En un pronunciamiento contundente, el Consejo Directivo del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta expresó su profunda preocupación y desacuerdo con la denominada «Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos» o, como comúnmente se le conoce, la «Ley Ómnibus». Este paquete de leyes, presentado para sesiones extraordinarias en el Congreso, ha generado un intenso debate respecto a sus reformas estatales y económicas.
En una sesión extraordinaria, el Consejo Directivo del Colegio de Abogados se reunió para evaluar los posibles impactos del proyecto de ley en el ejercicio profesional y el Estado de Derecho. Entre las preocupaciones expresadas, se destaca la inquietud acerca de cómo ciertos aspectos, como los procesos sucesorios notariales, divorcios administrativos, honorarios profesionales y las modificaciones propuestas al Código Civil y Penal, podrían afectar la seguridad jurídica y los derechos constitucionales.
Una de las modificaciones más debatidas es la propuesta de permitir que los ciudadanos argentinos lleven a cabo divorcios sin la intervención de abogados, lo cual ha generado interrogantes sobre la protección de los derechos de las partes involucradas. Asimismo, se contempla la posibilidad de que los escribanos realicen trámites sucesorios, aunque con la obligatoriedad de contar con la asistencia de un abogado en este proceso.
Este comunicado refleja la inquietud de los profesionales del derecho ante cambios significativos que podrían alterar la dinámica tradicional de los procedimientos legales. El Colegio de Abogados de Salta aboga por un análisis detenido y exhaustivo del impacto que estas reformas podrían tener en la profesión legal y en la sociedad en general.
La discusión sobre la «Ley Ómnibus» está en pleno apogeo, y es crucial que se consideren todas las perspectivas y se busque un equilibrio que garantice tanto la eficiencia en los procedimientos como la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. El Colegio de Abogados de Salta se posiciona como un actor crítico y vigilante en este proceso, abogando por la defensa de los principios jurídicos fundamentales que sustentan el Estado de Derecho.
