En el marco de un sistema judicial que se ve constantemente desafiado por la complejidad de los casos y la necesidad de garantizar el respeto a los derechos fundamentales, nos enfrentamos a una situación que demanda una profunda reflexión sobre la administración de justicia en la provincia de Salta.
El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que revocó la condena en segunda instancia de Santos Clemente Vera por el caso de las turistas francesas en 2011, ha desencadenado una serie de eventos que cuestionan no solo la validez de la sentencia original, sino también la actuación de quienes llevaron adelante el proceso judicial.
En este contexto, la defensa de la ex senadora nacional Sonia Escudero ha presentado un escrito solicitando su sobreseimiento, basándose en el hecho nuevo representado por la decisión de la Corte Suprema. Este hecho destaca la importancia de la independencia del poder judicial y la necesidad de rectificar cuando se evidencian errores.
El caso de Santos Clemente Vera es una dolorosa muestra de cómo un individuo puede pasar siete años en prisión por una condena que la máxima instancia judicial del país ha considerado arbitraria, contraria a la legislación vigente y violatoria de garantías constitucionales.
La querella presentada por el Juez Luciano Martini contra la Dra. Escudero por supuestas calumnias plantea interrogantes sobre el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en un contexto donde la crítica a las decisiones judiciales se entrelaza con la defensa del interés público.
La acusación surgió tras las críticas de Escudero a las actuaciones judiciales de Martini en casos salteños. La exsenadora destaca la conexión de Martini con el caso de Santos Clemente Vera y su papel en el cambio constitucional para otorgar perpetuidad a jueces.
El 18 de diciembre, Sonia Escudero, exsenadora, en una columna llamada «Cómo matar al mensajero», habló sobre la remoción de la fiscal de Derechos Humanos, Verónica Simensen de Bielke, del caso de Walter Ezequiel Omar Mamaní, comisario acusado de varios delitos.
Escudero mencionó que Mamaní estaba involucrado en irregularidades relacionadas con el crimen de las dos jóvenes francesas en 2011, acusándolo de plantar pruebas en la escena del crimen. Criticó al juez Luciano Martini, alegando que condenó a Santos Clemente Vera sin pruebas sólidas y lo relacionó con cambios constitucionales polémicos.
En una entrevista en el programa Interactiva con la periodista Marcela Pérez, Escudero afirmó que Martini es «el brazo ejecutor del presidente de la Corte», argumentando que sus afirmaciones son públicas y notorias, no delictivas.
Es crucial destacar que Sonia Escudero no solo ejerció y ejerce su derecho a expresar opiniones, sino que, según la reciente resolución de la Corte Suprema, sus argumentos encuentran respaldo en la revisión más alta de la justicia argentina. La contundencia del fallo, que critica la falta de competencia y el exceso de jurisdicción en la condena de Vera, plantea serias dudas sobre la legalidad del proceso.
En este contexto, la solicitud de sobreseimiento de Sonia Escudero se presenta como un paso necesario hacia la justicia y la reparación de los daños causados por un proceso que la máxima autoridad judicial del país ha considerado irregular.
Como sociedad, debemos ser testigos y actores activos en la defensa de un sistema judicial transparente, imparcial y respetuoso de los derechos fundamentales. La confianza en la justicia es esencial para el funcionamiento saludable de nuestra democracia, y su restauración en casos como este es imperativa para el bienestar de todos los ciudadanos.
