La vocal 2 de la Sala II del Tribunal de Impugnación, María Edith Rodríguez, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la defensa del exintendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo, y ordenó su prisión domiciliaria. La decisión se fundamenta en el delicado estado de salud del condenado, corroborado por una junta médica interdisciplinaria.

La evaluación médica fue realizada el pasado 8 de julio con la participación de profesionales del Servicio Médico del Poder Judicial, el Servicio Penitenciario, un perito de parte de la defensa y una médica designada por la Municipalidad de Campo Quijano. Todos coincidieron en que la permanencia de Cornejo en un establecimiento penitenciario representa un riesgo concreto para su vida, debido a su grave cuadro clínico. El informe también señaló que, pese a las medidas adoptadas previamente por el Juzgado de Ejecución, su condición no mejoró y permanece crítica.

Ante este escenario, la jueza Rodríguez resolvió otorgar la prisión domiciliaria, la cual deberá cumplirse bajo estricta supervisión médica y con monitoreo electrónico a cargo de la Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico (UADME). Asimismo, dispuso que el cumplimiento de esta medida esté condicionado a la presentación de un plan de tratamiento médico y el otorgamiento de caución personal.

La condena por delitos contra la administración pública

Manuel Cornejo fue condenado el pasado año a seis años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua por delitos cometidos durante su gestión como intendente de Campo Quijano. El Tribunal de Juicio, presidido por el juez Guillermo Pereyra, lo halló culpable de tres hechos de peculado y de incumplimiento de los deberes de funcionario público, todos en concurso real.

Además, fue rechazada la nulidad planteada por la defensa respecto al procedimiento del secuestro de bienes ocurrido el 2 de julio de 2020. En la misma causa, Carmen Rosa Méndez fue condenada a tres años de prisión condicional y también a la inhabilitación perpetua por su rol en los delitos.

El proceso judicial se inició tras una denuncia formulada el 28 de enero de 2020 por el actual intendente de Campo Quijano, dando lugar a una investigación que reveló serias irregularidades en el manejo de recursos públicos.

La sentencia, aunque no se encontraba firme al momento de la resolución médica, ya había implicado la retención judicial de bienes que, por orden del juez Pereyra, fueron asignados en carácter de depositario judicial a la Municipalidad de Campo Quijano.

La causa fue impulsada por la fiscal penal de delitos económicos complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, y por el querellante Rodrigo Daniel Palazzo Gutiérrez. La defensa estuvo a cargo de los abogados Fernando Teseyra y Arnaldo Estrada por Cornejo, y Juan Martín Solá Alsina junto a Pablo Tobío por Méndez.

El otorgamiento de la prisión domiciliaria no implica la extinción de la condena, pero sí introduce un nuevo capítulo en la ejecución de la pena, bajo un estricto régimen de vigilancia y cumplimiento médico.