Hay nombres de barrios que parecen haber sido elegidos por un empleado municipal con poco tiempo y menos imaginación. Otros, en cambio, tienen una historia detrás. Y algunos tienen dos. El problema empieza cuando una de esas historias resulta bastante más desagradable que la otra.
LUCAS SORRENTINO
En Salta existe un barrio llamado 6 de Septiembre. Según la explicación oficial, el nombre remite a 1992, cuando se habría establecido esa fecha para señalar el comienzo de la festividad del Señor y la Virgen del Milagro. Una razón religiosa, una referencia a la tradición, una manera de inscribir en el mapa urbano una de las celebraciones más importantes de la provincia. Hasta ahí, todo parece razonable. Salvo por un detalle: el 6 de septiembre también es una fecha que ocupa un lugar bastante menos piadoso en la historia argentina.
El 6 de septiembre de 1930, el general José Félix Uriburu encabezó el primer golpe de Estado del siglo XX contra un gobierno constitucional. El presidente Hipólito Yrigoyen fue derrocado, comenzó una dictadura y se inauguró una tradición de interrupciones militares de la democracia que la Argentina tardaría décadas en abandonar. Uriburu, por cierto, había nacido en Salta. La coincidencia tiene algo de humor negro, aunque no necesariamente deba causar gracia.
Hay que decirlo: no estamos proponiendo que se modifique el calendario del Milagro ni que se revise la fecha de una celebración religiosa. Tampoco que cada calle, plaza o barrio deba cargar con una explicación histórica de veinte páginas. Pero un nombre propio no es un objeto completamente inocente. Las fechas también dicen cosas. Y cuando una fecha tiene una doble significación tan contundente, lo mínimo que cabe esperar es que alguien se haya detenido a pensar qué está poniendo en el cartel.
El 6 de septiembre puede ser el comienzo de las celebraciones del Milagro. También es el día en que un militar salteño decidió que la voluntad popular podía interrumpirse por la fuerza. Las dos cosas forman parte de la historia. Una pertenece a la tradición religiosa; la otra, a la historia política de un país que pagó muy caro sus coqueteos con los uniformes y los salvadores de la patria.
Pero el nombre del barrio volvió a aparecer en las noticias esta semana por una historia bastante menos abstracta. El 5 de noviembre, el Ministerio Público Fiscal informó que un cabo de la Policía de Salta quedó detenido con prisión preventiva, imputado por el homicidio doblemente agravado de un hombre de 36 años durante un procedimiento policial. Otros tres efectivos fueron imputados por encubrimiento agravado y deberán cumplir 30 días de arresto domiciliario.
Según la hipótesis de la Fiscalía, el episodio ocurrió el 3 de noviembre, alrededor de la 1.40, en inmediaciones de las calles Francisco Muñiz y Filiberto de Menes, en la zona este de la ciudad. El cabo, que se desempeñaba como operador de escopeta, habría efectuado disparos contra el hombre, que recibió múltiples heridas en las piernas y la espalda. La víctima fue trasladada al hospital San Bernardo, donde murió como consecuencia de un shock hipovolémico.
La investigación sostiene que los cuatro policías se retiraron del lugar sin asistirlo y que, al informar lo sucedido a sus superiores, habrían dicho que durante el procedimiento habían realizado solamente un disparo de repliegue o despeje, ante una supuesta agresión con elementos contundentes. Los investigadores reunieron testimonios, registros de geolocalización del móvil, actuaciones de Criminalística y resultados preliminares de la autopsia. Se trata, por supuesto, de una investigación en curso y de imputaciones que deberán ser probadas en la Justicia.
La noticia no convierte al nombre del barrio en una profecía ni establece una relación causal entre una denominación urbana y un episodio de violencia policial. Sería absurdo plantearlo así. Pero tampoco hace falta forzar demasiado la asociación para advertir que las palabras y los nombres tienen un poder evocativo. No son etiquetas pegadas sobre un territorio: acumulan sentidos, convocan recuerdos, organizan una forma de mirar. En algunas tradiciones se utiliza la palabra egregor para nombrar esa especie de entidad simbólica que se forma alrededor de una idea compartida, alimentada por las creencias, los temores y las representaciones colectivas. No hace falta creer en fuerzas invisibles para entender que un nombre puede terminar cargado de una memoria que sus habitantes no eligieron.
En este caso, el 6 de Septiembre convoca dos historias muy distintas: una celebración religiosa y un golpe de Estado encabezado por un militar salteño. Ahora, además, el nombre aparece asociado a una investigación por la muerte de un hombre durante un procedimiento policial. La violencia institucional no es una propiedad de un barrio ni de sus habitantes, pero sí forma parte de las asociaciones que una comunidad construye cuando determinados hechos se repiten o quedan sin una explicación convincente.
El problema no es que el barrio haya sido bautizado en 1992. El problema es que nadie parezca advertir que el nombre puede funcionar con un doble sentido bastante perturbador. Y que, en una provincia donde Uriburu forma parte de la historia local, esa asociación no resulta precisamente remota.
Un barrio no debería jugar con una ambigüedad semejante. Mucho menos cuando una de las lecturas posibles remite a la reivindicación, aunque sea involuntaria, de un golpe de Estado. No alcanza con decir que la intención era otra. Las intenciones explican las decisiones, pero no siempre las absuelven.
Salta tiene derecho a celebrar el Milagro, a organizar sus procesiones, a detener durante unos días el ritmo de la ciudad y a reconocerse en sus imágenes religiosas. Lo que no necesita es convertir una fecha cargada de historia en una inocente combinación de números, como si el pasado pudiera acomodarse según las conveniencias de la nomenclatura urbana.
Hay algo particularmente salteño en esta clase de contradicciones: una provincia capaz de recordar con extraordinaria devoción sus tradiciones y, al mismo tiempo, mostrar cierta distracción cuando se trata de revisar sus zonas menos presentables. La memoria funciona con una selectividad admirable. Se recuerda lo que conviene, se celebra lo que emociona y se deja el resto en manos del olvido.
Pero el 6 de septiembre de 1930 ocurrió. Uriburu dio un golpe. Yrigoyen fue derrocado. No fue una fiesta patronal, ni una fecha administrativa, ni un episodio menor de la historia nacional. Y el 3 de noviembre de 2026, en ese mismo sector de la ciudad, un hombre murió después de recibir disparos durante un procedimiento policial. Son hechos de naturaleza y escala diferentes, pero ambos obligan a mirar de frente una historia en la que la violencia ejercida desde el poder no debería encontrar demasiadas coartadas.
Quizá alguien debería revisar el asunto. No porque la historia pueda cambiarse con un cartel nuevo, sino porque los carteles también cuentan qué clase de historia estamos dispuestos a recordar. Y porque hay coincidencias que, por respeto a la democracia y a la vida, conviene dejar de tratar como simples coincidencias.
