Solo la deuda crece, los demás indicadores caen. Al cumplirse la mitad del mandato presidencial de Maurizio Macrì todos los datos económicos señalan hacia abajo, con la solitaria excepción del endeudamiento externo e interno que no cesa de crecer.
El lunes 19 y el martes 20 pararán por 48 horas los bancarios, en rechazo al aumento del 9% sin cláusula gatillo propuesto por los paritarios patronales, que considerando la inflación proyectada por el Banco Central de 19,4% implica una pérdida de 63.000 pesos por año para cada uno de los 108.000 bancarios, casi 7.000 millones de pesos. También los docentes bonaerenses rechazaron el ofrecimiento del 15% en tres cuotas, sin gatillo y con un bono por presentismo que propone redistribuir recursos dentro mismo de los docentes. El miércoles 21 se movilizarán sobre la avenida 9 de julio las dos CTA, una fracción de la CGT encabezada por el triunviro Juan Carlos Schmid, el sindicato de camioneros de Hugo Moyano, la Corriente Federal en la que milita el bancario Sergio Palazzo y los movimientos sociales que ya se manifestaron en la Plaza de Mayo y en La Plata la semana anterior. El gobierno está empleando sus mejores armas y sus peores artes para disgregar el frente gremial con la idea de presentar la cuestión como un problema de Moyano y mostrarlo aislado. Aún así prevé una asistencia enorme y se consuela con que no tenga conducción política ni proyección estratégica.
Los indicadores negativos de la economía y sus consecuencias sociales explican por qué el gobierno nacional intenta desviar la atención hacia debates ficticios instalados por sus agentes de distracción, como un pueril reportaje al juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Zaffaroni, sobre el que intentan montar un escándalo internacional, o la hipótesis de aflojar todo control sobre el uso de la fuerza por parte de las diversas policías e implantar la pena de muerte. La locuacidad de Zaffaroni suple para los fines del gobierno la discreción con que se está manejando la ex presidente CFK, lo que permitió que se manifestaran otras voces, que incomodan al gobierno porque levantan el velo publicitario y llevan la mirada hacia el callejón económico social sin salida en el que el gobierno se siente atrapado.
No es que esos temas carezcan de importancia, porque entre otras cosas definen la índole de la democracia realmente existente. Pero sirven a los propósitos oficiales como lubricante para la penetración del ajuste. Esta operación no contó con los jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal Rodolfo Pociello Argerich, Mariano González Palazzo y Marcelo Lucini que confirmaron la prisión preventiva del policía modelo de Macrì, aunque modificaron su calificación. Su resolución es muy cauta pero no traspasa los límites de la legalidad sobre los que el presidente quisiera pasar con la misma ligereza con la que trasegaba autopartes y vehículos armados entre Uruguay y la Argentina, eludiendo algunos impuestos y cobrando ciertos reembolsos. El propio Macrì tomó la palabra para comunicar algo tan ostensible como que no entiende a los jueces y algo tan esquemático y falaz como que los policías debían “defendernos a nosotros y no a los asesinos”. También minimizó la proliferación de casos de corrupción que estallan cada semana en su entorno, pretendió que la Oficina Anticorrupción investigaría con independencia al Ejecutivo del que depende y desvanecería esas versiones falsas y se postuló a sí mismo como modelo de transparencia. Nada menos.
La asociación de temas es sugestiva. Mejor creer esas inverosímiles afirmaciones presidenciales, no sea cosa que acuda en su auxilio el hombre de Salta radicado en La Boca Luis Chocobar, como diría Osvaldo Principi, o por qué no los enmascarados de la inteligencia ilegal que por medio del secretario de gobierno de Vicente López, Enio Vittorini, consiguieron una orden judicial en Morón para levantar el secreto fiscal y bancario de la esposa de Hugo Moyano y de los dos hijos de la mujer. En Vicente López gobierna el primo inteligente del presidente, Jorge Macrì. Leyes como la de inteligencia, que prohíbe practicarla sobre los ciudadanos por razones políticas o gremiales en ausencia de un requerimiento judicial, no podían pretender más respeto que los principios generales del derecho, las convenciones internacionales de Derechos Humanos y la Constitución Nacional, avasallados en el caso Chocobar. Lo mejor es permitir que el viento se lleve los globos y apreciar el panorama que dejan a la vista.
El balance de medio término
El lunes 19, el Centro CIFRA creado por Eduardo Basualdo en la CTA, difundirá un balance de la primera mitad del gobierno de Cambiemos según el cual se agravaron los desequilibrios macroeconómicos, se avanzó en la redistribución del ingreso en detrimento de los sectores populares (en especial, por la caída del salario real y el empleo) y se consumió una buena parte del desendeudamiento alcanzado en la década anterior. Bajo estas circunstancias, la economía se torna más dependiente del ciclo de endeudamiento externo que puso en marcha el actual gobierno y mucho más vulnerable frente a las volatilidades internacionales en un escenario mundial complejo.
El equipo de investigación integrado por Mariano Barrera, Ana Laura Fernández, Mariana González y Pablo Manzanelli constata que tras la caída del Producto Interno Bruto en 2016 y el rebote en 2017, el nivel de actividad económica se ubicó en el mismo lugar que en 2015, pero con una tasa de desempleo superior (del 6,5% al 8,7%), una inflación más elevada (27,2% contra 26,5%, medida según el índice que CIFRA compila con información del INDEC y de las provincias) y salarios reales inferiores. En diciembre de 2017 los salarios reales de los trabajadores del sector privado fueron 4,2% menores a los del mismo mes de 2015, en tanto que los del sector público cayeron 6,3% en el mismo período.
Al mismo tiempo, se acentuó considerablemente la brecha externa. El déficit de cuenta corriente trepó a un máximo de 4,9% del PIB, superior al 2,8% del 2015 y a los registros del decenio de 1990. Este drenaje de divisas fue inducido por la avalancha importadora y la fuga de capitales. La combinación de apertura comercial y apreciación cambiaria elevó el déficit de comercio exterior a 8.472 millones de dólares, el más elevado en los últimos 40 años con la única excepción de 1994 (9.510 millones de dólares a valores actuales). La fuga de capitales alcanzó a 19.410 millones de dólares, más del doble de 2015 y arañando los picos de 2008 y 2011, mientras la tasa de inversión cayó del 15,8% al 14,9% entre 2015 y 2017. Este abultado déficit externo no se cubrió con inversiones extranjeras (que fueron escasas en cuanto al ingreso de divisas) sino por el abultado endeudamiento externo del sector público, que llegó al 24,4% del PIB en 2017. Esto es apenas 8 puntos menos que en el momento de la catástrofe de 2001. La falta de suficientes dólares genuinos, generados por la producción local, es el cuello de botella que desencadenó todas las crisis, desde 1952 en adelante.
CIFRA también señala que a pesar del ajuste en el gasto público el déficit fiscal creció, sea cual fuere la metodología utilizada para calcularlo. Con la vigente hasta 2015 el déficit primario entre 2015 y 2017 se incrementó del 1,8% al 2,5% del PIB y el déficit financiero del 3,9% al 5,5%. En 2017, el Ministerio de Hacienda adoptó una nueva metodología que no respeta las recomendaciones internacionales. Aún así, entre 2015 y 2017 el déficit primario ascendió levemente del 3,8% al 3,9% del PIB, pero el déficit financiero se incrementó del 5,2% al 6,1% del PIB, debido al peso de los intereses de la deuda. Esto muestra que el achicamiento en el gasto primario no sólo no compensa el incremento del pago de los intereses, sino tampoco la pérdida de ingresos generada por la reducción de impuestos (retenciones a las exportaciones, disminuciones en el impuesto a las ganancias y a los bienes personales) en un contexto de ingresos extraordinarios por el blanqueo de capitales. “En suma, concluye el informe, no sólo no se resuelven sino que se agravaron los problemas heredados y las causas de ello guardan estrecha relación con la valorización financiera que puso en marcha el gobierno de Cambiemos. La deuda externa y la fuga de capitales son variables intrínsecas a ella, y la vigencia de altas tasas de interés una condición del modelo de la que no se puede salir sin grandes sobresaltos. Es una encerrona auto inducida y que le pone límites estrechos al gobierno en un escenario signado por la activación de los sectores populares, la cual alcanzó un punto muy alto en la oposición al ajuste previsional, que implicó un cambio del estado de ánimo post electoral. El próximo round será la movilización sindical del miércoles 21 y las negociaciones paritarias que se expresarán en el marco de esa relación de fuerzas sociales y de las presiones gubernamentales a la dirigencia sindical. Evidentemente, se trata de una batalla con varios frentes abiertos en un modelo que no cierra”.
Caída y rebote
El discurso oficial machacó con pocos conceptos, como el de la bomba a punto de estallar y la economía argentina que no creció en los cuatro años previos a la ola amarilla. Es cierto que entre 2011 y 2015 la tasa anual de crecimiento fue de apenas el 0,4%. Pero aún así supera al 0,1% anual en los dos primeros años de administración macrista. Esta economía prácticamente estancada entre 2011 y 2017, contrasta con las altas tasas de expansión del período anterior 2003-2011 (6% anual acumulativo).
La lluvia de inversiones
La inversión medida en precios constantes registró un crecimiento relevante en 2017, pero la tasa de inversión sobre el Producto Interno Bruto se mantuvo en el mismo nivel que 2016: por debajo del 15% del PIB en precios corrientes, cuando entre 2012 y 2015 se ubicaba en torno al 16%.
El componente que explica esta caída de la tasa de inversión es la construcción, que cayó del 9,7% al 8,7% del PIB entre 2015 y 2017. En cambio, la inversión en equipo durable se mantiene casi en el mismo nivel. Si sólo se observa 2017, creció la inversión en construcción y cayó la de equipo durable. La excepción fue la inversión en equipo de transporte importado (34,3% interanual), en donde la compra de trenes y vehículos automotores tiene un peso preponderante.
La destrucción de empleo
En 2015 el desempleo fue el más bajo de las última tres décadas: 6,5% de desocupación. Ya con Macrì en 2016 trepó al 8,5% y a pesar de la reactivación del último año llegó al 8,7% en 2017, con 1,1 millones de desocupados en el total de grandes aglomerados urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares, y 1,8 millones cuando se proyecta la cifra al total del país. Lo mismo ocurrió con la tasa de subocupación, que en el promedio anual de 2016 y 2017 llegó al 10,6%, con 1,3 millones de personas subocupadas en los grandes aglomerados urbanos y 2,1 millones en el total del país. Un dato significativo que señala CIFRA es que esto obedeció casi exclusivamente a una caída en el empleo. La tasa de empleo en 2015 era equivalente al 53,9% y descendió al 52,6% en 2016 y 2017, regresando al nivel que tuvo en 2004, doce años antes.
Entre 2015 y 2017 se deberían haber creado unos 440.000 empleos sólo para mantener la tasa de ocupación y evitar su caída, dado el crecimiento demográfico y por ende de la población económicamente activa. Sin embargo, la expansión de los datos al total nacional indica que entre 2015 y 2016 se destruyeron aproximadamente 220.000 empleos y que en 2017 se generó un número apenas menor a esa cifra.
No solo se reduce el empleo sino que también crece la proporción de asalariados no registrados: del 32,7% al 33,8% entre 2015 y 2017. En el tercer trimestre de 2017 trepó al 34,4%, con creciente deterioro en el tipo de ocupaciones. Otra nota en esta edición, de Victoria Basualdo, Julia Strada y Hernán Letcher, analiza la propuesta oficial ante este problema, que consiste en reducir contribuciones patronales, lo cual implica nuevas transferencias de ingresos de los trabajadores a las empresas.
El delito de Rivolión
Este panorama explica la preocupación gubernativa ante la resistencia social manifiesta en las calles y el sesgo represivo del que participan con entusiasmo sectores de la justicia y del Ministerio Público. Con su oposición activa a los despidos, topes paritarios, eliminación de programas, las organizaciones gremiales, sociales y políticas han forzado al gobierno a ir más lento y a obtener resultados más pobres de los que se proponía. Esto es en parte consecuencia del fracaso de los intentos previos por provocar un final caótico del gobierno anterior, como ocurrió con la dictadura, con el alfonsinismo y con la primera alianza y que obró como anestésico para las brutales transferencias de ingresos con el ajuste posterior. El kirchnerismo resistió y las menciones oficiales a la pesada herencia no pasan de un recurso retórico cada día menos efectivo porque la comparación no favorece a Cambiemos.
De ahí el acento de los dispositivos de acción psicológica sobre otras cuestiones en las cuales el empobrecimiento y la desigualdad pueden ser utilizados como justificación de respuestas represivas, cual sucedáneo simbólico de las mejoras económicas prometidas y defraudadas a los sectores populares. También nuevas formas de estigmatización del gobierno anterior y algunas de sus figuras más conocidas pero menos sutiles en sus manifestaciones políticas, como Bonafini, Moreno, D’Elía o Zaffaroni.
Tanto el fiscal de primera instancia Carlos Rívolo como el de Cámara, Germán Moldes, solicitaron a la Cámara Federal que revocara la excarcelación de dos militantes de izquierda, Dimas Ponce y César Arakaki, detenidos durante las protestas del 18 de diciembre en los alrededores del Congreso. Rívolo mantiene las formas de un requerimiento fiscal, Moldes se desborda en un torrente de adjetivos, propios de una diatriba política. Pero ambos solicitan un cambio de calificación, de modo de aplicar a ambos manifestantes el artículo 226 del Código Penal, que tipifica la rebelión y reprime con prisión de cinco a quince años a “los que se alzaren en armas [es decir es un delito plural] para cambiar la Constitución, deponer alguno de los poderes públicos del gobierno nacional, arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporariamente, el libre ejercicio de sus facultades”. La doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia (Fallos 54:432) dice sin ambigüedad que el alzamiento en armas “supone una actividad grupal relativamente organizada que implique una irrupción violenta con uso de la fuerza, por ejemplo ocupación de lugares o edificios, apoderamiento de armas, actos de destrucción o disponiendo de armas aunque no lleguen a emplearse y debe tratarse de una actividad con idoneidad para oponerse a las fuerzas que gobiernan en hostilidad abierta”. Es ostensible su inaplicabilidad a los hechos del 18 de diciembre, por violenta que haya sido la conducta de los imputados. Por salvar este obstáculo, el fiscal Moldes no pudo disimular su enemistad de larga data con el derecho, tal como le había ocurrido a su colega Ricardo Sáenz en el caso Chocobar. La Cámara del Crimen lo interrumpió ya que no había apelado el fallo de primera instancia y sólo estaba dando una opinión personal sobre el rol policial. Moldes no tendrá la misma restricción ya que la sala que tratará el caso de Ponce y Arakaki es la segunda de la Cámara Federal, cuna de la pintoresca doctrina Irurzun por la cual ministros actuales o parientes de los más altos magistrados, como Aranguren, Etchevehere o el primo Angelo Testaferra, no tienen contactos ni poder para obstaculizar una investigación y un ex funcionario técnico como Carlos Zannini sí los tiene y por eso debe estar preso, aunque la máxima pena para el delito que le reprochan es de cumplimiento condicional. Con esta tranquilidad, Rívolo afirmó sin aportar un solo dato para avalarlo que los manifestantes intentaron impedir la sesión del Congreso y Moldes llamó a los imputados “cuadros o tropa de una disciplinada y belicosa milicia dotada de estructura y organización semi-militarizada”. También atribuyó a esa “agresiva caterva”, el “auxilio y la participación orgánica de socorristas, profesionales, comunicadores y supuestas ‘organizaciones sociales’ prevenidas al efecto”, con lo cual abre el abanico acusatorio con la máxima amplitud, bien al estilo del amigo del amigo del amigo que aparecía en una agenda cuando quienes tiraban piedras eran Bullrich y Moldes.
La negociación de Pichetto
Cuando le preguntaron por qué no había asistido al encuentro de la unidad peronista realizado en la UMET, el jefe opoficialista Miguel Pichetto respondió que no lo habían invitado. La misma respuesta dio Hugo Cachorro Godoy, caudillo nacional de ATE, ante una pregunta por su asistencia a la marcha del miércoles 21. Varios gremios de la CTA, incluyendo ATE Capital que desplazó a la conducción de Godoy en la ciudad autónoma, le dedicaron un spot en el que militantes y dirigentes exhiben carteles y recitan o cantan “Yo te invito, Cachorro”. Otro que se borró de la movilización del 21 es Víctor Santamaría, hostigado como Moyano por el gobierno que investiga las cuentas de su sindicato, de sus proveedores y de su familia. Santamaría además edita el diario Página/12¸que la semana pasada ubicó en su tapa un reportaje al jefe de gabinete Marcos Braun Peña, quien repitió los tópicos de la PROpaganda oficial sin admitir repreguntas.
El fiscal general Raúl Plee se reunió con la Defensora General Stella Maris Martínez y en nombre de Pichetto le solicitó la renuncia. Según el experto en lavado de dinero Plee, el líder opoficialista necesita el cargo en abril para negociar un paquete conjunto que incluya la Procuración General, vacante desde la forzada renuncia de Alejandra Gils Carbó, la Defensoría del Pueblo de la Nación, que está a cargo de un subsecretario interino desde 2009 y la Defensoría General que Martínez desempeña con seriedad desde 2006. Ante el reclamo de Plee, Martínez respondió que no renunciaría, que tal vez volviera a pensarlo a fin del año. La gestión de Plee sugiere que se considera en la lista de candidatos a la Procuración. Otras fuentes del gobierno dicen que el gobierno de las multinacionales nunca dejaría ese cargo en manos de un Pleebeyo y que el candidato saldrá de entre los amigos del Procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, ex abogado del Grupo Macri e integrante del Colegio de Abogados de la City of Buenos Aires.
Fuente: El cohete a la luna
