La Fiscalía de Derechos Humanos reunió distintas pruebas y solicitó al Juzgado de Garantías 7 que el legislador sea juzgado. Además, se solicitó el desafuero a la Cámara de Diputados
El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel Alejandro González, solicitó que el diputado provincial Gustavo Orlando Orozco sea juzgado por los delitos de imposición de torturas (5 hechos), privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencias (dos hechos), apremios ilegales agravados (dos hechos) y vejaciones calificadas por el uso de violencia, agravados por el uso de arma de fuego.
Junto al requerimiento para el legislador también se elevó el pedio para Víctor Hugo Orellana, Diego Leopoldo Arias, Rubén Darío Medina, Nelson David Rojas, Andrés Fernando Suárez, Javier Sebastián Reynoso, Víctor Alejandro Luna, María Laura Soria, Andrea Alejandra Díaz, Darío Ezequiel Pérez y Denis Arnaldo Coronel por los mismos delitos.
Inicialmente intervenía el Juzgado de Garantías 6 del distrito Centro, pero su titular presentó este 27 de junio, una inhibición ante la presentación de una abogada de la matrícula, con la que ya existían recusaciones anteriores, como querellante particular del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.
A lo largo del extenso requerimiento, el fiscal González expuso las distintas medidas probatorias producidas a lo largo de la investigación por los diversos hechos donde se encuentran acusados Orozco y otros once policías por distintos delitos cometidos cuando se desempeñaban como efectivos policiales.
Además solicitó al Juzgado de Garantías 7, que se requiera a la Cámara de Diputados de la Provincia de Salta el desafuero del imputado Gustavo Orozco, quien se desempeña como diputado provincial, en los términos del artículo 122 de la Constitución Provincial y que se le imponga como Medidas Sustitutivas a los imputados la obligación de presentarse cada 15 días en la Fiscalía de Derechos Humanos, y la prohibición de salir del país sin autorización judicial.
El fiscal González destacó que el pedido de desafuero de estas actuaciones es diferente y se suma al ya presentado anteriormente en el marco de otra causa judicial.
