El gobierno nacional anunció que endurecerá los controles migratorios. Adujo lucha contra el narcotráfico, el ingreso de mercaderías y la trata de personas. La iniciativa tendrá impacto en las provincias del NEA-NOA.
Según se destaco, el tema fue informado a las fuerzas de seguridad del NEA y del NOA la semana pasada en la provincia de Corrientes y contará con la cooperación de las áreas específicas de las 10 provincias.
Ello se desprende de una nota publicada ayer en el diario Clarín que precisó que en pos de los objetivos mencionados, se invertirá en infraestructura en los pasos de frontera para reforzar los controles; renovación informática y mejora del sistema de conectividad para detectar antecedentes penales y pedidos de captura de los ingresantes; cuestionarios más estrictos; implementación de la tarjeta de tránsito vecinal fronterizo; aceleración de las expulsión de los inmigrantes irregulares y habilitación de lugares de retención hasta la deportación.
En la Casa Rosada desestiman que las medidas guarden relación con las controvertidas declaraciones del senador y presidente del bloque del FpV-PJ, Miguel Pichetto, que aseguró que Argentina “siempre funcionó como ajuste social de Bolivia y delictivo de Perú” por la falta de control inmigratorio. Desde el gobierno argumentaron que comenzaron a prepararlo antes, aunque están conscientes de que estas medidas podrían ser consideradas xenófobas. Admiten, sí, que con sus dichos el senador peronista dio un empujón: “Abrió una puerta que pocos se animaban a tocar. Y no es políticamente correcto, pero por abajo genera más apoyo que rechazo”, opinaron.
La implementación mediante un decreto, de redacción “avanzada” según las fuentes, aunque resta el análisis de Cancillería por los convenios del Mercosur y que Macri salde la disputa de poder entre Seguridad e Interior, también generará polémica. En ambos ministerios argumentaron que en principio no se modificará la ley de Migraciones, sino que será un cambio en su reglamentación.
Uno de los objetivos principales será “agilizar” los procesos para aplicar el artículo 29, que enumera las “causas impedientes del ingreso y permanencia de los extranjeros” en el país, entre ellas tener antecedentes por delitos graves, presentar documentos falsos o eludir el control migratorio.
Otra de las iniciativas será endurecer las exigencias para los ingresos. “Estamos trabajando en una revisión integral de los procesos para entrar al país”, confirmaron cerca de Frigerio. Una de las medidas en análisis del ministerio dirigido por Patricia Bullrich es implementar cuestionarios más complejos sobre el motivo de la entrada en cuanto a alojamiento, trabajo, estudio o turismo, aunque en Interior contraponen que con los países del Mercosur iría en contra de los acuerdos vigentes.
También buscarían avanzar en convenios con países de la región para compartir información sensible. Cancillería estudia las alternativas. La creación de un fuero especial para agilizar los procesos y una policía migratoria es otro motivo de puja entre los dos ministerios, todavía sin saldar.
