Se aprobó la ley que envió el ejecutivo para reformar las Contrataciones de la Provincia. El oficialismo legislativo argumentó que la idea es dar celeridad y mayor transparencia, mientras la oposición aseguró que esos cambios no alcanzan para luchar contra la corrupción.
La diputada Liliana Guitián manifestó la importancia de los cambios en que la Ley vigente data de 1995, por lo que es necesaria que se modifique y se incluya las nuevas tecnologías que fomentarán y asegurarán una eficaz aplicación de las normas. “Con la actualización en las formas de contratación, se busca descentralizar las contrataciones públicas; una parte importante de esto es la eficaz publicidad de los actos administrativos, lo que promueve la igualdad de oportunidad para los postulantes”, explicó la legisladora.
En igual sentido, el diputado Mario Vilca explicó que el órgano que será encargado del control, cuenta con entidades muy capacitadas por lo que se aseguraría una total transparencia en los procedimientos. “De esta manera avanzamos en el control de ésta gestión provincial y las venideras, lo que es importante para todos los salteños”, manifestó el legislador.
Por el lado de la oposición, las voces también se hicieron escuchar. El diputado Carlos Zapata, por ejemplo, se mostró su descontento con los cambios propuestos por el Proyecto, fundamentando que la Ley de Contrataciones es una de las esenciales para la vida del Estado Provincial, ya que en base a ésta se realizan las obras para los ciudadanos y se controla el gasto público en sus diferentes áreas.
“Una Ley de Contrataciones buena es la que permite a las personas ver el desarrollo de las obras y realizar un control adecuado, a través de información clara que evita que se produzcan hechos de corrupción y promoviendo la igualdad de oportunidad entre los ofertantes que cumplan con condiciones básicas para concretar un contrato de este tipo con el Estado”, declaró el legislador.
El diputado Julio Quintana, del bloque del Partido Obrero, indicó que el problema en cuestión no parte de las normas sino de un encubrimiento mutuo entre el poder del Estado y el empresariado ya que esta Ley se encuentra “en el marco de una red de leyes que sirven para justificar la corrupción desde ambas partes en sus diferentes ámbitos”.
“En la provincia un claro ejemplo fue cuando se quitó de forma ilegal la obligación de tributar impuestos atrasados a la empresa Salta Forestal y la extensión irregular del contrato con el Banco Macro, por citar dos ejemplos, que dejan en claro que el problema de la corrupción radica en que entre el gobierno de turno y el empresariado se tapan mutuamente y perjudican al ciudadano común”, manifestó el legislador.
Concluyendo, el diputado afirmó que otro punto importante a tratar, y que el actual proyecto no lo hace, es la corrupción proveniente de la tercerización del trabajo, que perjudica a los trabajadores y fomentan los sobreprecios en la realización de cualquier obra.
Coincidiendo con Quintana, el diputado Mario Ábalos manifestó que las modificaciones planteadas no cambian nada en la lucha contra la corrupción, ya que no aporta transparencia en la realización de los actos administrativos. “Estás formas de corrupción se ven plasmadas en la mayoría de los municipios del interior, donde los intendentes contratan con empresas de personas afines al intendente, sin importarles procedimientos ni control alguno”, aseguró el legislador.
El Proyecto fue aprobado por mayoría, con los votos en negativo de los diputados del Bloque del Partido Obrero, el diputado Mario Ábalos y la diputada Betty Gil. Pasó al Senado en Revisión.