Los tributaristas consideran que el objetivo es llegar hasta los denominados “trust irrevocables”, instrumentos que se utilizan en todo el mundo con el objetivo de delegar a un administrador el patrimonio familiar, con el objetivo de determinar cómo se repartirá la herencia a lo largo de los años, sin la posibilidad de modificar posteriormente lo que se disponga, una vez constituido el instrumento, por un lado. Y dejar de pagar impuestos en el país, por el otro.
Se considera que el patrimonio incluido en este tipo de figuras deja de estar en cabeza de quienes lo organizaron, no debe pagar ningún tipo de impuestos por esos activos. En el caso del régimen argentino, la persona deja de pagar Bienes Personales y Ganancias.
Nadie sabe aún qué postura tomará la AFIP respecto a este punto. Se trata de un instrumento por el cual un individuo se desprende de su patrimonio y ya no debe tributar por el mismo. Aunque, para el organismo fiscalizador podría tratarse de una maniobra para eludir el pago de impuestos, por lo que el Gobierno quiere que este tipo de estructuras también estén sujetas al impuesto a los Bienes Personales, según la última modificación que se introdujo a fines de 2019 y que aumentó las alícuotas.
Si estos fideicomisos representan un “desprendimiento” de las fortunas de los contribuyentes o no, no está en análisis. El organismo determinó que algunas de estas estructuras eran fachadas para eludir el pago de impuestos y los dio de baja. Pero en otros casos funcionaron adecuadamente y fueron aceptados.
En los últimos meses muchos contribuyentes de grandes fortunas se verían alcanzados por el impuesto a la riqueza, que rige para capitales superiores a los 200 millones de pesos, realizaron distintas jugadas para evitar su pago. Algunos optaron por modificar la residencia fiscal. Otros aprovecharon la exención de cinco años de Uruguay. Y otros optaron por algo más sofisticado, como es constituir el trust irrevocable.
Las cosas se complican un poco más porque la ley faculta a la AFIP a revisar lo actuado por el contribuyente en los 180 días previos a la sanción de la ley, con el objetivo de determinar si se produjeron maniobras destinadas a eludir el pago del nuevo tributo. En su caso puede tratarse de donaciones o de los polémicos trust.
