Mientras Urtubey y Lara Gros interpretan al bagayeo casi como una calamidad de la naturaleza; los negociados que involucran a la Playa de Transferencias – centro de la actividad- involucran dineros provinciales y municipales. (Daniel Avalos)
Tras diez días de cortes de ruta, tensiones y reuniones que parecen destinadas a no resolver la cuestión de fondo, hasta Juan Manuel Urtubey dio muestras de un distanciamiento desorientado con respecto al problema del bagayeo que devino en la actividad que más mano de obra emplea en Orán. Tras el gobernador, los funcionarios adoptaron una conducta homogénea: como si mentes y lenguas estuvieran intercomunicadas, como si cualquiera pudiera empezar la respuesta y detenerse a la mitad para que otro prosiguiera: todos aseguran que el conflicto se ocasionó debido a las medidas adoptadas por la gestión nacional, que el desalojo de la ruta corresponde a las fuerzas federales y que las soluciones de fondo requieren de una reconversión de la actividad que dependen de Nación.
De lo primero no hay dudas. El decomiso de mercadería ingresada al país desde Bolivia en la frontera y distintas provincias argentinas estuvo lejos de representar un ataque frontal contra los bagayeros de Orán, aunque sí supuso para estos un proceso de asfixia que afectó al corazón de su actividad, el predio que literalmente bombea mercadería ingresada desde el vecino estado plurinacional por las rutas argentinas que hacen de arterias para el comercio informal: la Playa de Transferencias ubicada frente a la terminal de ómnibus de Orán a dónde tres veces por semana llegaban colectivos, tráfics, camionetas o automóviles cargados con varios bultos de hasta 80 kilos.
Un predio donde miles de bagayeros entregan la mercadería a los “patrones”, aquellos que arribando a Orán desde distintos puntos del país cruzan el límite internacional para adquirir mercadería de todo tipo que los trabajadores de frontera acarrean hasta el playón tras burlar los pasos fronterizos. Una actividad que estuvo lejos de desarrollarse en la clandestinidad con lo cual durante años resultaba un absurdo escuchar a funcionarios que enfatizaban que el comercio ilegal era un mal a combatir mientras el 70% o el 80% de la mercadería que arribaba al lugar partía con los “patrones” para venderse en puntos tan distintos como la propia ciudad de Salta, Chaco, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Mendoza o Buenos Aires.
De esa playa salieron los bagayeros que desde el jueves 1 de junio cortaron distintos tramos de la ruta 50. Miles de hombres y mujeres de entre 16 y 40 años que siendo niños o adolescentes cuando el país se deshilachaba entre fines de los 90 y el año 2002 y careciendo de trabajo a lo largo de las dos primeras décadas del siglo XXI, escaparon al hambre aprovechando el poco control fronterizo y la desidia de las gestiones provinciales y municipales que en vez de generar condiciones para incorporar mano de obra a la producción, dejaron que la ilegalidad se naturalizara entre los bagayeros que hoy se resisten a desaparecer por una cuestión de estricta supervivencia.
Todos en Orán saben que la famosa “Playa” es propiedad del municipio. Y todos saben también que al menos desde el año 2012 fue el propio intendente Marcelo Lara Gros quien alquiló el lugar a un particular que era también su socio político: Tomás Lino Cano, actual concejal del municipio. El contrato se firmó en julio de 2012, llevaba la rúbrica de los amigos y en septiembre del mismo año el ejecutivo municipal hizo aprobar el vínculo contractual mediante la Resolución 7.884.
Biografía autorizada
La biografía de Lino Cano puede reconstruirse desde el año 2007. Por entonces los vecinos de la ciudad norteña relatan que se trataba de un empleado municipal que hacía de hábil puntero político que puso al servicio de Lara Gros sus competencias para repartir favores públicos entre los sectores más vulnerables a cambio de dependencia político-electoral. En abril de 2011, Cano formó parte de la lista que encabezaba el entonces diputado provincial y presidente del bloque del PJ en Diputados, Antonio Hucena, quien protagonizaba una abierta enemistad política con el intendente aunque la contradicción era sólo aparente en una provincia y un municipio donde el heterogéneo frente gobernante licuó personalidades de orígenes políticos tan diversos que los armados electorales que desconcertarían a cualquier ciudadano del mundo cuentan aquí con entera lógica.
Cano no llegó a una banca aunque en el 2012 firmó el contrato mencionado con Lara Gros. Desde entonces se hizo famoso por el ostentoso nivel de vida que alcanzó gracias al bagayeo y a la impunidad con la que gozaba para enriquecerse a partir de esa actividad. Lo último puede confirmarse con el contrato mismo que estipulaba, según la cláusula primera, que el objeto de la locación era utilizar el predio como “Playa de camiones y vehículos pesados”, nunca especificaba qué debían hacer los mismos en el lugar. La ambigüedad hizo impracticable apelar a la cláusula 6º, inc. c) que contemplaba que podía rescindirse el vínculo cuando el locatario usara las instalaciones “para fines que no sean los propuestos” aunque el hecho de que Cano permitiera que cientos de vehículos no pesados ingresaran a la “Playa”, podría haber deslizado a algún funcionario de bien a pedir la rescisión del vínculo.
Lo indudable es que los cientos de vehículos pesados y no pesados que llegaban al lugar abonaban tarifas para ingresar y descargar la mercadería contrabandeada. Por entonces Cuarto Poder registró un promedio diario de 25 colectivos, 20 tráfics, unas 60 camionetas y un número aún mayor de taxis y remises. Los primeros pagaban entre $250 y $300; las segundas $120 y las camionetas y vehículos $60 lo que representaba $12.500 diarios, un cuarto de millón mensual y un promedio de tres millones anuales.
Lo obsceno del caso es que según el mismo contrato, Cano abonaba en concepto de alquiler $1.500 mensuales, es decir $18.000 anuales. Una cifra irrisoria que no suponía inversión alguna al lugar porque el que hizo la inversión fue la gestión del propio gobernador Urtubey a través del Fondo de Reparación Histórica. Según la información oficial, el 14 de junio de 2013 la empresa BETON S.R.L ganó la licitación para hacer arreglos en el predio por un monto de $1.273.640, obras que culminaron en octubre de 2014 y que en lo central implicaban el tapiado de la media manzana.
El negocio era redondo: Tomas Lino Cano pagaba migajas, recaudaba millones, el Estado realizaba inversiones y la porosidad de la frontera permitía el ingreso de toneladas de mercaderías. Esas variables se combinaban además con un ejército de mano de obra desocupada dispuesta a rozar la ilegalidad para ganarse el sustento diario. Datos empíricos confirman la generalización: el INDEC publicaba desde el año 2011 las cifras registradas por el Censo 2010 que revelaban para Orán realidades como las siguientes: 138.879 residentes; 31.859 núcleos familiares que habitaban 29.100 viviendas; de estas últimas 22.436 núcleos habitacionales eran calificadas como casas, 562 departamentos, 2.164 ranchos y 3.588 casillas u otras unidades habitacionales precarias. Había más: el 78,39% de los hogares (24.974) no poseía computadoras; el 82,32% (26.226) carecía de línea telefónica; el 4,38% de la población mayor de 10 años (4.714 sobre un total de 107.387) era analfabeta; otro 34% de los hogares (10.082) habitaba ranchos y casillas sin descarga de agua; y el 23% de esos mismos hogares (7.355) carecía de heladeras.
Vale a la playa, Cano al poder
Tomás Lino Cano -el hombre que en el peor de los casos era señalado por los oranenses como el testaferro de Lara Gros y en el mejor como el beneficiario de un negocio que contaba con la protección municipal- dejó de ser el locatario de la Playa de Transferencia. Tenía sentido: en diciembre del 2015 juró como concejal del Partido Justicialista del municipio de Orán. Las reglas del decoro ordenaban entonces prescindir del contrato que vencía en diciembre del 2016 y que de haberse extendido hubiera requerido de la aprobación del Consejo del que el propio Cano formaba parte.
Fue así que el 24 de mayo de ese año el nuevo locatario de la Playa de Transferencias fue Manuel Alejandro Vale. Éste y el intendente Lara Gros estamparon su firma en el vínculo contractual al que también tuvo acceso Cuarto Poder y que en lo central es igual al que cuatro años atrás suscribiera el jefe comunal con el propio Cano. Sólo los montos de alquiler variaron aunque no de manera acorde a los beneficios que el locatario se garantizaba con la ilegal actividad: $10.000 mensuales para el primer año; $12.500 entre mayo de 2017 y mayo de 2018; $15.625 entre ese mes y mayo de 2019; y $19.531 entre esa fecha y mayo del año 2020. La proyección indica que el municipio recaudaría sólo $811.871 en cuatro años.
Eso sí, Manuel Alejandro Vale quedaba obligado a construir algunos asadores, montar cestos de residuos con sus respectivas bolsitas desechables, cortar el pasto, mantener la limpieza, recoger la basura, parquizar el lugar, plantar árboles en la vereda, o reponer las plantas de las macetas.
Las sospechas, no obstante, no quedaron allí: a fines de septiembre del año 2016 y en una coyuntura en la que los concejales exigían al Ejecutivo Municipal que informase la situación de la playa y el nombre del nuevo concesionario, una mujer de nombre Reina Montero, se presentó en el recinto y denunció que Tomás Lino Cano seguía regenteando la Playa. La mujer aseguró que realizando gestiones para que cuatro mujeres de su barrio pudieran levantar un puesto en el lugar terminó anoticiándose que Alejandro “Conejo” Vale tenía la concesión del lugar aunque éste cobraba las tarifas y en un sobre le llevaba lo recaudado al propio Cano.
Tras el escándalo los pedidos de informes se sucedieron y las irregularidades emergieron: una adjudicación directa que buscaba evitar la intervención del Consejo Deliberante y acusaciones por evasión impositiva. Manuel Alejandro Vale, mientas tanto, parecía haber quedado atrapado entre los planes de una cúpula invisible como suele ocurrir con los seres anónimos que ni siquiera, denuncio el concejo, estaba registrado en la AFIP.
El desquicio relatado es hijo de uno mayor: una economía regional puesta patas para arriba tras décadas de políticas que generaron enclaves agropecuarios o azucareros que hacia adentro se desarrollan espectacularmente aunque sin relacionarse con el conjunto regional que devino en un páramo productivo que expulsa a miles a la exclusión o a una informalidad que limita con el delito.
Allí reinan también gestiones políticas como la del intendente Marcelo Lara Gros quien recibiendo siempre el apoyo decidido de la provincia, terminó conduciendo un desorden entre rudimentario y peligroso sin pretensiones ni coartadas ideológicas y cuyos móviles son simples y claros: atornillarse en el poder a como dé lugar y saquear lo público hasta dejarlo anémico.
