El organismo activó el protocolo de “muerte bajo custodia del Estado”, relevó la celda y tomó testimonios de otros internos. Ahora aguardará los resultados oficiales de la investigación judicial.
El Comité para la Prevención de la Tortura intervino en la Unidad Carcelaria 1 de Villa Las Rosas para reconstruir las circunstancias de la muerte de José “Jota” Eduardo Figueroa, quien cumplía prisión perpetua por el femicidio de Mercedes Kvedaras. La actuación se realizó bajo el protocolo de “muerte bajo custodia del Estado”, que establece la intervención del organismo ante cualquier fallecimiento ocurrido dentro de un lugar de detención, incluso cuando los primeros indicios apuntan a un posible suicidio.
El vicepresidente del Comité, Ramón Rosa Corregidor, ingresó al penal junto a la asesora legal Tania Kiriaco y realizó un relevamiento del lugar donde fue encontrado Figueroa. El equipo tomó fotografías de la celda y del sector, además de entrevistar de manera confidencial a internos del pabellón, incluidos quienes compartían alojamiento con el fallecido. Todo el material será incorporado a un expediente y contrastado con los resultados de la investigación judicial, especialmente con la autopsia.
Corregidor también aseguró que Figueroa no contaba con un régimen especial dentro de la cárcel. “No tenía ningún privilegio Figueroa. Estaba como cualquier otro detenido”, sostuvo. Según la información relevada, compartía una celda con otros dos internos y se encontraba bajo asistencia psicológica debido a un cuadro depresivo. El funcionario también mencionó dificultades vinculadas con las visitas de una hermana que reside en Estados Unidos.
Los testimonios recogidos durante la intervención no señalaron conflictos entre Figueroa y los otros dos internos con quienes compartía la celda. La reconstrucción preliminar ubica un momento clave alrededor de las 18.15, cerca del horario de la comida. Sin embargo, desde el Comité remarcaron que los detalles y las circunstancias definitivas de la muerte deberán ser establecidos por la Justicia a partir de las pruebas reunidas.
Más allá del caso puntual, Corregidor cuestionó las condiciones generales del sistema penitenciario y advirtió sobre las dificultades para garantizar una adecuada atención de salud mental dentro de las cárceles. Señaló que existen pocos gabinetes psicológicos para la cantidad de personas detenidas y que también hay problemas para que los profesionales puedan ingresar a los establecimientos. “La situación es muy compleja en los servicios penitenciarios por las condiciones materiales de detención”, afirmó, mientras el Comité espera ahora los resultados oficiales para determinar si corresponde avanzar con nuevas actuaciones.
