Como cada vez que hay algo negativo para plantear en el sistema de salud provincial, reaparece la figura del diputado y sindicalista Abel Ramos. También da la nota en el último informe de la Auditoría sobre el Hospital del Milagro. (Franco Hessling)
Entre quienes revisitan constantemente el estado del sistema de salud salteño, a menudo surge el interrogante acerca del poder amasado por Eduardo Abel Ramos, quien no solamente tuvo un crecimiento patrimonial meteórico del que hace ostento sin empacho, sino que además puede hacer gala de ser uno de los protegidos por los últimos gobernadores. Pertenece a la minoría, que no por tal es insignificante, de políticos, empresarios, gremialistas y punteros –curiosamente Ramos cabe en cualquiera de esas categorías- apañados y beneficiados en tiempos de Juan Carlos Romero y también durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey.
Esos que se preguntan por las razones de su poder suelen bromear con que, desde hace mucho tiempo, Ramos es el verdadero ministro de Salud Pública. Pasan los Roque Mascarello, los Alfredo Qüerio, los Rubén Heredia, los Gabriel Chagra Dib, los Oscar Villa Nougués, pero Eduardo Abel Ramos parece estar estampado como sello vivo de la salud salteña. La mayoría de los conocedores musitan que es la referencia de lo peor del sector, aunque no se atreven a decirlo públicamente por el temor ante las reprimendas de Ramos, sus hijos o alguno de sus milicianos. Las delaciones judiciales en su contra jamás prosperan, tampoco son una opción.
La Auditoría General de la Provincia (AGP) publicó recientemente un nuevo informe sobre el Hospital del Milagro, otra muestra de cómo el sistema de salud provincial está al servicio de su comodín. Su asociación, la Fundación Trabajo y Solidaridad, incumplió en el año auditado (2014) con una serie de cuestiones básicas del marco legal impuesto para sus prestaciones al nosocomio. De esa forma, sortea la correspondiente declaración de flujos económicos y ensombrece los manejos de caudales. Deja la puerta entreabierta, una vez más, para que se sospeche sobre la legalidad del dinero atesorado por Ramos. Su fortuna no es incipiente, en su carácter de diputado provincial, este año se dio el lujo de llegar a varias sesiones en un auto de alta gama bien costosos.
Por supuesto que el registro confuso de los fondos, digamos confuso, no fue pura responsabilidad de Ramos, pues el Hospital del Milagro también aportó lo suyo. Sin tener precisión de si lo hizo por presión del comodín de la salud, por orden del ministro de turno o por directriz del gobernador mismo, lo cierto es que las autoridades del centro asistencial registraron erróneamente las partidas correspondientes al dinero que se le pagó a la Fundación Trabajo y Solidaridad.
“Es incorrecta la imputación contable de los servicios de comidas para el hospital, realizados por la Fundación Trabajo y Solidaridad, en la partida Bienes de Consumo. Los mismos deben registrarse en la partida Servicios No Personales (Otros Servicios)”, advierte en sus páginas tempranas el informe de más de un centenar de carillas. Además de esa prestación, la fundación del también gremialista y empresario era la responsable por la provisión y lavado de ropa, del mantenimiento y la limpieza de la institución, y de la portería. Resta decir que tal contratación era para toda la estructura sanitaria de Salta: el comodín del sistema de salud.
Ante la duda sobre las responsabilidades en esta confusión, digamos confusión, en el registro de las partidas que competen a la Fundación Trabajo y Solidaridad, la AGP asume una posición clara. En la observación decimocuarta del trabajo se explicitan una serie de puntos en los que la contratista actuó de forma irregular, entorpeciendo así la buena contabilidad del hospital.
“No proveyó al hospital los formularios de Registro y Control por la prestación de los servicios a su cargo”, apunta el mencionado acápite que también especifica: “No presentó las fichas individuales correspondientes a su personal dependiente que se desempeña en el hospital. Esto impide que el ente auditado –el nosocomio- pueda efectuar un debido análisis de los antecedentes de conducta y estado de salud de los mismos”. Por si quedaran dudas, la AGP abona tales afirmaciones apuntando qué normativas son las que la fundación-empresa pasó por alto.
Prosigue el documento marcando otros dos aspectos, esta vez directamente vinculados con la manipulación del dinero y el intercambio de activos. “No proporcionó el contrato de comodato mediante el cual se realizó la cesión de un espacio físico y equipamiento a favor de la Fundación, para el desarrollo de las labores vinculadas con el servicio prestado”. Es decir, además que la Provincia contrata a Ramos para la prestación de todos los Servicios No Personales del sistema de salud, a través del Hospital del Milagro se le sede un espacio físico a su empresa-fundación.
“Tampoco fue informado el porcentaje pactado del acuerdo por los insumos derivados (energía eléctrica, agua, teléfono) de la prestación”, concluye. La investigación de la AGP no avanza más allá, no se sabe a ciencia cierta cuánto dinero se le entregó a la Fundación ni dónde está ubicado el inmueble cedido.
Tercerización
Los Servicios No Personales son uno de los tres tipos de partidas en las que se asienta la actividad financiera y contable de los establecimientos de la salud, los otros dos son los Bienes de Consumo y los Gastos en Personal. A su vez se dividen en tres categorías antes citadas: la provisión de raciones y comida, la provisión y lavado de ropa, y el mantenimiento, la limpieza y portería de los edificios.
En el año 1998, el gobierno provincial dispuso la tercerización de esas prestaciones. Por aquel entonces transcurría el primero de los tres mandatos de Juan Carlos Romero, y la responsabilidad de las tres categorías de Servicios No Personales se hizo a tres empresas distintas: la comida para Cocirap S.A., la ropa y su lavado a Todolim S.A., y el mantenimiento, limpieza y portería a Trabasani S.A.
Lo que sigue es recordado por el trabajo de la AGP de la siguiente manera: “El día 12/10/2010 se aprueba el decreto 4218/10, mediante el cual se aprueba (sic) el contrato de cesión por el que las empresas ceden la totalidad de los derechos y obligaciones establecidas a favor de la Fundación Trabajo y Solidaridad, retroactivo a partir del 12/08/10. La contratación del servicio es pagado e imputado contablemente por el nivel central a través del Ministerio de Salud Pública de la Provincia”.
¿Salud pública?
La Auditoría provincial cumple con recordar que el Hospital del Milagro, tanto como sus homólogos, está facultado para arancelar las atenciones que ofrece. “Es importante mencionar la ley 6.662, que autoriza a los hospitales a arancelar la totalidad de las prestaciones brindadas”, suscriben los elaboradores del informe.
Ello prueba que el sistema de salud provincial lejos de estar elucubrado para resguardar el valor de lo público, está urdido para sostener beneficios para unos pocos. Entre ellos, Ramos es la antonomasia, el comodín. Para los más escépticos tal diagnóstico, la AGP ofrece todavía más demostraciones. Solo por citar una, el oxígeno fue provisto al nosocomio por una empresa privada, Air Liquide Argentina durante varios años, tras la finalización de su contrato se optó por otro laboratorio, el Grupo Linde. Podrá aducirse que no hay instituciones públicas que produzcan esos compuestos; justamente a eso se refieren los defensores de la inversión en ciencia y tecnología nacional y estatal: que el sector público no esté obligado a subordinarse al mercado, en este caso, al de los laboratorios.
Flojito
El período que se analizó fue el año 2014. Entre las conclusiones del documento se indica que el Hospital del Milagro no cuenta con una administración modelo ni mucho menos. Se destaca que no posee un sistema de contabilidad para organizar el asentamiento de sus flujos, y que tampoco tiene un sistema de información y estadísticas que permita “la comprobación de las metas físicas y los indicadores de eficiencia y eficacia de los servicios prestados”. Además se subraya que no se realizan inventarios ni registros de compra de los medicamentos e insumos descartables del sector farmacéutico.
Queda por comentar la metodología para la elaboración de la auditoría. Se retomó el marco legal, se revisaron los documentos escritos y toda la información contable que puso a disposición el centro asistencial. También se realizaron entrevistas con miembros del personal. Lo llamativo es que en la selección no se consideró a ningún trabajador de bajo rango, sólo a gerentes, jefes o responsables de área. El único contacto con los trabajadores rasos fue una visita sorpresiva al nosocomio para determinar su grado de ausentismo.