La Universidad Nacional de Salta participa del presupuesto nacional universitario del 1,5% de la masa de fondos que se distribuye.
Andrea Sztychmasjter
Para rechazar un veto se requieren dos tercios; 172 votos en Diputados. O al revés, 86 para dejarlo firme. Sin la ayuda del bloque amarillo, en la Casa Rosada admiten que no pueden evitar una derrota y analizan la posibilidad de judicializar el tema.
Después de las masivas movilizaciones en todas las provincias del país en defensa de las Universidades públicas, el gobierno de Javier Milei ratificó que este jueves publicará en el boletín oficial el veto a la ley de financiamiento universitario, pese a que reconoce que no tiene el respaldo en el Congreso para sostenerlo, a diferencia del blindaje que logró montar para el rechazo a la reforma de movilidad jubilatoria. Como plan B evalúa ir a la Justicia.
Un análisis pormenorizado de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) en base a los asientos contables del Poder Ejecutivo sobre la transferencia de fondos hacia las 61 universidades públicas nacionales, reveló que el gobierno nacional devengó un gasto total de $2.136.906 millones entre septiembre del 2023 y el mes pasado. Se trata de un incremento del 143,5%, es decir, un 32,1% por debajo del aumento de la inflación calculada para el mismo período.
Del informe se desprende que las transferencias totales, además de verse afectadas por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), no reflejan el dinero enviado en concreto a las casas de estudio. Esto es porque hasta el 30 de septiembre las universidades recibieron $ 1.858.017 millones, es decir, un 86,9% de lo devengado.
Los números divulgados por ASAP exponen que ninguna de las 61 universidades nacionales que se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano recibieron la cantidad de fondos necesarios para hacer frente al incremento de la inflación, ni mucho menos, dado que tampoco ingresó a las instituciones el dinero contante y sonante del total devengado.
Por caso, el Ejecutivo informó haber transferido $399.925 millones hasta el momento a la Universidad de Buenos Aires (UBA), un 154,7% más que los $157.003 devengados acumulados durante el año pasado. De manera que se observa un ajuste presupuestario del 29,0% entre lo reportado y el IPC. Y, por si fuera poco, aún no se envió el total sino que la UBA recibió $349.970 millones, un 87,5% de lo devengado.
Del informe de ASAP se desprende también que la Universidad de San Antonio de Areco (-68,5%), la Universidad de Moreno (-46,3%), la Universidad de Hurlingham (-47,1%) y la Universidad de Lomas de Zamora (-41,6%) están entre las más afectadas por el ajuste, junto con la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo (-56,2%).
Las transferencias para gastos de capital, donde se computan los fondos para las reformas edilicias, compras de computadoras o libros, entre otros aspectos, se derrumbaron prácticamente en su totalidad: el acumulado anual hasta septiembre del 2023 se ubicaba en $ 23.168 millones, mientras que durante el año en curso apenas fue de $4 millones. La caída, según ASAP, ronda el 100%.
Presupuesto universitario 2024: en los primeros 7 meses se ejecutó un 31,5% con relación al mismo período del año 2023.
0,14 PBI implica la Ley sobre Financiamiento Universitario que el presidente quiere vetar. implicaría para este año un costo fiscal de 0,14% del PBI, equivalente a $738.595 millones, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso. 0,14 PBI es igual a la baja del impuesto a bienes personales que el gobierno les dió a los sectores de mayor poder adquisitivo del país.
Esa inversión se desglosa así: $ 441.600 millones (0,08%) del PBI Producto Bruto Interno) adicionales para recomposición salarial del personal docente y no docente; $ 210.742 millones (0,04%) por actualización por IPC Índices de Precios al Consumidor anual 2023 de los gastos de funcionamiento y $ 86.254 millones (0,02%) por la actualización bimestral por IPC 2024 de esos mismos gastos.
La Ley también modifica el artículo 58 de la Ley de Educación Superior, estableciendo nuevos criterios para la distribución del presupuesto entre las universidades. Estos criterios incluyen factores como el número de estudiantes, tipos de carreras, cantidad de egresados, áreas de vacancia y actividades de investigación y extensión.
La UNSa
La UNSa participa del presupuesto nacional universitario del 1,5% de la masa de fondos que se distribuye.
Antes de 2014 tenía el 1,9%, pero se recortó. Llevamos más de 10 años con una disminución.
De los fondos que la UNSa recibe de Nación, el 90% se destina al pago de los sueldos, un total de $2.600 millones; el 10% restante se asigna a gastos de funcionamiento. Estos fondos han sido reducidos a su tercera parte.
Proyecto de Presupuesto 2025
El proyecto del Presupuesto 2025 estipula 3,8 billones de pesos para las universidades nacionales, un 52% menos de lo que pide el Consejo Interuniversitario Nacional, que es 7,2 billones.
El 95% de esa diferencia tiene que ver con el dinero destinado a los salarios docentes y no docentes, que deberían estar actualizados por inflación.
Participación de la Mujer
“Mujeres en el Sistema Universitario Argentino” es un trabajo elaborado por el Departamento de Información Universitaria de la SPU en base a la información aportada por las universidades nacionales de todo el país a través del sistema SIU – Araucano y RHUN. Estos datos estadísticos corresponden al año académico 2021 en el caso de la matrícula de las carreras, y a 2022 en lo referido a recursos humanos.
Del informe se desprende que en el 2021, al igual que en años anteriores, la participación femenina es mayor en el total de ingresantes (62,6%); estudiantes (61,2%) y graduadas (63,5%).
Particularmente ese año las mujeres superaron el 60% en las tres categorías. Este escenario se verifica tanto en el pregrado y el grado como así también en las carreras de posgrado, que si bien cuentan con una participación algo menor, alcanza el 59% en los tres casos.
Esta tendencia de mayoría femenina va en aumento, ya que cada año se inscriben más mujeres que varones. Desde 2012 a 2021, el incremento de nuevas inscriptas a la universidad creció un promedio de 7,2% anual.
RRHH: A mayor jerarquía menor participación
Como novedad, en esta edición se destaca una serie comparativa 2020-2022 respecto a la información sobre los recursos humanos de las universidades nacionales. Allí, puede observarse que si bien existe paridad de género entre los cargos docentes y no docentes (50,9% y 50,5% respectivamente), no ocurre lo mismo en las autoridades superiores (entre las cuales la participación femenina disminuye al 45,8%) ni en los rectorados (ya que sólo el 16% de las máximas autoridades al frente de las instituciones universitarias son mujeres).
Estos datos demuestran que a medida que se incrementa la jerarquía del cargo disminuye su participación, y si bien esta tendencia no es nueva, en estos últimos tres años puede visualizarse una leve pero continua evolución que podría contribuir a romper este techo de cristal (11% de rectoras en 2020, 12% en 2021 y 16% en 2022).
El caso de las no docentes es diferente. En este escalafón, el personal directivo y superior concentra el 53% y 52% de mujeres, respectivamente.