allanamientos se produjeron por supuesta evasión impositiva y trabajo en negro. La AFIP no descarta delitos más graves, como el lavado de dinero. Nada raro para una ciudad casi colombiana.

Según relató Brezina en El Acople Informativo, la ciudad parece militarizada, los móviles, autos y carros, atraviesan las calles principales y los ingresos a los locales bailables, provocando embotellamientos, previo al horario de cierre y de salida de los clientes. Obvio que todos los ojos apuntan a El Familiar, porque los karaokes (léase prostíbulos) estaban habilitados legalmente, mientras que las FM recibirían jugosísimas pautas publicitarias desde el comienzo del mandato municipal. Y Marcelo es Juan. A nadie se le escapa.

En el proyecto del PO se lee que en los allanamientos “participaron miembros de la Fundación Maria de los Ángeles, fundada por Susana Trimarco, madre de Marita Verón, dedicada a la investigación, rescate y lucha contra la Trata de Personas, quienes informaron que en Orán se detectó “la presencia de una gran cantidad de mujeres ejerciendo la prostitución en locales encubiertos, bajo la fachada de karaokes y bares. En algunos de ellos se habría detectado la presencia de chicas menores de edad”. (sic)“. Mucha droga en la ciudad, algo de Mafia, y harta prostitución. No parece Mónaco.

El proyecto señala que el vinculo entre los prostíbulos y la frontera es la trata de personas. Suena lógico. Acertadamente señala que “la trata de personas y el narcotráfico están unidos por el mismo hilo conductor en los negocios de la noche, y es menester establecer las responsabilidades políticas para el funcionamiento de estos locales”. Además en todo el mundo, narcos, trata, armas, animales y otros rubros usan la misma ruta. Por eso los “empresarios” allanados tienen alto impacto político, porque “fueron allanados domicilios particulares y estaciones de Radios FM de la ciudad de Orán, con vinculación comercial con los locales nocturnos clausurados, casualmente medios y propietarios que reciben abultadas pautas publicitarias del gobierno municipal”. Le solicitaron al municipio la habilitación de locales nocturnos en la ciudad y se informe los montos de pautas publicitarias otorgadas a los medios de comunicación. Por último, pidieron que se remita todo lo actuado en el Concejo a la Cámara de Diputado y Senadores de la provincia, y AFIP Orán. Ups!